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El Salvador

Corte Suprema alista su resolución por el caso jesuitas

 
 

El máximo tribunal del país, la Corte Suprema de Justicia, está a punto de resolver si procede o no la extradición a España de cuatro militares salvadoreños que han sido acusados del asesinato de cinco sacerdotes españoles en el campus de la Universidad Centroamericana en 1989, durante la guerra civil. Las víctimas del crimen fueron ocho, pero la ley española fue reformada el año pasado de manera que el caso jesuitas, y otros ocurridos en otros países, puedan seguir investigándose solo por las víctimas de nacionalidad española. 

Los militares que fueron detenidos el 5 de febrero son el cabo Ángel Pérez Vásquez, el subsargento José Antonio Ramiro Ávalos Vargas, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, exdirector de la Escuela Militar, y Tomás Zárpate castillo. 

Fuentes de la Corte consultadas por El Faro aseguran que la resolución se conocerá en pocos días y adelantan que los magistrados ya tienen en estudio un proyecto de borrador que declara sin lugar la solicitud de extradición. De confirmarse, el principal argumento para denegar la solicitud española sería que cuando ocurrió la masacre ningún salvadoreño podía ser extraditado, por prohibición expresa en el artículo 28 de la Constitución, posteriormente revisado. Faltan aún debates entre los 15 magistrados de la Corte, pero tres fuentes relacionadas con el estudio del caso descartan la posibilidad de que se resuelva a favor de la extradición. 

La Corte Suprema ha agendado la discusión para el martes 24 de mayo y ya se ha llamado a los magistrados suplentes para que ese día sustituyan a los magistrados Sidney Blanco y Florentín Meléndez, que se excusaron de conocer el caso por conflicto de interés el primero (fue fiscal del caso en el juicio de 1991) o por haber adelantado criterio el segundo.

El Salvador ya negó una vez la extradición de estos cuatro militares en mayo de 2012, pero en enero de este año el juez español Eloy Velasco reiteró las órdenes de captura contra 17 militares salvadoreños valiéndose de cambios en la interpretación constitucional y legal del estatuto de la Interpol, y sobre el significado de las órdenes de captura con notificación roja. 

Entre los militares procesados hay dos grupos: los que fueron fueron detenidos y procesados en 1990 por el crimen pero que fueron amnistiados en 1993, y los que recibieron un sobreseimiento definitivo a su favor en el año 2000 a pesar de una nueva investigación judicial. El sobreseimiento interrumpió la investigación porque un juez consideró que ya había vencido el plazo para investigar el crimen. 

De los 17 militares requeridos, Inocente Orlando Montano es el único que no se encuentra en territorio salvadoreño, ya que guarda prisión en Estados Unidos por fraude migratorio y está a la espera de una extradición a España o una deportación a El Salvador.

Foto de archivo de la misa de cuerpo presente de los sacerdotes jesuitas Ignacio Martín Baró, Joaquín López, Ignacio Ellacuría, Segundo Montes y Amando López en la capilla de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). / Foto del Archivo de la UCA.

Foto de archivo de la misa de cuerpo presente de los sacerdotes jesuitas Ignacio Martín Baró, Joaquín López, Ignacio Ellacuría, Segundo Montes y Amando López en la capilla de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). / Foto del Archivo de la UCA.

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