El Salvador es un Estado de derecho. Se precia de serlo con una constitución en la que se consigna que “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”. Nuestro Estado tiene la obligación de asegurar a todos los que habitan el país la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social, además de todos los demás derechos y deberes que nos reconoce la ley. El Salvador, pues, es un Estado de derecho…
Flor Arely estuvo en coma tres días. El día que recuperó el sentido coincidió con la audiencia judicial inicial de su caso, pero nadie fue a buscarla al hospital para trasladarla al juzgado donde arrancaba un juicio en su contra. Tampoco se le asignó defensor alguno, ni público ni particular que pudiera representarla, que puiera pedir un aplazamiento para una mujer recién salida de coma. La audiencia se llevó a cabo sin que ni ella ni nadie defendiera su inocencia. Flor Arely fue acusada de homicidio agravado. El juez suplente determinó su detención hasta la vista pública (el juicio en el que se dictaría la sentencia). Desde el segundo día en el hospital, aún en coma, esta mujer fue esposada a los barrotes de la cama. De ahí se la llevaron a la cárcel. Era julio de 2015.
Unos días antes, Flor Arely caminó hacia el río cercano a su vivienda. Se había sentido mal y pensó que el agua fresca la ayudaría. De regreso a casa se sintió peorr y se desmayó. Quedó tirada, desangrándose en una zanja dentro de un maizal. Estaba embarazada de unas 25 a 28 semanas.
Como muchas mujeres, Flor Arely es parte del ejercito de pobres de nuestro país. Una de tantas que vive en algún caserío o cantón recóndito y olvidado de servicios y acceso a algo. No pudo aprender a leer ni a escribir. A sus 35 años es madre de cinco hijos, el más grande de 20 años y la más chica de cuatro.
El día que se desmayó fue su hijo mayor quien la encontró. Cuando la vio ya estaba inconsciente. Como pudo la llevó hasta la casa. Junto a uno de sus hermanos buscaron transporte para poder trasladar a su mamá a la unidad de salud más cercana, que no era tan cercana porque el pueblo queda a varias horas de donde viven. Por la gravedad de su estado, la remitieron a urgencias del hospital de Sonsonate. Ahí cayó en coma.
Mientras tanto unos vecinos encontraron en el mismo maizal a un recién nacido. La criatura estaba viva. Llamaron a la PNC y trasladaron al bebé primero a la unidad de salud, luego al hospital de Sonsonate y finalmente al hospital Benjamín Bloom. Fue ingresado a cuidados intensivos, pero no resistió. Murió al tercer día. La causa de la muerte establecida por medicina legal fue inmadurez fetal. Ningún indicio de violencia contra él fue establecido en la autopsia. El bebé estaba aún muy pequeño para vivir sin asistencia.
¿En que estado de derecho ha vivido Flor Arely? ¿Dónde ha estado ese estado de derecho que dice estar organizado para proveerle a ella justicia y seguridad jurídica? ¿Dónde se escondió cuando tuvo que cumplir con la obligación de asegurarle sus derechos fundamentales de libertad, salud, bienestar económico y justicia social?
La fiscalía dijo en un principio que Flor se había provocado un aborto. Más tarde la acusó de haber tratado de matar a su recién nacido. Su defensa es lo que ha dicho desde el principio: tuvo un parto prematuro y, como tal, imprevisto. Un parto prematuro fuera de un hospital, en el campo, provocado por una complicación obstétrica, sin posibilidad de atención médica oportuna y eficaz. Una sentencia de muerte para su bebé y casi para ella.
En este mundo del revés que parece ser El Salvador, Flor Arely no solo ha tenido que aprender a vivir excluida de casi todo. Esta mujer perdió a su bebé por un sistema de salud negligente, fue privada de un adecuado acceso a la justicia y tuvo que pasar nueve meses separada de sus otros hijos. Ahora ese mismo estado, el que tan pocas de sus obligaciones con ella ha cumplido, la enfrenta a una posible condena de entre 30 y 50 años. Voy a repetir: 30 a 50 años de cárcel.
Nuestro país es un lugar horrible para muchos. No solo por los muertos y desaparecidos que cada día engrosan los números a borbotones. El Salvador es de miedo también porque en este país es posible que a muchas mujeres como Flor Arely les pase esto.
El 11 de mayo es la última vista pública de su caso. Una esperanza, una oportunidad para que por fin el estado salvadoreño cumpla con su deber.
*Laura Aguirre es estudiante de doctorado en sociología en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Su tesis, enmarcada dentro de perspectivas feministas críticas, está enfocada en las mujeres migrantes que trabajan en el comercio sexual de la frontera sur de México. Su trabajo también abarca la sexualidad, el cuerpo, la raza, la identidad y la desigualdad social.
