En el último mes ha quedado en evidencia que la relación partido oficial y ANEP es de amigos-enemigos. Por ejemplo, en el discurso del primero de mayo, el presidente Salvador Sánchez Cerén expresó que a diferencia de antes 'El Salvador ya no es una finca donde los grandes empresarios se pueden pasear'. Sin embargo, tan solo unos días después, el sábado 21 de mayo, durante el programa 'casa abierta', el mandatario dijo que “nuestro gobierno busca una relación amigable, una relación de compromiso con el sector empresarial. Porque para sacar adelante al país el sector empresarial es fundamental”.
Más allá de las declaraciones, lo que es trascendente es que se han dado pasos significativos para buscar entendimientos de país entre ANEP y el Gobierno. En lo procedimental la mesa establecida en el local de la empresa privada está bien aspectada: cuenta con delegaciones de las partes que -según han declarado- se reunirán todos los miércoles para llegar a pactos sobre los puntos de una agenda que aprobaron recientemente.
Hoy la relación entre el sector público y el sector privado tiene once reglas que buscan construir confianza para llegar a acuerdos y una agenda de temas transversales y sectoriales relevantes. Entre los temas transversales vale la pena destacar que plantean tocar el tema de seguridad de manera integral, construir una base de acuerdo fiscal y participar junto con otros sectores de la sociedad civil en la construcción de una segunda generación de Acuerdos de Paz.
Abordar el tema de seguridad de manera integral urge, pues cada día aumenta la preocupación acerca de la militarización permanente de la seguridad pública. En 1992 los firmantes de los Acuerdos de Paz nos vanagloriábamos de haber separado las funciones de Policía de las de las Fuerza Armada. Hoy, a la vuelta de casi 25 años, son 8,300 efectivos del ejército los que hacen tareas de seguridad.
Es indispensable separar funciones de policía y ejército. No hay que cansarse de decirlo: los asuntos que tienen que ver con la delincuencia y la violencia deben ser competencia exclusiva de la Policía Nacional Civil. La Fuerza Armada está entrenada para su principal misión que es la defensa nacional, por lo cual no tienen las competencias adecuadas para cumplir funciones de seguridad pública.
Cada vez más son más numerosos los casos denunciados en los que militares, cuando cumplen tareas de seguridad pública, no tienen protocolos para pedir documentos de identidad y hacer capturas. Los militares piensan que todos los jóvenes son delincuentes y cometen un abuso desmedido de poder, violentan principios constitucionales, dado que en la mayoría de casos, cuando detienen a un joven que presuntamente puede o no estar implicado en un hecho delictivo, lo neutralizan con brutalidad.
Construir una base de Acuerdo Fiscal es indispensable para equilibrar las finanzas públicas, reducir el déficit fiscal. El Salvador necesita un acuerdo sobre el monto, origen y destino de los recursos que requiere el Estado para cumplir con sus funciones. Los fondos públicos deben estar sujetos a transparencia y rendición de cuentas para asegurar su buen uso. Hay que buscar este acuerdo sociopolítico donde por un lado se reconozcan las obligaciones del Estado y también la de los ciudadanos tomando en cuenta los derechos de estos. La reciprocidad entre el Estado y los ciudadanos, que se refleja especialmente en la voluntad de pagar impuestos a cambio de servicios suministrados por el Estado, debe aceptarse.
Aprobar una iniciativa nacional de sostenibilidad fiscal es ineludible, así como aprobar programas de modernización del sistema de gasto público y sistema tributario, con la finalidad de garantizar un Estado sostenible, capaz de satisfacer las necesidades de la ciudadanía y el progreso sostenido que la población merece y necesita.
A estas alturas nadie discute la necesidad de concretar acuerdos de paz social que aseguren la gobernabilidad del país. Tener consensos básicos de nación tiene que pasar por definir una visión compartida de país, una reforma constitucional, reformas electorales y económico sociales de tal manera que se pueda asegurar la convivencia social durante largo plazo.
Pero no hay que emocionarse tanto. Mucho de lo que se acuerde en la mesa ANEP-Gobierno no se podrá cumplir si no pasa por una votación en la Asamblea Legislativa, donde lo que manda es la aritmética legislativa. A ningún partido le alcanzan los votos para tener mayoría simple, ni mucho menos los 56 votos para tener mayoría calificada, por lo que la búsqueda de compromisos, pactos y acuerdos entre partidos es indispensable. Deben salir de su empantanamiento.
*Roberto Cañas es docente-investigador universitario, excomandante del FMLN y firmante de los Acuerdos de Paz. Consultor en temas de violencia y seguridad, especialista en análisis de riesgo político y negociaciones y resolución de conflictos, es miembro de Red de Seguridad Triangulo Norte.
