Adam Blackwell es el canadiense alto, rubio y zarco que durante los meses más intensos del proceso que la sociedad salvadoreña terminó llamando la Tregua aparecía junto a Raúl Mijango, Fabio Colindres, Borromeo Henríquez, David Munguía Payés, Carlos Mojica Lechuga… “Soy uno de los arquitectos del proceso”, admite sin pudor ahora que está alejado de las ataduras diplomáticas, en calidad de exsecretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por si alguien aún tenía dudas sobre el involucramiento del primer gobierno del FMLN, Blackwell las despeja todas: la Presidencia de la República contempló el diálogo con las pandillas como opción antes incluso de que Munguía Payés fuera nombrado ministro de Seguridad; y estuvo al tanto de cada paso que se dio para incentivar el cese de hostilidades entre la Mara Salvatrucha y las dos facciones de la 18. Blackwell revela incluso una información hasta ahora desconocida, como que la OEA no se sumó al proceso semanas o meses después de los traslados de los máximos líderes desde el Centro Penal de Seguridad Zacatecoluca, sino que el organismo llevaba meses involucrado, a petición del propio expresidente Mauricio Funes.
Dice: “Yo no he llegado a El Salvador cada dos o tres semanas sin un acuerdo. Es imposible poner en marcha un asunto tan complejo como la Tregua sin que el gobierno sea un participante integral de un asunto de esta naturaleza”.
Pero el grueso de estas revelaciones resultarán novedosas solo para los que todavía creen la versión de que la Tregua fue un estricto arreglo entre pandilleros, y que la Administración Funes se limitó a permitir el ingreso a las cárceles de unos mediadores para que lo incentivaran.
Lo que a Blackwell más le interesa explicitar ahora es su disconformidad con las acusaciones de tipo “político” con las que la Fiscalía ha procesado a 21 personas en el ‘Caso Tregua’, incluido el histriónico Raúl Mijango. “Cuando hay un conflicto y se quiere resolver, ya sea el de Colombia, en Medio Oriente o en África, siempre hay una forma para proteger a los mediadores, para que no puedan ser juzgados ni siquiera en el futuro”, dice.
Blackwell tiene 56 años que serán 57 el próximo 11 de junio, una exitosa carrera diplomática, y vivió en primerísima fila el proceso. A finales del año pasado publicó If the War on Drugs is Over ...Now What?, un libro en el que la Tregua tiene una importancia medular, y cuya versión en español está previsto que se publique en las próximas semanas. Un párrafo que hoy suena premonitorio dice así: “Mi participación y, por extensión, la de la OEA recibió el respaldo de un acuerdo formal que firmamos con el gobierno de El Salvador en 2012. Este acuerdo principalmente nos daba inmunidad política y legal para manejar una operación de este tipo. Desafortunadamente, ni monseñor Colindres ni Raúl Mijango están cubiertos por esta inmunidad. Espero que ningún fiscal general demasiado entusiasta decida enjuiciarlos”.
Sigue pendiente de El Salvador, ¿verdad?
Sigo en contacto con mis amigos salvadoreños, sí.
¿Cómo se ve desde la distancia lo que está ocurriendo en el país en materia de seguridad pública?
Extraño. Un día me toca escuchar presentaciones del padre Boyle [el sacerdote estadounidense Greg Boyle, referente en Los Ángeles en cuanto a programas de inserción de pandilleros] sobre cómo reducir la violencia y no criminalizar a la juventud; y otro día me toca imprimir el requerimiento fiscal de 130 páginas con las acusaciones contra Mijango y las otras 20 personas que trataron de implementar en El Salvador un modelo similar al del padre Boyle. Esto es parte de mi tristeza: saber que hay modelos mundialmente aceptados, pero que en El Salvador no son bien vistos por la polarización, la politiquería… En lugar de impulsar un modelo profesional de resolución de conflictos, algo aplicado con éxito múltiples veces en múltiples lugares, la Fiscalía está encarcelando a los mediadores.
¿¡La Tregua es una réplica de modelos exitosos en otros países!?
Por supuesto, y lo digo porque yo soy uno de los arquitectos del proceso. Durante mi gestión como secretario de Seguridad Multidimensional, la OEA evaluó el sistema de seguridad de El Salvador, con consultas en Colombia, en México, en Estados Unidos... hasta en Inglaterra, en lugares que han tenido que luchar contra bandas criminales. Parte de la Tregua fue documentar, crear procesos paralelos, involucrar a alcaldes, crear un comité técnico con fondos de la Unión Europea… y en todo eso estuvo la OEA. Le gente no sabe de una cena que tuvimos con el nuncio vaticano, Luigi Pezzuto, en la que se habló de la obligación moral de la Iglesia católica de ayudar a facilitar procesos de esta naturaleza. Nadie se acuerda ya de todo esto, y es triste.
El gobierno actual parece más atrincherado que nunca en el manodurismo para afrontar el problema de las maras.
¡Y eso es…! Mire, yo empecé a interesarme de lleno en el país en junio de 2011, cuando San Salvador acogió la Asamblea General de la OEA, bajo el lema ‘Seguridad Ciudadana en las Américas’, y el país acababa de ser nombrado por Naciones Unidas como el más violento del mundo, con una tasa de 69 homicidios por cada 100,000 habitantes. Cinco años más tarde, El Salvador es de nuevo el país más violento del mundo, pero ahora con una tasa de más de 100. No sé qué más tenemos que demostrar. Las estrategias de represión, ya sea en la guerra contra las drogas o contra las pandillas, no funcionan. ¿Cuántos años El Salvador ha estado con tácticas represivas o la situación no solo no mejora, sino que empeora?
En una entrada que publicó en su blog tras la detención de Mijango, usted llama ‘proceso de paz’ a la Tregua. Muy pocos en El Salvador se atreverían hoy a decir algo así.
Siempre hablé de un proceso de pacificación. Siempre. Un proceso que buscaba, primero, frenar el crecimiento de las pandillas, y por eso uno de los puntos que se acordó con los líderes fue respetar las escuelas y frenar el reclutamiento. Segundo, se buscaba mejorar las condiciones de los privados de libertad, pero no lujos ni fiestas, sino respetar las normas mínimas internacionales en los centros penales. El tercer punto era un trato digno a las víctimas. Y el cuarto pilar era la reinserción-reintegración, con un involucramiento de los municipios. El proceso no fue una improvisación, sino algo muy meditado.
¿Por qué hubo tanto ruido alrededor de la Tregua?
Nosotros hicimos reuniones con los alcaldes, con representantes de la sociedad civil, en comunidades, con… y todo muy bien, muy feliz, con insumos excelentes, pero luego parecía como que en El Salvador solo hay blanco o negro. En vez de celebrar que estábamos sacando de circulación cien armas de los pandilleros, empezaban a decir que eran pocas, o que no servían… Yo creo que había intereses en que el proceso no avanzara.
La sociedad, en términos generales, ha celebrado la detención de Mijango.
Cuando hay un conflicto y se quiere resolver, ya sea el de Colombia, en Medio Oriente o en África, siempre hay una forma para proteger a los mediadores, para que no puedan ser juzgados ni siquiera en el futuro. Si un mediador habla con las FARC, es evidente que está hablando con un grupo criminal, con delitos atroces, pero si se quiere superar el conflicto, los mediadores, desde mi punto de vista, siempre deben estar protegidos, salvo acusaciones bien concretas con pruebas concretas de delitos cometidos al margen del papel de mediador.
¿Le sorprende que no haya sido detenido el general Munguía Payés?
O los 11 alcaldes, porque también ellos participaron; o las distintas iglesias que se sumaron; o las personas de las comunidades; o… ¿Por qué estos 21? ¿Por qué no 10 o 55? ¿Por qué no yo?
¿Por qué no el expresidente Mauricio Funes?
Yo no entiendo el propósito de las acusaciones. ¿Qué quiere probar el fiscal general, que había 21 personas que trabajaban en este proceso? ¿Que se se cometían ilícitos en los centros penitenciarios? Evaluaciones del sistema penitenciario las han hecho la Cruz Roja, Estados Unidos, la OEA… e ilícitos en los centros ha habido desde antes de la Tregua, y seguramente los sigue habiendo hoy. ¿Por qué enjuiciar a estas personas? ¿Por qué a Nelson Rauda y no a Rodil Hernández? ¿Por qué no al exdirector de la PNC? No entiendo. Yo creo que el propósito de estas acusaciones es más político que jurídico.
Vayamos a las raíces: ¿cómo se involucró la OEA en el proceso? ¿Quién lo invitó a usted?
Yo empecé a llegar a El Salvador desde junio de 2011, porque durante la Asamblea de la OEA el presidente Funes se mostró muy preocupado por la situación de violencia. No es cierto que intervenimos cuando el proceso ya estaba en marcha.
Para entonces Munguía Payés ni siquiera era ministro de Seguridad Pública.
Todavía estaba Manuel Melgar. Durante la asamblea pedimos al gobierno que nos permitiera hacer una evaluación exhaustiva del sistema nacional de seguridad, para conocer mejor lo que estaba ocurriendo, el porqué de tanto homicidio. Fueron cuatro o cinco meses, y el día que yo viajaba a El Salvador para presentar el informe cambiaron de ministro.
En noviembre de 2011.
Exacto. Hasta que entró Munguía Payés, el Gabinete de Seguridad lo lideraba Hato Hasbún, y él me pidió que no presentara el informe aquella vez, precisamente por el cambio de autoridades. Yo regresé en enero de 2012, si mal no recuerdo, a presentar el documento, que básicamente decía que era necesario buscar alternativas innovadoras, diferentes a las políticas tradicionales de represión que ya habían demostrado que no servían y que tenían las cárceles arriba del 300 % de hacinamiento.
Yo creía que la OEA había sido invitada después de que el gobierno sacó a los líderes de las pandillas de Zacatraz.
No. En enero de 2012 me reuní con el ministro Munguía Payés y con monseñor Colindres. Y en esa época viajaba al país cada dos semanas. Yo sentí que ya había una preocupación para buscar alternativas a los modelos tradicionales, y en febrero supe que se estaban buscando entendimientos entre los líderes de las maras en el penal de Zacatecoluca. ¿Cuándo El Faro lo destapó todo?
El 14 de marzo de 2012.
Esa publicación, lamentablemente, no ayudó. El problema en El Salvador, como decía antes, es que todo es negro o blanco, sin grises, y no se deja trabajar al gobierno porque hay demasiada falta de confianza en las autoridades.
Usted dice: “Dejar trabajar al gobierno”.
Las conversaciones entre los pandilleros fueron muy complicadas. La gente no sabe ni aprecia lo difícil que es juntar en una misma sala a los líderes de dos pandillas que se odian. El ambiente era de odio, más que palpable. Y tratar de plasmar en un papel los cuatro o cinco puntos en los que podían ponerse de acuerdo, y buscar una forma para que ellos pudieran comunicar esos acuerdos a las clicas en la calle, eso fue muy complicado, muy complicado. Yo admito y acepto la culpa de que no teníamos una estrategia comunicacional, ni siquiera hubo una sola voz...
El cuadro que usted dibuja involucra de lleno al gobierno en la Tregua, pero a día de hoy el expresidente Funes aún niega su responsabilidad.
Pero ya hay las pruebas suficientes. Yo, como representante de la OEA, no viajaba en secreto a El Salvador, y lo hice múltiples veces. Yo asumo y entiendo perfectamente la responsabilidad de un funcionario profesional de explicar claramente, sin duplicidades, sin confusión, lo que estaba pasando...
Algo que en este caso no se hizo.
Es una de las más grandes lecciones aprendidas de este proceso de El Salvador, y es algo que están tratando de mejorarlo en Colombia: definir un plan comunicacional, pensarlo bien, nombrar a una sola persona para hablar por el grupo, para evitar confusiones. Eso no lo hicimos en El Salvador, y nos generó problemas. Y admito que también es mi error, pero es completamente inentendible para mí que el gobierno de Funes no lo asumiera, porque era una oportunidad de demostrar liderazgo, de ser un estadista, de tratar de resolver problemas que han consumido 15 o 20 por ciento del PIB del país en los últimos 20 o 25 años.
Hubo unos meses, en la primera mitad de 2013, en los que sí parecía que el expresidente Funes iba a hacerse cargo.
Pero la culpa de lo que sucedió no es solo del presidente Funes. Yo nunca entendí por qué en el gobierno había ministros a favor y ministros en contra, ni por qué en la Iglesia católica había una división tan brutal. No entiendo por qué algo tan importante para el país terminó convertido en un tema de egos. Perdimos una gran oportunidad para el país, Funes perdió una gran oportunidad de ser visto como un estadista, y el país perdió la oportunidad de salir de un conflicto interno brutal; todo por falta de liderazgo, de un estadista.
El gobierno era parte del proceso.
La OEA tenía un acuerdo con el gobierno para ese proceso, firmado por el gobierno. Yo no he llegado a El Salvador cada dos o tres semanas sin un acuerdo. Es imposible poner en marcha un asunto tan complejo como la Tregua sin que el gobierno sea un participante integral de un asunto de esta naturaleza.
Lo irónico o lo trágico, según se mire, es que FMLN y ARENA negociaron en secreto votos con los pandilleros en el tramo final de la Tregua.
Los mareros, sus familias y su entorno son casi el 10 % de la población. Antes, durante y después de la Tregua son votantes que los partidos quieren, y se han convertido en un actor, por supuesto. Los partidos han entrado en conversaciones, ya es imposible que lo nieguen.
Actores que participaron en la Tregua, como Óscar Ortiz o David Munguía Payés, son parte de la actual estrategia manodurista.
Sé que en El Salvador resulta difícil, pero hay que separar la politiquería de la práctica. Yo recuerdo muy bien la primera reunión con los 11 alcaldes de la iniciativa ‘Municipios libres de violencia’; ese encuentro, para el que apartamos una hora, duró tres, porque todos los alcaldes querían exponer sus propuestas para abordar el fenómeno, con ideas excelentes. Como ocurrió en Los Ángeles, en Medellín o en Ciudad Juárez, donde los municipios tomaron el control, con alcaldes involucrados. En aquellas reuniones, el alcalde Óscar Ortiz tenía en Santa Tecla uno de los modelos de trabajo con las pandillas más integrales.
Hoy está al frente de Gabinete de Seguridad que rechaza cualquier tipo de diálogo.
Lo único que yo puedo asumir es que, políticamente, en El Salvador se ganan más votos diciendo que enviarás a más policías, a más soldados. Ofrecer represión da votos, y eso es parte del problema, porque son indicadores del pasado. En lugar de medir cuántas casas comunales se han abierto o cuánto se invierte en víctimas o cuántas casas se construyen, aún se utilizan los indicadores de capturas, de encarcelados, de...
La versión actual del manodurismo incluye ejecuciones extrajudiciales que se cometen con impunidad.
El Salvador tiene que decidir qué tipo de país quiere ser. Es un país muy lindo, con personas muy trabajadoras, con espíritu empresarial, pero con un serio conflicto interno, y alguien tendrá que decidir, con liderazgo, poner fin al combate. Es inaceptable, inaceptable, que un ministro hable de batallones de limpieza social para referirse a los policías [el 20 de abril de 2015 el secretario de Gobernabilidad, Hato Hasbún, dijo que la Fuerza Armada estaba adiestrando a 200 hombres para crear un “batallón de limpieza” contra las maras], y por supuesto que esas cosas no pasan desapercibidas para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La última: ¿siente que mereció la pena involucrarse en la Tregua?
Yo soy optimista. Quiero a El Salvador, y creo que con un nivel de seriedad, un buen liderazgo y el apoyo de la comunidad internacional, sería posible volver a conversar con las pandillas y hallar una forma de parar la violencia.
¿No ve una solución que no pase por el diálogo con las pandillas?
Pueden matar a todos los pandilleros. Si ese es el tipo de país y la reputación en el mundo entero que los salvadoreños quieren para su país, pues adelante, pero no creo que esa sea la solución. Cuando hablamos de los pandilleros, estamos hablando de la juventud salvadoreña, de personas, de seres humanos. Y la idea es reducir los daños, la idea construir una sociedad mejor.
