El ex ministro de Economía del gobierno del ex presidente Francisco Flores (Arena, 1999-2004), Miguel Lacayo, salió favorecido con la venta ilegal de tierras que la cooperativa de la Reforma Agraria Talcualhuya de R.L. le hizo en 2008 a tres sociedades anónimas representadas por el ex funcionario, aseguraron este jueves las autoridades de Agricultura y del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria.
Se trata de una dación en pago de la Hacienda Talcualhuya, ubicada en el municipio de San Juan Opico, La Libertad. Esta hacienda fue liberada con la reforma agraria en 1980 y tiene -o tenía- una extensión de 2 mil 452.53 manzanas, según los archivos del ISTA.
El ministro de Agricultura, Manuel Sevilla, no quiso dar detalles 'para no entorpecer las diligencias de la Fiscalía', y en conferencia de prensa, antes de presentar la demanda, calificó estas entregas de terrenos estatales como “ilegales”.
“Esta es una denuncia por actos arbitrarios de las administraciones anteriores de las presidencias y juntas directivas del ISTA en el otorgamiento de tierras a personas que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley”, dijo Sevilla.
“Concretamente tenemos el caso de la Hacienda Talcualhuya, con una dación en pago ilegal a tres sociedades anónimas representadas por el ex ministro Miguel Lacayo. La transferencia, la dación en pago, no se hizo de acuerdo con lo que la ley establece. Hemos pedido al CNR prevenga si se pide la inscripción de la dación en pago de la transferencia y esperamos que la Fiscalía actúe para revertir la transacción”, agregó el funcionario, quien no dijo en qué forma se soslayó la ley.
Según Sevilla, la transacción denunciada se efectuó en el año 2008, bajo la presidencia de José Armando Zepeda Valle en el ISTA (2007-2009).
El ex ministro Miguel Lacayo dijo a El Faro que no entendía las razones por las cuales las autoridades han frenado un proceso que 'está respaldado por la ley'. Lacayo dijo que entre 2007 y 2008, tres sociedades a las cuales él representa adquirieron un crédito en la banca nacional del cual el deudor era la cooperativa Talcualhuya.
'El crédito se compró por el 100% del valor. Se incribieron las hipotecas que tenían con ese crédito y se compraron también las edificaciones que estaban en esas propiedades. Se hizo la trasnferencia y se entregó el dinero a los cooperativistas', dice Lacayo.
Según el ex ministro, sus representadas ahora tienen los derechos sobre aproximadamente 600 manzanas de terreno luego de una transacción en la banca que él califica como 'legal y legítima'. 'Ahí están todos los expedientes', asegura.
'Si algo bueno queda de esto es que ahora ya me queda claro quién se opone a que esa transacción legal se consume y quede inscrita y se legalice materialmente', dice Lacayo, quien confirma también que todavía no se han inscrito esos terrenos en el Centro Nacional de Registros a favor de sus representadas.
El ex funcionario agregó que sus representadas nunca realizaron ningún trámite ante las ex administraciones del ISTA para salir favorecidas con la entrega final de estos terrenos. El trámite se realizó con la banca, primero, según Lacayo.
Junto a esta denuncia, Sevilla anunció otra contra una empresa a la que se le adjudicó en el Ministerio la venta de unas plantas procesadores de leche para el departamento de Cabañas. “Fuimos estafados, a juicio de este Ministerio, por la empresa que ganó la licitación”, dijo Sevilla, quien no quiso identificar a la empresa denunciada.
El MAG y la nueva administración del ISTA, a cargo de Carla Mabel Alvanés, también acusaron al ex presidente del Instituto, Miguel Tomás López (1999-2007), de haber entregado otros terrenos estatales a terceros, en otras zonas del país, “violando la ley del ISTA”.
“La ley del ISTA es muy clara en decir que se la dará al campesino sin tierra -no a empleados públicos ni a personas cercanas a partidos políticos oficiales de ese entonces- todos los beneficios. (Lo que se hizo) es un acto arbitrario y esos acuerdos fueron tomados en junta directiva”, dijo Alvanés, antes de presentar las otras acusaciones.
Según la funcionaria, los ex funcionarios Miguel Tomas López, José Armando Zepeda Valle, Magdaleno Antonio Guzmán (miembro de la junta directiva y alcalde de Santa Isabel Ishuatán por Arena) son acusados de haber entregado solares del ISTA por un monto de 45 mil 676.41 dólares.
Algunas de estas propiedades del ISTA están en El Obrajuelo (San Miguel), Metalío (Sonsonate), Nahualapa (La Paz), Rancho Tatuano y San Andrés (La Libertad), entre otras. En total, según las autoridades, son 514 inmuebles que no fueron transferidos al sector campesino en las administraciones pasadas.
Esta sería la segunda acusación presentada en menos de un mes contra el ex dirigente del partido Arena Miguel Tomás López por manejos irregulares en la institución que dirigió hasta el 31 de mayo de 2007.
Hace tres semanas, el ministro de Gobernación Humberto Centeno reveló a El Faro que encontró una “malversación de fondos” que involucra al ministerio de Gobernación y al ISTA: “Es una demanda sobre corrupción en el ISTA por 2 millones 636 mil 987 dólares. Es un convenio entre el ministerio de Gobernación y el ISTA, anualmente tienen un promedio de 400 mil dólares. Supuestamente para capacitar a ex veteranos de guerra, de ASVEM, de René Emilio Ponce”, dijo Centeno.
En el documento titulado “Resultados de examen efectuado a los fondos transferidos al ISTA”, elaborado por auditores del Ministerio de Gobernación, se detectó que “... los informes que han sido rendidos por parte del ISTA durante los años 2002, 2007, 2008 y 2009, en los cuales no consta que la población de la zona rural sujeta a este programa haya sido capacitada, pues en ningún informe se ha detallado cuáles son las capacitaciones que se han realizado”. Miguel Tomás López fue presidente del ISTA de 1999 a 2007. Su relevo hasta junio de 2009 fue Zepeda Valle, que ya estaba dentro de la junta directiva de la institución cuando la presidía su antecesor.
Tomás López salió del ISTA en mayo de 2007 en medio de una investigación que realizaba la Secretaría Jurídica de la presidencia por los casos de parcelaciones de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) entre el año 2000 y 2005 que fueron entregadas de forma irregular a simpatizantes del partido Arena y a un familiar del ex funcionario.
El Faro publicó el 12 de marzo de 2007 que López, quien fungía para ese entonces como director ejecutivo de Arena, había autorizado la parcelación de las ANPs de La Joya y Tehuacán-León de Piedra, en San Vicente, con lo que favoreció a su tío Luis Rolando López Fortis y a simpatizantes de Arena.
Estos dos casos, junto a otros tres de parcelaciones en las ANPs San Diego La Barra (Metapán) Talcualhuya (la misma que hoy se denuncia por otro acto) y Taquillo (ambas en La Libertad) fueron investigados por la Dirección de Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente a solicitud del ex ministro del ramo, Hugo Barrera (2004-2006). El ex presidente Antonio Saca, que ordenó investigar estas transferencias a su secretario jurídico, Luis Mario Rodríguez, nunca reveló qué arrojó dicha investigación ni si esta se concluyó.
Solo en el caso de las ANPs, El Faro reveló que esta institución parceló entre -1990 y 2007- 23 terrenos estatales destinados por ley para la conservación de su hábitat.
