El presidente de la República, Mauricio Funes, anunció este martes un plan de carácter excepcional con el cual por primera vez el gobierno utilizará a la Fuerza Armada en tareas que hasta ahora habían estado reservadas para la Policía Nacional Civil, como son patrullajes, registros y requisas a personas particulares.
El plan comenzará a ejecutarse este viernes y abarcará cinco departamentos de El Salvador.
Los elementos de la Fuerza Armada –el mandatario no quiso dar números, pero dijo que estos oscilarían entre los mil 300 que ya apoyan a la PNC, y los 6 mil 500 ofrecidos por el ministro de Defensa hace varias semanas- saldrán a las calles a patrullar, a hacer registros y requisas a personas particulares y vehículos, así como a ofrecer seguridad perimetral en las penitenciarías y centros de readaptación de menores.
El ejército, añadió Funes, también tendrá presencia en los puntos ciegos de las fronteras del país y estará a la orden de la policía para ofrecer apoyo marítimo, aéreo y terrestre. Los efectivos del ejército podrán hacer capturas en flagrancia con la obligación de presentar a los detenidos a las Policía, y deberán rendir informes de sus labores de patrullaje.
Hasta ahora, los militares se han limitado a acompañar a la Policía en patrullajes y retenes. Los acuerdos de paz de 1992 le quitaron a la Fuerza Armada la responsabilidad en el manejo de la seguridad pública del país. El incremento en las tasas de homicidios y extorsiones, sin embargo, han llevado al Ejecutivo y a diputados de distintos partidos a valorar la posibilidad de recurrir al ejército para mejorar la efectividad en la lucha contra el crimen. “Habrá un aumento en el número de efectivos militares y de recursos de la Fuerza Armada que estarán a disposición de la Policía Nacional Civil”, dijo Funes, en rueda de prensa ofrecida desde Casa Presidencial.
El despliegue de la fuerza militar iniciará este viernes seis de noviembre y estará enfocado en los cinco departamentos con mayores índices delincuenciales y de violencia: San Salvador, San Miguel, Santa Ana, La Libertad y Sonsonate.
En un contexto en el que la violencia y los homicidios están al alza –solo octubre de este año cerró con 460 homicidios- este plan se convierte en la primera apuesta de peso del Ejecutivo contra la delincuencia. Hasta la fecha, el primer gobierno de izquierda todavía no presenta una política de seguridad pública a la nación y las autoridades de seguridad y justicia –como de la Policía Nacional Civil- solo han presentado planes parciales para reforzar a la corporación policial con más incentivos para que hagan un mejor trabajo contra la delincuencia.
Según Funes, en 180 días el ejecutivo rendirá un informe a la Asamblea Legislativa de los logros obtenidos con este plan y de ahí se recogerán insumos para valorar o no continuar con el apoyo de la Fuerza Armada.
La iniciativa que se anunció fue discutida durante tres semanas por los ministros de Seguridad y Defensa (Manuel Melgar y David Munguía Payés, respectivamente) antes de llegar a Funes para su aprobación. En esas discusiones también participó el director de la corporación policial, Carlos Ascencio. Según el Ejecutivo, el artículo 168 –numerales 11,12 y 17- de la Constitución faculta al presidente de la República de hacer este uso excepcional de la Fuerza Armada para labores de seguridad.
“Aprobé la ampliación del apoyo de las Fuerzas Armadas de El Salvador a la Policía Nacional Civil de modo de garantizar el orden, la paz interna y la seguridad ciudadana”, defendió Funes.
