El cafetalero Antonio Salaverría consiguió que un juzgado admitiera una segunda demanda contra el banco HSBC, esta vez por 22.7 millones de dólares, en medio de un litigio originado en un crédito que desembocó en embargos contra el empresario. Salaverría, ex presidente del partido Arena, acusa al banco internacional de “insanas y malas prácticas bancarias y abusos y excesos en su licencia para actuar”.
El 18 de noviembre pasado, el juzgado quinto de lo mercantil había admitido ya una primera demanda, en la que se acusaba al banco de incumplimiento de contrato, por el mismo monto que la que fue admitida este lunes. Salaverría, quien además fue presidente de Arena en 2003, asegura que el consorcio bancario actuó de mala fe en su contra y que intentó perjudicar su negocio de producción y exportación de café.
En 2008, HSBC inició un proceso de embargo contra el beneficio de café de Salaverría, que era el segundo productor más grande de El Salvador. La empresa de Salaverría representaba el 15% del mercado nacional.
Un año antes, este banco, en conjunto con Banco Cuscatlán (ahora Citibank) y Banco Hipotecario formaron un consorcio que se comprometió legalmente a financiar las actividades agrícolas y de exportación de Salaverría. La cláusula 4 de ese contrato establecía que ninguno de los bancos podría entablar acciones legales contra Salaverría si no contaba con la anuencia de al menos una de las otras dos instituciones; sin embargo, HSBC no gozó del respaldo de los otros miembros del consorcio y, pese a ello, decidió embargar al cafetalero.
A parte de las dos demandas que la sociedad José Antonio Salaverría S.A de C.V. ha entablado contra el banco, hay una tercera que el empresario ha interpuesto como persona natural por daños a la imagen. Esta aún está en espera de ser admitida en el juzgado segundo de lo civil y tiene un valor de 45.4 millones de dólares.
En conjunto, las tres demandas suman más de 91 millones de dólares. El Faro intentó comunicarse con Eduardo Chacón, gerente de mercadeo y comunicaciones de la institución, pero no fue posible. Anteriormente Chacón había comunicado a este periódico que es política institucional no hacer comentarios sobre casos que estén en litigio.
