El gobierno español aprobó este viernes un controvertido plan antipiratería que permitirá cerrar, mediante un procedimiento judicial urgente, las páginas de internet que ofrezcan descargas ilegales de música o películas.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, explicó que el proyecto incluirá la creación de un grupo de expertos, bautizado como la Comisión de Propiedad Intelectual, que se encargará de recibir las quejas de la industria del entretenimiento y particulares.
Esta comisión, la cual dependerá del Ministerio de Cultura, enviará los expedientes de páginas de descargas que considere ilegales a un juez, que tendrá cuatro días para escuchar a las partes y decidir si cierra o no el sitio.
'El gobierno ha trabajado siempre con el espíritu de armonizar derechos e intereses vinculados a la red y la propiedad intelectual sin vacíos legales y sin indefensiones', dijo la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, al término de la reunión semanal del gabinete.
La medida, rechazada por las asociaciones de internautas, todavía debe ser refrendada por las cámaras legislativas y pretende responder a las reclamaciones de la industria y del mundo de la cultura, que aseguran estar perdiendo millones de dólares en derechos de propiedad intelectual y ventas por culpa de la piratería en internet.
Hasta el momento, la descarga de material sometido a derechos de autor en España era ilegal, pero no un delito y los tribunales rechazaban repetidamente denuncias a no ser que mediase un fin comercial.
La asociación de casas discográficas españolas, Promusicae, aseguró haber perdido 1 mil 600 millones de dólares entre 2007 y 2008 debido a la piratería.
Con la nueva regulación, los artistas y la industria podrán acudir directamente a la llamada Comisión de Propiedad Intelectual si consideran que un sitio de descargas P2P (Peer to Peer o de intercambio de archivos) está infringiendo las leyes.
El grupo de expertos escuchará las acusaciones de los propietarios e incluso les dará la oportunidad de retirar el contenido supuestamente ilegal. Si la comisión no queda satisfecha con la respuesta, tendrá la potestad de llevar el caso al juez para decidir.
Sin embargo, los principales grupos de internautas se mostraron muy decepcionados con el plan e inundaron la red de mensajes contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, a la que responsabilizan del proyecto.
En las redes sociales Facebook y Twitter, centenares de personas dejaron patente su malestar con la ministra, a la que acusaron en sus mensajes de limitar la libertad de expresión y de acabar con las redes P2P.
González-Sinde, quien es guionista de cine, definió la propuesta como 'equilibrada' y dijo que ningún usuario debe estar 'preocupado o molesto' con estas medidas. 'La libertad de expresión e información en la red quedarán garantizadas', dijo González-Sinde en una comparecencia de prensa. 'Se trata de erradicar las prácticas ilegales de empresas y páginas que se lucran con la explotación de las obras ajenas'.
