El mismo día que el presidente Mauricio Funes defendió la contratación directa de la empresa de publicidad de su amigo y asesor Joao Santana para que maneje la publicidad de la mayoría de instituciones del Ejecutivo, el superintendente de Competencia, José Enrique Argumedo, abrió una investigación para determinar si la decisión del Ejecutivo cumple la Ley de competencia.
Según la Superintendencia, la decisión del Ejecutivo, revelada por El Faro la semana pasada, da motivos para pensar que podría estarse atentando contra la igualdad de oportunidades, y una de las tareas de la institución es promover la competencia.
En el caso, abierto de oficio, se recorrerán dos caminos: determinar si se viola la libre competencia de las empresas de publicidad para acceder al mercado publicitario gubernamental, y si es la Superintendencia la entidad encargada para determinar algún fallo contra la decisión del Ejecutivo.
“Es un tema que nos interesó como para abrir investigaciones. Con esto no quiere decir que afecta o no la Ley de competencia. Vamos a investigar y a informar de nuestros hallazgos”, dijo Argumedo a El Faro, al hablar sobre la publicación.
12 instituciones del gobierno central, incluida la Presidencia de la República, emitieron en diciembre un acuerdo conjunto para otorgar a Polistepeque S.A. de C.V. la pauta publicitaria de la mayoría de instituciones del Órgano Ejecutivo. Ese mismo mes, la directora de publicidad de Casa Presidencial, Patricia Zablah, firmó contratos de precompra de publicidad en medios de comunicación para más de 27 oficinas adscritas a la Presidencia. Esas precompras ascienden a $4.18 millones de dólares; y según defendió el presidente Funes este martes 12, la empresa encargada de llevar la publicidad gubernamental es la referida Polistepeque.
Funes, quien argumentó que Polistepeque es la “única” agencia en el país con la calidad y la experiencia que requiere el gobierno para manejar su publicidad, también utilizo términos como “confianza” para autorizar que una sola agencia sea contratada de forma directa, sin pasar por una licitación pública. El Ejecutivo asegura que realizó un monitoreo en el país que los llevó a determinar que no hay otra agencia en el país con las credenciales de la recién creada agencia de origen brasileño y por lo tanto procedió a una contratación directa. Ese estudio, sin embargo, no se ha hecho público. Polistepeque fue registrada el 7 de julio de 2009, apenas un mes después de que Funes juramentara como presidente de El Salvador.
Según Argumedo, de comprobarse que el Ejecutivo atentó contra la Ley de competencia, esto sentaría un precedente, pues no existen registros de casos en donde sea el Estado el que afecte la libre competencia entre las empresas.
Publicistas califican de “ilegal” decisión de Funes
La Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad (ASAP) considera que la decisión del Ejecutivo afecta la libre competencia de las más de 20 agencias de publicidad que existen en el país y calificó de “ilegal” la contratación directa de Polistepeque S.A. de C.V.
Raúl Contreras, presidente del gremio, dijo que la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) permite la contratación directa, pero que esta solo opera en casos de “excepcionalidad”, cuando no existen en el mercado los ofertantes que las instituciones públicas necesitan.
“Y en este caso sí existen. Una cosa es que el presidente argumente que no tiene confianza en las agencias del país, que abogue por decisiones políticas, pero otra es que pase por encima de la ley. No es cierto que Polistepeque sea la única agencia capaz, con recursos creativos y de producción en el país”, dijo Contreras, en alusión al argumento legal con el cual el Ejecutivo sustentó el acuerdo: el artículo 72 de la ley LACAP.
Ese punto establece las condiciones en las cuáles el argumento del gobierno sería válido: “El procedimiento de la contratación directa sólo podrá acordarse al concurrir alguna de las situaciones siguientes: a) Si así lo exigiere la protección de los derechos de propiedad industrial o intelectual, tales como patentes, derechos de autor u otros semejantes, cuando haya una sola fuente o cuando la especialidad profesional, técnica o artística objeto de las obligaciones contractuales no permita promover una licitación”, reza la normativa.
Sherman Calvo, presidente de la agencia APEX BBDO y secretario de la ASAP, deslegitimó el supuesto estudio que dice tener el Ejecutivo para argumentar la decisión vía LACAP, y puso en tela de juicio el argumento de la “experiencia” y “trayectoria” de la empresa contratada.
“A ninguna de las agencias agremiadas, que son 20, ni a las no agremiadas, que sumarán cuatro, la Presidencia las visitó para realizar un estudio de sus características y recursos de producción. La Presidencia está pasando por alto los 70 años de trayectoria de la industria de publicidad del país y de todos los reconocimientos nacionales como internacionales con los que cuenta. Es absurdo que se diga que una empresa recién creada, sin ninguna trayectoria en manejo de cuentas de gobierno, tenga mejores credenciales que cualquiera de las agencias que ya están instaladas y que sí tienen experiencia en este campo de la publicidad”, dijo.
Contreras y Calvo calificaron como “sin precedentes” la decisión y la descalificación que el gobierno y el mismo presidente Funes han hecho de los publicistas salvadoreños. “En mi empresa yo tengo una cartera de clientes, y a ellos el presidente les está diciendo que mi empresa no sirve, que solo hay una empresa en el país capaz de hacer publicidad. Eso no es ético. No es justo. Exigimos respeto”, dijo Contreras, de Rivera y Rivera.
El gremio también contradijo a Funes en su argumento de 'austeridad' en la pauta publicitaria gubernamental. Según los publicistas, el gobierno eroga anualmente entre 15 y 25 millones de dólares en el pago total de publicidad, incluidas la producción y la colocación de pauta en medios. 'Le puedo asegurar que no es cierto que vayan a gastar solo 4.18 millones', dijo Raúl Contreras, en referencia a la 'precompra' de espacio que el Ejecutivo ya hizo con ocho medios de comunicación. A la fecha, Casa Presidencial no ha respondido cuánto le cuesta a la población pagar la publicidad del Ejecutivo.
La ASAP exigió a Funes que “reconozca la ilegalidad” de la resolución, que la deje sin efecto y que abra nuevas licitaciones que permitan la participación del resto de empresas. La ASAP ni ninguna de sus agencias agremiadas ha decidido entablar una denuncia ni en la Superintendencia de Competencia, ni en a Fiscalía ni en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia contra el Ejecutivo.
