México, febrero 24. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció la intolerancia política, la hostilidad frente a la oposición al gobierno y la violencia contra sindicalistas, mujeres y campesinos en Venezuela, en un informe conocido este miércoles.
En su extenso informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, emitido por la CIDH en Washington y difundido por correo electrónico, se denunció asimismo 'la impunidad en la que se encuentran los casos de violaciones a los derechos humanos'.
En su informe —que fue rechazado de inmediato por el gobierno venezolano—, la CIDH dijo que 'se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política'.
Determinó además 'la existencia de un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas de su libertad, los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres'.
Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, la CIDH pudo comprobar entre otros logros del Estado, la erradicación del analfabetismo, la reducción de la pobreza y el mayor acceso de sectores más vulnerables a la salud y otros servicios básicos.
En cambio, denunció que existen 'falencias' en cuanto a derechos sindicales, así como en relación al derecho de los pueblos indígenas a su territorio.
'En aras de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela no puede sacrificarse la vigencia de otros derechos fundamentales. Los derechos humanos constituyen un todo indisoluble', dijo la CIDH.
Como conclusión del informe, la CIDH sostuvo que 'la impunidad en la que se encuentran los casos de violaciones a los derechos humanos, (...) contribuye al debilitamiento del estado de derecho y la democracia en Venezuela y ha tenido como consecuencia serias restricciones al pleno goce de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana'.
La Comisión destacó que no pudo realizar una visita de observación a Venezuela 'debido a la negativa del gobierno a otorgar su anuencia'.
El hecho de que hasta la fecha el Estado se haya negado a permitir una visita de la CIDH no sólo afecta las facultades asignadas a la Comisión como órgano principal de la OEA para la promoción y protección de los derechos humanos, sino que debilita seriamente el sistema de protección colectivo creado por los Estados miembros de la Organización', acotó el informe.
El representante venezolano ante la CIDH, Germán Saltrón, desestimó el informe. Saltrón dijo a la emisora local Unión Radio que la CIDH basó sus investigaciones en denuncias presentadas por organizaciones no gubernamentales 'cuyas únicas pruebas son reseñas de los medios de comunicación que, como todos sabemos en Venezuela, la mayoría está en contra del presidente Chávez'.
Añadió que la CIDH 'apoyó el golpe de Estado' contra Chávez en 2002, 'y mientras no reconozca su error (...) no volverá más a Venezuela'.
La directora de la organización local Comité de Familiares de las Víctimas del 27 y 28 de febrero de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega, afirmó que el informe de la CIDH 'tiene el valor de revelar una situación que se ha ido agudizando progresivamente y en eso la Comisión hace un aporte fundamental luego de su visita a Venezuela en 2002 y de su informe de 2003'. El Estado venezolano 'no tiene legitimidad para desmentir o para rechazar la información que produce la Comisión Interamericana porque no le permite venir a Venezuela', dijo Ortega a la AP.
Ortega agregó que en las 44 audiencias que hizo la Comisión para elaborar el informe 'ha participado el Estado venezolano llevando información', y que por lo tanto las autoridades locales no pueden desestimar la evaluación.
