Un informe de la Asamblea Legislativa revela que de los 150 millones de dólares que a mediados de noviembre se reorientaron para atender la emergencia provocada por las lluvias, solo 5.5 se habían utilizado al terminar diciembre.
El estudio, preparado por la Unidad de Análisis y Seguimiento del Presupuesto (UASP) para la Comisión de Hacienda, muestra el desempeño del gobierno en la utilización de los fondos para la emergencia por el huracán Ida, y analiza el uso de los presupuestos de inversión de las instituciones del gobierno durante 2009.
De los 150 millones, según el informe basado en datos del Ministerio de Hacienda, se transfirió a varias instituciones un monto de 17.1 millones de dólares para atender las necesidades más apremiantes, pero hasta el fin de año solo habían gastado 5.5 millones.
“Existen algunas discrepancias respecto a su ejecución debido a que el Ministerio de Hacienda le reconoce a las instituciones un monto de 17.1 millones de dólares, mientras y solo se han ejecutado según los datos facilitados por las instituciones 5.5 millones de dólares, exponiéndose la necesidad de que se explique con qué otros recursos se atendió la emergencia del huracán”, dice el documento, que será insumo de análisis para los legisladores.
Cuando Ida provocó 200 muertos y millonarias pérdidas en infraestructura y en el rubro agropecuario entre el 7 y 8 de noviembre, la Asamblea le cumplió al Ejecutivo un pedido de provisión de fondos para atender la urgencia. Los diputados solamente dispusieron que un equipo legislativo iba a vigilar el uso de los fondos.
El próximo lunes discutirán estos hallazgos, que a algunos legisladores de antemano les resultan una evidencia de deficiente ejecución. Hacienda ha distribuido 17.1 millones de dólares entre el Viceministerio de Vivienda, la Administración Nacional de Aceductos y Alcantarillados, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Ministerio de Obras Públicas, pero la inversión conjunta que estas seis oficinas reportaban hasta diciembre apenas llegaba a 5.5 millones.
Un diputado del FMLN, Igmar Reyes, cree que la cifra evidencia un atasco cuando es importante hacer algo para asegurar que la inversión llegue lo más pronto posible a las comunidades afectadas. “Puede que el cuello de botella esté en Secretaría Técnica de la Presidencia”, dice, sin dar detalles.
El diputado Douglas Avilés, de Cambio Democrático, interpreta que el atraso puede deberse a que no todos esos recursos significan atención inmediata, pues los 150 millones estaban destinadas para reparación de puentes y edificaciones, lo cual lleva tiempo y por tanto el nivel de ejecución es razonable. Sin embargo, dice, “puede existir un problema o hay dinero atrapado de los 17.1 millones de dólares” que ya distribuyó Hacienda. “Nosotros queremos cotejar los datos, porque es posible que la información recolectada (por la UASP) no esté completa”.
Seguridad solo invirtió 7.6% de lo autorizado
El estudio también revela que en 2009, año de cambio de gobierno y año récord en asesinatos, el Ministerio de Seguridad gastó apenas 3.7 millones de dólares de los 48.8 millones del presupuesto para inversión que le había aprobado la Asamblea Legislativa.
Este ramo solo pudo gastar un 7.6% de lo disponible para inversión, en un año en que la Policía Nacional Civil soportó crisis como la falta de recursos para pagar la alimentación de sus agentes y el pago de locales, a la vez que enfrentaba el año más violento desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.
Los datos se refieren nada más a los fondos destinados a invertir en desarrollo o infraestructura, y no al dinero para gastos de funcionamiento y remuneraciones.
Dentro de la sombrilla de Seguridad Pública, la misma PNC -que es una de 32 instituciones analizadas- solo alcanzó a ejecutar un 30% de su presupuesto el año pasado. El documento, titulado 'Informe económico y presupuestario al mes de diciembre' es la respuesta a una petición de la Comisión de Hacienda, fechado 1 de febrero de 2010, basado en datos del Ministerio de Hacienda. “(El presupuesto tiene) un desfase del 32% del total de la inversión programada, mostrando un incumplimiento de metas que justifican la disminución de la actividad económica relacionada”, dice.
La PNC tenía aprobados 29.5 millones de dólares y solo ejecutó un poco más de 9 millones, según el estudio. El mismo informe da alguna luz sobre algunos factores que pudieran explicar esta deficiencia: que la inversión dependía de los fideicomisos de paz y seguridad. El Estado tuvo problemas para vender los fideicomisos y no obtuvo el dinero que buscaba para financiar el área de seguridad.
El informe ya está en manos de los diputados de la Comisión de Hacienda, y aunque no acusa a responsables específicos, los legisladores lo interpretan en tono de queja. Avilés, por ejemplo, afirma que el problema es persistente en los últimos años. “Puede ser burocracia, negligencia u otras causas que impiden que no se ejecute el dinero”, dice.
Para la diputada Milena Calderón, de Arena, “es una clara deficiencia en las unidades de cada institución, porque la gente está expectante de que ese dinero sea ejecutado, que llegue a los proyectos que benefician a las comunidades”.
Y si hay instituciones del gobierno que muestran deficiencias para gastar lo autorizado por la Asamblea, también las hay que incluso gastan más que lo presupuestado. Una institución que gasta más de lo planificado cada año es la Presidencia de la República, que durante los últimos ejercicios gastó casi el doble de los presupuestos autorizados, gracias a que los 'ahorros' en otras instituciones de gobierno se podían transferir a la Presidencia sin consultar con el parlamento.
Esto ocurrió justo el año pasado, cuando la Asamblea aprobó en principio un presupuesto de 58. 5 millones de dólares, plan que luego fue aumentado en 46.3 millones. Es decir que la presidencia estaba autorizada a gastar 108.3 millones. Según el reporte de la UASP, dicha institución dejo solo 6.6 millones de dólares sin ejecutar.
En palabras de la Unidad que realizó el estudio, “existen varias instituciones que muestran desfases por problemas de gestión, administración y procesos de licitación.” “Se observa que todas las instituciones sufren retrasos en la ejecución de sus proyectos, entre ellos la CEL, ANDA y CEPA; pero en el caso de los ramos el de Seguridad Pública, Educación y Salud muestran retrasos en la ejecución de sus proyectos de inversión, debido a que la mayoría dependían de los fideicomisos, los cuales fueron modificados a mediados del año 2009”, explica el documento.
En 2009, la inversión ejecutada fue de 539.6 millones de dólares y los retrasos que subraya el estudio “se relacionan con proyectos de gran tamaño como es la carretera longitudinal de la zona norte, las presas hidroeléctricas del Cimarrón y el Chaparral, los cuales tienen asegurado el financiamiento.
“Nosotros hemos sido siempre muy críticos con los niveles de eficiencia para ejecutar los presupuestos”, reconoce el diputado del FMLN Igmar Reyes, quien, al igual que el diputado de CD asegura que tras dicho estudio hay una dispocisión de buscar medidas para que las instituciones cumplan las metas del plan de gastos que aprueba la Asamblea Legislativa cada año.
El Faro pidió al Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Técnica sus explicaciones a las cifras del informe, pero cuando se cerró esta nota, no habían respondido.
