Monseñor Romero en una pared en Mejicanos. Foto Mauro Arias
Funes presidió el concierto de 15 agrupaciones que se organizó para conmemorar el aniversario de la muerte de quien según el presidente es su referente. Durante su intervención, en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), de San Salvador, el gobernante se abstuvo de mencionar una palabra sobre la investigación del asesinato ocurrido el 24 de marzo de 1980, que quedó en la impunidad.
Durante su discurso, Funes adelantó que el próximo 24 de marzo, volverá a pedir perdón en nombre del Estado salvadoreño, por las violaciones a los derechos humanos y los abusos cometidos durante la pasada guerra civil. “Pediré perdón por este magnicidio y por los miles y miles de víctimas inocentes del pasado conflicto”, dijo. El 16 de enero pasado, con motivo de los 18 años de la firma de la paz, ya había pedido perdón a las víctimas. El mandatario aseguró que Romero fue, es y será el guía espiritual de la nación y el referente más importante de su gobierno.
Para el presidente de la República, los diferentes actos organizados por su gobierno serán una forma de acercar la obra del arzobispo con la población salvadoreña. “A 30 años del martirio del guía espiritual de la nación, el Estado salvadoreño, por mi intermedio, rinde homenaje a monseñor Óscar Arnulfo Romero”, dijo Funes y recibió un aplauso nutrido en el auditorio del Cifco.
Haciendo referencia a lo que llamó tiempo de cambio y reconciliación en el país, evitó hablar de culpables en el asesinato de Romero. “Si recordamos y honramos la memoria de Romero no podemos ni debemos, en su nombre, atacar a quienes lo atacaron en vida, a quienes segaron su vida y, mucho menos, podríamos clamar por venganza”, dijo, sin hacer explícito a qué se refería con venganza.
Desde la campaña electoral, cuando era candidato presidencial, Funes adelantó que en el tema de los derechos humanos, y específicamente en el de la Ley de amnistía de 1993, él iba a moverse con extrema prudencia. A tal punto que siempre dejó claro que no iba a tomar la iniciativa de abolir esa normativa, que es a la que se ha aferrado el Estado salvadoreño para no investigar las violaciones a derechos humanos y homicidios como el de monseñor Romero o el de los sacerdotes jesuitas.
Según Funes -y en esto parafrasea el discurso de los presidentes del partido Arena que en su momento se negaron a impulsar la derogación de la ley-, revocar la amnistía reabriría heridas y el país no está preparado para resistirlo.
Sin embargo, El Salvador tiene la obligación de atender las recomendaciones del sistema interamericano de derechos humanos, que ya ha reiterado su petición de que se derogue la Ley de amnistía de 1993 y de que se investigue a los autores intelectuales y materiales del asesinato de Romero.
Entre todas las actividades programadas en el homenaje a monseñor Romero, el Ejecutivo no prevé ninguna acción directa que pueda finalizar en una investigación completa e imparcial sobre el caso y que derive en el juzgamiento de los autores. Ese sería el primer paso para cumplir con una de las tres recomendaciones hechas en 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El gobierno de Funes sentó su posición sobre el tema a inicios de noviembre de 2009, cuando recordó a la Comisión que el Ejecutivo no puede obligar a la Fiscalía a investigar el caso, ni a la Asamblea Legislativa a derogar la ley. No obstante, los miembros de la Comisión, a cargo de la audiencia, presionaron al representante salvadoreño, David Morales, director de derechos humanos de la Cancillería, en favor de un compromiso. Así fue como Morales accedió a dar un par de pasos: que iban a platicar con la Fiscalía y con la Asamblea para explorar las posibilidades de atender la obligación de investigar el crimen y de derogar la ley.
Ese 7 de junio, El Salvador se comprometió además a que en un plazo de un mes iba a rendir un informe a la CIDH sobre las gestiones. Cuatro meses después, Morales reconoce que no hay buenas noticias. “Ha habido intercambios de comunicación pero, hasta el momento, no tenemos avances significativos”.
¿Cuándo se va a investigar el caso? “Esperaríamos que esta agenda pueda avanzar en este año y que el contexto del 30 aniversario del martirio de monseñor Romero nos sirva como un contexto nacional favorable para ir superando estos incumplimientos”, dijo el funcionario, quien antes de asumir la dirección de derechos humanos de Cancillería estuvo relacionado directamente con la investigación del asesinato, pues trabajó con Tutela Legal de Arzobispado.
¿Cuándo se podrá juzgar a los autores materiales e intelectuales? “Es una pregunta de la cual no tenemos la respuesta. No la tengo yo; pero que creo que tampoco la tiene nadie en el Ejecutivo, ni el señor presidente. Es una pregunta que deberá de responder el sistema de justicia de El Salvador y especialmente el fiscal general”, dijo Morales.
Lo que sí tuvo cabida en las palabras de Funes fue el hacerse de la figura de Romero como una marca registrada para él y su gabinete. Lo dijo él, asegurando que la prédica a favor de los desposeídos y los excluidos que hacía Romero hace 30 años era la guía de su gobierno. Ese concepto también estaba este sábado en las camisetas negras que vestían algunos empleados públicos: el rostro del arzobispo al frente y, atrás, la leyenda “Nuestro gobierno se orienta por la opción preferencial de los pobres. Mauricio Funes, presidente”.
Si quedaba dudas de ello, la figura de Romero sirvió al primer mandatario para mandar un mensaje a los críticos de su gobierno. “Sé que nuestros detractores políticos siguen diciendo a los cuatro vientos que el país no tiene rumbo, que el gobierno no tiene rumbo. Monseñor Romero es el guía espiritual de la nación, pero también es el guía espiritual de este gobierno”, afirmó. Además, Funes adelantó que las acciones de su gobierno estarán siempre orientadas por la acción pastoral de monseñor Óscar Arnulfo Romero y exhortó a la ciudadanía a juzgarlo si se desviaba de ella.
