El presidente Mauricio Funes pidió este miércoles que se le aligere la presión sobre su posición en torno a la abolición de la Ley de Amnistía, al pedirle a la prensa y a las organizaciones de derechos humanos que revisen hacia dónde dirigen sus cuestionamientos, porque este es un tema que no le compete tanto como a otras instituciones del Estado.
Este miércoles 24 de marzo, con motivo de la conmemoración de los 30 años de la muerte de monseñor Óscar Romero, desde el Aeropuerto Internacional El Salvador, Funes dijo que la posible derogatoria de la ley de 1993 no le compete al Ejecutivo sino a los “organismos jurisdiccionales” y a la Asamblea Legislativa.
En abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a El Salvador tres cosas: primero, dejar sin efecto la Ley de Amnistía; segundo, investigar, juzgar y sancionar a los asesinos de monseñor Romero, y tercero, reparar a las víctimas.
De las tres recomendaciones de la CIDH, el Estado salvadoreño solo ha cumplido con una: reparar a las víctimas. Y lo ha hecho a su manera: promoviendo en el 30o. aniversario del obispo mártir la emisión de estampillas con la imagen de Romero, develando un mural con imágenes del arzobispo en uno de los pasillos del aeropuerto, y pidiendo perdón por el asesinato, cometido el 24 de marzo de 1980.
Pero hasta ahora, de la investigación del asesinato y de un pronunciamiento a favor de la derogatoria de la ley, nada, guardando un silencio muy similar al de las ex administraciones del Ejecutivo cuando estaba en manos del partido de derecha Arena.
Funes, quien como candidato dijo que no promovería la revocación de la ley, justificó que no hace falta ese paso para avanzar en las investigaciones. “La ley no es obstáculo para investigar los crímenes cometidos durante la guerra”, dijo.
“Para todos aquellos que están demandando del Ejecutivo una definición con respecto a la Ley de Amnistía; la ley fue aprobada por el Órgano Legislativo y por lo tanto le corresponde a los diputados y diputadas derogarla o no. Es una competencia del Órgano Legislativo. Ya la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la aplicación de la ley para casos de graves violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, no nos corresponde a nosotros promover la derogatoria de una ley que ya fue declarada inconstitucional por la Corte”, dijo.
Por lo tanto, demandó que se le pregunte a los organismos jurisdiccionales por qué no investigan las violaciones cometidas durante la guerra civil. “Nadie va a preguntarle al fiscal general por qué es que no se abre un expediente en el caso de monseñor Óscar Arnulfo Romero. Nadie va a preguntarle. Preguntan al presidente si deroga o no la ley cuando la ley no es un obstáculo para investigar el asesinato de monseñor Romero, el asesinato de los jesuitas… la ley no es obstáculo para investigar las graves violaciones a los derechos humanos”, dijo Funes. “Lo único que es un obstáculo para todo ello es la voluntad política de los órganos jurisdiccionales de investigar o no investigar”, agregó.
Hasta ahora, el gobierno de Funes se ha negado a posicionarse sobre la conveniencia o inconveniencia de abolir la ley. El canciller, Hugo Martínez, soslayó responder a El Faro si el gobiern oconsidera conveniente o no derogar la ley. En noviembre de 2009, la Comisión Interamericana, en audiencia con El Salvador, pidió que el Ejecutivo hiciera gestiones ante la Asamblea Legislativa y la Fiscalía para intentar cumplir las recomendaciones en torno al asesinato de Romero.
El director de derechos humanos de Cancillería, David Morales, reveló a El Faro que en esos puntos no ha habido avances significativos, aunque se rehusó a detallar el proceso.
Este 24 de marzo, en el trigésimo aniversario del asesinato del jerarca católico, el estado salvadoreño pidió perdón por la “aquiescencia del Estado” con los grupos paramilitares que planificaron el asesinato del arzobispo de San Salvador el 24 de marzo de 1980. “En nombre del Estado salvadoreño, como presiente constitucional de la república, reconozco que el entonces arzobispo fue víctima de la violencia ilegal que perpetró un escuadrón de la muerte”, dijo Funes, en la sala de espera número 9 del Aeropuerto Internacional, ante representantes del cuerpo diplomático, de la Iglesia Católica y de la familia del obispo mártir, representada por el hermano del mártir, Gaspar Romero.
“Dichos escuadrones de la muerte, lamentablemente, actuaron bajo la cobertura, colaboración, aquiescencia o participación de agentes estatales”, añadió el mandatario.
Funes, en su discurso, aseguró que este gobierno está comprometido con colaborar con la justicia “tanto nacional como internacional” -poniendo todo lo que sea necesario y esté a su alcance- para el esclarecimiento de los crímenes investigados. Esa colaboración, sin embargo, se queda nada más en un señalamiento al sistema de justicia salvadoreño por la inacción y por la falta de investigación en casos como el de monseñor Romero.
La postura del gobierno salvadoreño contrasta con la de los abogados litigantes del caso Romero en Fresno, California, Estados Unidos, lugar en el que en el año 2004 fue condenado el capitán Álvaro Saravia por el crimen del arzobispo. El martes 23, Almudena Bernabéu, abogada del CJA (Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, pos sus siglas en inglés) dijo que “existen suficientes elementos para que haya una reapertura en el caso Romero en la que se busque la verdad y en la que se conozca de una vez por todas al resto de implicados en el asesinato como a los autores intelectuales del crimen”.
La abogada dio estas declaraciones a raíz de una publicación de El Faro, en la que dos de los involucrados en el crimen (Saravia y Gabriel Montenegro) detallan el operativo del asesinato del arzobispo.
La postura de Funes también contrasta con la de la Iglesia Católica salvadoreña. “Este es un tema complejo pero la Iglesia siempre ha dicho que la verdad fortalece a un proceso de reconciliación. Pero para que esta verdad se conozca hace falta una metodología con la cual no se cuenta. El tema de la derogación de la Ley de Amnistía es un tema que no se puede evadir”, dijo el obispo auxiliar de San Salvador, monseñor Gregorio Rosa Chávez.
Funes insistió en que a la Presidencia no le toca investigar, pero su gobierno tampoco ha querido pronunciarse o hacer un llamado a los diputados a derogar la ley, aduciendo que respeta la separación de poderes. En lo que lleva de gobierno, sin embargo, la Presidencia ha jugado un rol activo en decisiones de estricta competencia de la Asambela Legislativa, como la elección de fiscal general o de la Corte Suprema de Justicia. Estos nombramientos se han cocinado en la Presidencia de la República.
Funes, entonces, pidió que no se le pregunte más su posición sobre la derogación de la ley, y en cambio destacó la acción de develar un mural de los artistas Rafael Varela y Rafael Martínez, encargados por la Presidencia. Ese mural rinde homenaje a Romero. “Vayan a preguntarle al fiscal por qué no abre un expediente en ese caso y vayan a preguntarles a los organismos jurisdiccionales por qué no se inicia una investigación en esos casos. Y pregúntenle a los diputados si piensan derogarlo o no, pero no le carguen al presidente una presión inmerecida”, dijo.
