El Tribunal Oral Federal Número 1 de la localidad bonaerense de San Martín consideró probado que Bignone fue coautor penalmente responsable de 56 casos de allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos cometidos en el centro de exterminio que funcionó en el complejo militar Campo de Mayo, el mayor del país.
Es la primera vez que el ex dictador, de 82 años, recibe una condena por crímenes de lesa humanidad y deberá cumplir la condena en una prisión común.
Bignone fue presidente de facto en 1982 y 1983, pero en este proceso se lo acusaba por delitos cometidos entre 1976 y 1978 mientras se desempeñaba como segundo responsable del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.
En el mismo juicio, que comenzó en noviembre, otros cinco militares retirados recibieron penas de entre 17 y 25 años de prisión, mientras un ex policía fue absuelto.
La sentencia fue leída por la jueza Marta Milloc en un polideportivo de la localidad de Florida para albergar a la gran cantidad de asistentes al juicio, la mayoría familiares de las víctimas y militantes de organismos de derechos humanos.
Bignone, que cumple arresto domiciliario, no estuvo presente en el lugar y escuchó la sentencia en una dependencia judicial.
El Campo de Mayo, junto a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), fueron los dos principales centros de tortura y exterminio durante el régimen. En el primero, que estaba bajo la órbita del Ejército, se estima que estuvieron detenidos unos 4.000 disidentes, de los cuales apenas sobrevivieron medio centenar, según denunciaron organismos de derechos humanos.
También funcionó una sala de maternidad clandestina, donde daban a luz las detenidas embarazadas a las que luego les quitaban sus hijos y los niños eran adoptados ilegalmente por militares.
Según cifras oficiales, unos 13.000 disidentes fueron exterminados durante el régimen. Familiares y sobrevivientes denuncian que fueron 30.000
Antes de la lectura de la sentencia, Bignone dijo que 'nunca se demostró más de ocho mil' desaparecidos y se justificó con el argumento de que 'en tiempos de paz la desaparición de una sola persona significa una cosa y en tiempos de guerra significa otra'.
También rechazó que se lo considere un genocida 'porque lo ocurrido en nuestro país no se ajusta en lo más mínimo a la definición internacional del delito de genocidio, solo voceros del odio pueden sostener esto'.
Bignone, quien en 1983 le traspasó el poder al mandatario elegido democráticamente Raúl Alfonsín, previamente firmó una ley de amnistía para los implicados en desapariciones y homicidios que luego fue anulada por el Congreso.
Al mismo tiempo dio la orden de destruir la documentación sobre violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura.
El proceso contra Bignone y los otros acusados se abrió en 2003 y ha tardado seis años en llegar a juicio oral debido a distintas leyes e indultos que protegían a los militares de la justicia y que finalmente fueron anulados por la Corte Suprema entre 2005 y 2007.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un total de 1.464 personas, entre civiles y personal de las fuerzas de seguridad, están acusadas por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Sin embargo, apenas 72 fueron condenados hasta el momento.
