La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio el segundo jalón de orejas en cuatro meses al gobierno de Mauricio Funes, al que recordó que el Estado debe derogar la Ley de Amnistía de 1993, y que la administración Funes puede hacer algunas cosas para promover la abolición.
El 22 de marzo pasado, una representación del gobierno salvadoreño se presentó ante la comisión de seguimiento del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras ocurrido en 1989. De nuevo, y tal como lo hizo en la audiencia de noviembre pasado, David Morales, director de derechos humanos de Cancillería, aseguró que el Estado reconocía plenamente la autoridad de la CIDH y, por ello, el carácter vinculante de sus informes y recomendaciones. Igualmente, volvió a asegurar la disposición de hacer lo que se pueda para atender las obligaciones ante el organismo hemisférico. “El Estado expresa su disposición de realizar los esfuerzos que estén a su alcance para cumplir de buena fe las recomendaciones”.
Esa frase 'los esfuerzos que estén a su alcance' fue lo que en la sesión de noviembre hizo que los comisionados se pusieran inquisitivos e incluso parecieran dudar de la versión que les expresaba Morales, cuando les explicaba que abolir la Ley de Amnistía es potestad de la Asamblea Legislativa, y que hacer las investigaciones para aclarar los crímenes durante la guerra, es atribución de la Fiscalía.
Pero para la comisión, la buena fe no parece ser suficiente. Paulo Sergio Piñeiro, vicepresidente de la CIDH y comisionado especial en el caso, exhortó al Ejecutivo a dar resultados concretos a las resoluciones del organismo. Las obligaciones giradas desde la CIDH exigen al Estado salvadoreño una investigación completa e imparcial en el asesinato de los jesuitas y sus colaboradoras, una reparación adecuada de las violaciones a los derechos humanos vinculadas con estos crímenes y adecuar la legislación salvadoreña a la Convención Americana de Derechos Humanos. Este último punto obliga a la derogación de la Ley de Amnistía general para la consolidación de la paz, dictada en 1993.
“Fraternalmente y con amistad, tengo la audacia de decirles esto: es muy importante aprovechar este enorme ímpetu del Estado para que, con la colaboración de la Comisión, puedan efectivamente demostrar algunos resultados concretos en esos puntos en los próximos meses porque si no, después será muy difícil e inmensamente frustrante para la comisión”, dijo Piñeiro, después de destacar el valor simbólico de los actos realizados por este gobierno.
Funes ya pidió perdón en nombre del Estado por el asesinato de monseñor Romero, el pasado 24 de marzo. El 16 de enero, con motivo del aniversario de la firma de la paz, pidió perdón en nombre del Estado por los abusos durante la guerra, y entregó un reconocimiento a los sacerdotes jesuitas, que depositó en manos de los parientes.
En noviembre de 2009, a solicitud del Estado salvadoreño, la CIDH realizó una audiencia de seguimiento al caso del asesinato de monseñor Romero. En ella, el Ejecutivo mostró un giro en la forma en que el gobierno salvadoreño enfrentaba el homicidio del ex arzobispo de San Salvador. “El Estado de El Salvador reconoce plenamente la autoridad de la CIDH (...), el carácter vinculante de sus informes y recomendaciones, reconoce las recomendaciones de esta Comisión relativas al caso de monseñor Óscar Arnulfo Romero y declara su compromiso de cumplir de buena fe y en la medida de sus posibilidades las recomendaciones ahí establecidas”. La declaración representó un golpe de timón frente a la posición de los gobiernos anteriores, que desoían las recomendaciones de la Corte. Pero la frase “en la medida de sus posibilidades” solo significaba, en la práctica, limitarse a realizar actos de desagravio a favor de las víctimas.
El discurso de la delegación salvadoreña este 22 de marzo fue ese mismo. En la declaración dada por Morales, “realizar los esfuerzos que estén a su alcance” significaba hacer actos públicos de desagravio. Nada más. Por ello, el director de derechos humanos de Cancillería recordó que se había entregado la más alta distinción del gobierno a los seis sacerdotes jesuitas asesinados, en noviembre de 2009, y que Funes pidió perdón públicamente a cada uno de los afectados y parientes que sufrieron abusos durante la guerra.
Actos simbólicos que se quedan muy cortos para los que han acudido al sistema interamericano de derechos humanos a pedir justicia, porque en El Salvador no la encontraron. Para Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), lo expresado por Morales ante la comisión, y lo dicho por el canciller y el presidente Mauricio Funes, en diferentes actos públicos, sólo ha sido una declaración de buenas intenciones mientras dilatan la obligación del Estado de cumplir con lo recomendado en este caso. “La Orden Matías Delgado fue para los padres jesuitas y el decreto dice que fue por ‘sus contribuciones al país’. ¿Y sus colaboradoras? Ellas, también víctimas, no fueron tomadas en cuenta en ese reconocimiento. Eso no fue un acto de desagravio para las víctimas, eso fue, para este gobierno, como hacer una marca registrada del caso jesuitas, como se ha hecho con la figura de Romero o la de Katya Miranda”, dice.
Almudena Bernabéu, abogada especialista en derechos humanos y promotora de la querella contra 14 militares salvadoreños y el ex presidente Cristiani en España por el asesinato de los jesuitas, coincide con Cuéllar. “No bastan medidas de tipo reparatorio (…) en abstracto. Son acciones importantes, muy simbólicas, son el inicio de procesos más o menos de reconciliación, pero son insuficientes”, dice . “La gente va a necesitar medidas concretas de reforma de la Fiscalía y la judicatura, que se inicien investigaciones, que se determinen la responsabilidad individual de personas en casos emblemáticos, como el caso de monseñor”, sostiene.
Cuéllar insiste en su crítica a la visión del Ejecutivo sobre lo que este considera su responsabilidad ante la comunidad internacional: “Las deudas del Estado en este caso y en el caso Romero, entre tantos, son la verdadera justicia y la derogación de la amnistía... No son plazas ni calles con nombres de las víctimas, ni medallitas, que también se las han dado a empresarios y artistas”.
Muy parecido fue el tono de Piñeiro, el vicepresidente de la CIDH: “Esas importantes iniciativas y de gran valor simbólico y político deben de ser complementadas por la identificación, proceso y juzgamiento de los culpables. Y, por el otro lado, la derogación de la Ley de Amnistía”, subrayó.
En eso no concuerda el presidente Funes, quien desde cuando era candidato presidencial dejó claro que no le interesaba promover la abolición de la ley.
Sobre el derecho a pronta justicia, en este y en otros casos, y la derogación de la Ley de Amnistía, Morales reconoció que poco o nada se había hecho. De nuevo, como lo ha sostenido el presidente Mauricio Funes y su canciller, Hugo Martínez, el funcionario recordó que dicha ley no es un obstáculo para investigar los delitos contra derechos humanos ocurridos durante la guerra civil, que existe una resolución de la Corte Suprema de Justicia de septiembre de 2000 que invalida el perdón de los crímenes ocurridos entre 1989 y 1992, y que todo esto estaba en manos de la Fiscalía, en materia de hacer justicia, y de la Asamblea Legislativa, para la derogación.
Sin embargo, para la comisión no son el fiscal general Guillermo Barahona ni el presidente de la Asamblea Legislativa, Ciro Cruz Zepeda, quienes tienen que dar cuentas de las resoluciones incumplidas. Esa responsabilidad recae en el Ejecutivo, por medio de su cancillería, ya que este órgano es el que tiene la representación de El Salvador ante los organismos internacionales.
A las demandas de Piñeiro, en esta segunda audiencia, se agregó una de alto tono del comisionado Rodrigo Escobar Gil, quien dejó claro a Morales que las acciones del Ejecutivo no satisfacen sus expectativas. “Echo de menos esfuerzos por parte del Estado, y concretamente de parte del gobierno, de impulsar ante la Asamblea (...) una disposición orientada a dejar sin efectos o incorporar límites a esa amnistía general, que es el medio para que efectivamente pudiera investigarse y penalizarse estos graves delitos”, recriminó.
El reclamo de Escobar Gil al Estado salvadoreño en general y al gobierno de Funes en particular, como ya lo hizo en el pasado el secretario ejecutivo de la Comisión, Santiago Cantón, gira en torno a la capacidad que tiene el presidente Mauricio Funes de dar iniciativa a una ley que pretenda modificar, anular o derogar la amnistía, tal como lo dicta el artículo 133 de la Constitución de la República. Una posibilidad que Funes y sus funcionarios no han querido aprovechar, mientras se lavan las manos aduciendo que eso es una responsabilidad exclusiva de la Asamblea Legislativa.
En esa audiencia participó también Marcela Marquina, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), quien solicitó a Morales que aclarara si a su juicio en El Salvador es imposible la búsqueda de justicia en el caso jesuitas. “No hay ninguna garantía, y nos gustaría saber si es que es así, si efectivamente puede haber una justicia en el ámbito interno en El Salvador en este caso, que es paradigmático”.
Morales reconoció ante la comisión que las iniciativas hechas en el pasado para modificar o derogar la ley, ninguna de ellas hecha desde el Ejecutivo, han sido infructuosas, han carecido del apoyo suficiente en la Asamblea y han terminado archivadas. Cuéllar vuelve a subrayar la importancia de la gestión que puede hacer el Ejecutivo, su capacidad de influencia. “Que los intentos del pasado hayan sido inútiles no significa que este gobierno, esta presidencia, no pueda hacerlo. Si la aritmética legislativa no ha estado a su favor también es porque desde el gobierno no se ha posibilitado que el tema esté en discusión”, sostiene.
En la actualidad, la petición tendría poco apoyo del FMLN, partido de gobierno y cuyo discurso histórico ha sido contra la Ley de Amnistía, pero que en una entrevista reciente con El Faro dejó claro el cambio de visión.
¿Qué hace falta, según Morales, para que prospere una iniciativa contra la Ley de Amnistía? Según el funcionario, un proceso de discusión y de diálogo nacional. Se trataría de una especie de reuniones con diputados de diferentes partidos para que entiendan la importancia de cumplir con las recomendaciones de la comisión. ¿Cuándo se llevarían a cabo? A saber.
Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa, nada se mueve en torno al tema. El miércoles pasado, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA intentó conseguir al menos la firma de un diputado para introducir una pieza de correspondencia solicitando la derogatoria. Ninguno de los 84 parlamentarios, ni siquiera alguno del FMLN, calzó el documento con su rúbrica.
Por eso Cuéllar va más allá: “El presidente Funes está incumpliendo su deber constitucional de hacer valer los tratados y convenios internacionales, algo a lo que está obligado, según el artículo 168 (numerales uno y cuatro) de la Constitución”. En ese punto, por un lado, está el carácter vinculante de las recomendaciones de la CIDH; y por el otro, los tratados internacionales firmados por El Salvador que obligan a la investigación y juzgamiento de culpables en casos de graves violaciones a derechos humanos a pesar de leyes de amnistía.
En la audiencia recién pasada, Tania Camila Rosa, subdirectora de derechos humanos de Cancillería, explicó lo actuado por el Ejecutivo hasta ahora. “El Estado desea informar que, a través de la cancillería, se han girado comunicaciones oficiales al señor Fiscal de la República y al señor presidente de la Asamblea Legislativa... lamentablemente aún no se han producido avances en el cumplimiento de estas recomendaciones”, dijo. Esto es algo que Morales ya había adelantado a El Faro, el 13 de marzo pasado.
Según el departamento de comunicaciones de la Fiscalía, la carta fue enviada al fiscal adjunto de Derechos Humanos y se encuentra en estudio. Una declaración formal tendría que esperar a que este análisis jurídico termine. En el caso de la Asamblea Legislativa, Ciro Cruz Zepeda, presidente, dijo por medio de un encargado de prensa que no recordaba ninguna correspondencia girada desde Cancillería en la que le solicitaran una reunión para hablar de la derogación o modificación de la Ley de Amnistía.
Sin resultados concretos, el único acuerdo real al que se llegó en la reunión es que el gobierno tiene hasta el próximo 6 de mayo para mandar un cronograma de seguimiento del caso. En él, Cancillería debe incluir una reunión de alto nivel con miembros de la comisión, representantes de la Fiscalía, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y los demandantes. Reunión a la que dijo estar dispuesto a asistir Paulo Sergio Piñeiro, vicepresidente de la CIDH y comisionado especial en el caso, si fuera necesario para alcanzar resultados concretos.
