Ex director de Fiscalía demanda a fiscal general por actos arbitrarios

Diego Escobar, un ex director de la Fiscalía, acusa a su jefe, el fiscal general, Romeo Barahona, de cometer actos arbitrarios en su contra. Según el denunciante –degradado como asesor en la Unidad de Asuntos internacionales en enero pasado-, Barahona lo presionó para que aceptara el nuevo cargo con una reducción salarial. Después de que Escobar se negara, amparándose en la estabilidad que protege la carrera fiscal, la Fiscalía le retuvo el salario. Y es así desde enero pasado.

“Uno: ha inobservado la reglamentación abundante que hay para definir la carrera y el escalafón fiscal. Y dos: desde el mes de enero no ha depositado en mi cuenta el salario que me corresponde. Ha retenido mi salario con todas las consecuencias legales que esto implica”, denuncia Escobar, ex director de la División de Intereses de la Sociedad.

Esta es la primera denuncia contra el fiscal general que nace dentro de la institución y que sale a la luz pública, luego de que Romeo Barahona iniciara una serie de rotaciones (10 confirmadas por la Fiscalía) entre diciembre y enero pasados. El  fiscal fue elegido por la Asamblea Legislativa el 19 de septiembre de 2009, después de cinco largos meses en los cuales la institución quedó acéfala mientras los partidos políticos se ponían de acuerdo para escoger el nombre que ocuparía la silla dejada por Félix Garried Safie.

Barahona fue fiscal adjunto por más de 8 años, pero fue sustituido en 2009 por el ex viceministro de Seguridad Ástor Escalante. Escalante llegó cuando la Asamblea comenzaba a discutir la elección y aparecía como una de las cartas principales de Arena. Barahona, en cambio, no era favorito en una primera lista de 21 nombres que manejaba la Asamblea Legislativa en aquel momento.

No fue sino hasta la segunda mitad de 2009 cuando Barahona se coló hasta el máximo puesto después de una segunda ronda de negociaciones entre los partidos Arena y FMLN, con el concurso del presidente Mauricio Funes. En esa ronda se evaluaron 81 candidatos. Barahona quedó como finalista junto con otros dos jefes fiscales colocados durante la gestión de Safie: el entonces secretario de la Fiscalía, Aquiles Parada, y el entonces director de la División de la Defensa de los Intereses de la Sociedad (zona San Salvador), Diego Escobar, que ahora demanda a Barahona ante la Corte Suprema de Justicia.

Entre diciembre de 2009 y enero de 2010, Romeo Barahona realizó una serie de cambios en direcciones y jefaturas de la institución que según fuentes internas –que piden el anonimato por temor a más represalias- afectaron la estabilidad de los fiscales degradados. Se trata de 10 cambios confirmados por la Fiscalía en enero pasado, la mayoría de jefaturas de la zona oriental del país. De todos los afectados, solo Escobar se atreve a ventilar públicamente las supuestas anomalías. Escobar es mejor conocido en el escenario fiscal por haber participado en la Unidad de Intereses del Estado como fiscal en los casos contra Carlos Perla, ex presidente de ANDA (acusado de estafa al Estado); y contra Raúl García Prieto, acusado de estafa al BFA. Escobar lleva en la Fiscalía 15 años, y en los últimos tres ha dirigido acusaciones contra supuestos pandilleros acusados de homicidios, entre otros.

Escobar, junto a Aquiles Parada (los dos contrincantes en la carrera por el puesto de fiscal) fueron los primeros degradados por Barahona. En diciembre, el fiscal general sacó a Escobar de la Dirección de Intereses de la Sociedad y lo movió hacia la Unidad de Asuntos Internacionales con el cargo de asesor. Un mes más tarde, en enero, quitó a Aquiles Parada de la Secretaría General y lo mandó a la oficina de Sonsonate.

Un tercer degradado por Barahona fue el ex jefe de la Oficina Regional de Occidente, Hernán Cortez. Y aquí es donde la historia se complica. Adentro de la institución fiscal existe un organismo llamado “consejo fiscal”, que está integrado por seis representantes de la institución: el fiscal general, el adjunto, el auditor fiscal, el secretario, y dos representantes de la asamblea fiscal, que según la ley orgánica solo pueden ser elegidos de entre los directores fiscales o los jefes fiscales.

El consejo fiscal es el organismo interno que revisa las actuaciones de los fiscales y define, en el caso de denuncias, si un fiscal debe ser removido o destituido de su cargo por faltas graves. Es, al interior de la institución, una instancia con poder que según el lado de la balanza hacia dónde se incline, puede derivar en una defensa para los fiscales inferiores –si sienten que se les violentan sus derechos- o puede convertirse en el mazo de los jefes superiores contra subalternos. En este caso, la integración del consejo prácticamente la definieron los cambios que hizo Barahona en los últimos meses.

En noviembre de 2009, el consejo estudio seis expedientes contra seis fiscales –para los cuales se pedía destitución- y sancionó en los seis casos. En uno, sin embargo, el fiscal general no estuvo de acuerdo con la resolución.

En enero, La Prensa Gráfica informó que Cortez fue removido luego de que su caso fuera 'reconsiderado' en el consejo fiscal, ya que  “era indagado por auditoría interna por presuntos nexos con el fallecido Edwin Reynaldo Argueta (alias “el Porras”), procesado por narcotráfico y tráfico de personas, y asesinado a finales de agosto de 2009”, reza un párrafo de la nota publicada el 13 de enero de 2010.

Según ese periódico, Cortez ya había sorteado a un consejo fiscal y en menos de un mes volvió a caer su expediente a una evaluación. El 30 de noviembre de 2009, el consejo fiscal en donde participó Escobar salvó a un fiscal que Barahona quería destituir. En esa resolución, a Barahona le hizo falta un voto para ganar por mayoría y ese voto era el del fiscal adjunto, que a la fecha no ha sido nombrado. Entonces, el 30 de junio, Barahona pidió que su voto fuera calificado, que valiera por dos.

“Lo que no pudo tolerar y administrar es que tres fiscales inferiores a él le dijeron: en el consejo fiscal no hay voto calificado, usted ingresa acá como un miembro más y por tanto debe someterse a las reglas estrictamente democráticas y técnico-jurídicas que conforman un tribunal de esta instancia”, dice Escobar, al plantear que esa diferencia de criterio podría ser una de las causas por las cuales tomaron represalias en su contra. Escobar se rehúsa a confirmar si es Cortez el mismo fiscal que fue exonerado por el consejo en el que él participó.

A Escobar, Barahona lo degradó dos días antes de que la asamblea fiscal renovara sus dos cupos –por tres años- adentro del consejo. El 16 de diciembre, el secretario general, Aquiles Parada, notificó a Escobar que por instrucciones del fiscal general se le trasladaba con el cargo de asesor hacia la Unidad de Asuntos Legales Internacionales, “con su misma plaza nominal y funcional”. Escobar, aunque no buscaba una reelección en el consejo, pudo haber participado en la elección de diciembre si hubiera mantenido su cargo como director de zona. Esa elección la ganan los dos fiscales –con cargos de directores o jefes- que hayan obtenidos más votos de sus pares.

A partir de la segunda quincena de diciembre, Escobar, con su nuevo cargo, comenzó a trabajar en la Unidad de Asuntos Legales Internacionales. En diciembre recibió su último salario.

A mediados de enero, el 19, Escobar fue convocado a una reunión por la gerente Carolina Franco, por el auditor fiscal, Ovidio Portillo, y por el asesor del despacho, Edwin Bonilla. La reunión ocurrió en el despacho de Portillo, a quien Escobar también acusa de permitir reducciones salariales para más de una docena de fiscales.

Querían que Escobar firmara un nuevo contrato pero con un salario inferior. Escobar asegura que ellos le manifestaron hablar en nombre del fiscal general. Su salario, le dijeron, sería reducido en un 30%. Escobar se negó a firmar. “Ahí le pedí al licenciado Ovidio Portillo que se opusiera a la decisión del fiscal general. El auditor fiscal es el celoso guardián de la carrera. A él el reglamento y la ley le han conferido la facultad de protegernos contra actos arbitrarios. Sin embargo, él se ha apartado de su labor. Para mí él ha perdido su solvencia moral para ocupar ese cargo. ¿Por qué? Le ha pedido a empleados y funcionarios de la Fiscalía que firmen contratos con salarios inferiores y en segundo lugar ha pedido renuncias. ¡Es inacatable!”, dice.

Tras la reunión, el fiscal degradado pidió audiencia al fiscal general y, según alega, este se la negó. Luego le envió una carta y Barahona no le respondió. Entonces pidió auxilio al Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES).

A finales de enero, Escobar notó que en su cuenta de banco no había sido depositado su salario, a diferencia de sus compañeros. Se enteró, de primera mano, porque la mamá de su hija le habló para preguntarle por qué no había depositado la cuota alimenticia de la niña. Esa cuota le era descontada de manera directa por la Fiscalía y luego era depositada en la cuenta de la madre de la menor.

IEJES, en apoyo de Escobar, mandó al presidente de la institución, Félix Ulloa, a pedir explicaciones a la Fiscalía “y hacerles darse cuenta de la ilegalidad de su acción”, dice Escobar. En respuesta, la Fiscalía comenzó a depositar de manera extemporánea los descuentos salariales de Escobar destinados al pago de la cuota alimenticia de su hija y de créditos contraídos por el fiscal con algunas instituciones bancarias. El resto del salario, sin embargo, no se lo han depositado en su cuenta desde enero.

“A la fecha no sé si me están pagando con el salario que obtuve hasta diciembre o con el salario reducido que me propusieron en enero. Si yo no firmé el contrato ilegal que me proponían, ¿con base en qué están depositando dinero a mis cuentas?”, cuestiona Escobar.

Este martes 27 de abril, Escobar, respaldado por IEJES y por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA promovió un amparo ante la Sala de lo Constitucional, en contra de Barahona, por haberle violado su derecho a audiencia, estabilidad laboral y de petición y respuesta. El recurso de amparo derivará en que los magistrados determinen si hay indicios de violación de derechos al ex director y, si los confirmaran, que ordenen la restitución de las cosas como estaban antes, o que se compense al demandante por los daños sufridos.

“No estamos hablando de cualquier funcionario. Estamos hablando del fiscal general de la República, el guardián por excelencia de la Legalidad. Si él se atreve a hacernos esto a nosotros, la pregunta es: ¿qué más no podrá hacer este señor?”, dice Escobar.

El Faro buscó una versión del fiscal general, del auditor Portillo, del asesor de despacho y de recursos humanos, por medio de la oficina de prensa de la Fiscalía. Al cierre de esta nota no habían dado respuesta.