En enero de este año El Faro se propuso obtener una tabla con información estadística sobre homicidios. La idea era conseguir, por cada homicidio, una serie de variables que dieran cuenta de las características de las víctimas, del contexto en el que fueron asesinadas y de la manera en la que fueron cometidos los homicidios. Esta es una información que en El Salvador sólo tiene sistematizada el Instituto de Medicina Legal (IML).
La primera gestión fue con el encargado de estadísticas, Fabio Molina. Este explicó que aún no estaba completo el registro de homicidios de 2009 y que el mismo no estaría finalizado sino hasta finales de enero. Luego, la fecha se aplazó para finales de febrero y luego para la primera semana de marzo. Cuando al fin estuvieron listos los datos, Molina explicó que la información que pedíamos no era de uso público y que no nos la podía proporcionar. Como premio de consuelo recibimos un CD con un análisis epidemiológico de los homicidios, elaborado por Molina.
Luego pedimos esa misma información al director del Instituto, Mario Hernández Gavidia, quien notificó por medio de su secretaria, que esa información era privada y que había una disposición expresa del presidente de la Corte Suprema de Justicia para no entregarla al público.
Entonces buscamos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya que el IML está adscrito a la autoridad de la misma. Este es un extracto de la carta que enviamos a la Corte Suprema de Justicia para solicitar información, fechada 9 de marzo: “... Es por eso que me permito solicitarle a usted que autorice se nos facilite la base de datos con las siguientes variables por cada homicidio: edad, sexo, mes, día, hora, tipo de arma, departamento, municipio, cantón, colonia (...)”
La gestión se hizo por medio de un magistrado, quien a su vez notificó al magistrado presidente, Belarmino Jaime, de la solicitud de El Faro y, según él, Jaime autorizó la entrega de la información por medio de una carta dirigida al IML. Pero durante semanas, la secretaria del director del IML insistió en que esa nota jamás había llegado al despacho de Hernández Gavidia. Desde marzo hasta la semana pasada, el magistrado Rodolfo González asegura que esa nota fue enviada y la secretaria lo contradice. A principios de la semana pasada recibimos una llamada de una funcionaria del Instituto: “Mire, ¿por qué no ha venido a traer la información que solicitaron, si desde hace un mes se la tenemos lista?” Cuando fuimos por el documento, la secretaria nos entregó otra copia del análisis epidemiológico de Fabio Molina de años anteriores.
Según Belarmino Jaime, presidente de la Corte, él nunca ha ordenado que esa información sea de carácter privado: “Yo no necesito esconder nada. Si algo se hizo mal, eso tiene que saberse, no tengo que esconder porquerías del pasado”, respondió a El Faro.
Por lo pronto, una información que se recoge con fondos públicos, por funcionarios públicos y de interés y afectación pública, sigue guardada en una caja fuerte.
El Faro sabe que durante los gobiernos de Arena, en Medicina Legal se sentían inhibidos de dar la información porque entendían que el anterior presidente de la Corte, Agustín García Calderón, había dispuesto que no se hiciera pública, por el temor de incomodar al gobierno.
El Salvador atraviesa desde hace años por una ola de asesinatos que lo colocó, al menos desde 2005, como el país más violento del continente. 2009 terminó con un récord de asesinatos que por primera vez desde la guerra sobrepasó los 4 mil.
