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Crean comisión para presionar por la transparencia en el gobierno de Funes

La mesa por la transparencia y combate a la corrupción en el órgano Ejecutivo será coordinada por el secretario de Asuntos Estratégicos, Franzi Hasbún, y estará integrada por los titulares del gabinete de gobierno. En el anuncio de lanzamiento no apareció Funes, pero sí el vicepresidente Salvador Sánchez Cerén.

Daniel Valencia Caravantes

 
 

La Secretaria de Asuntos Estratégicos (SAE) de la Presidencia salió al paso de las denuncias de corrupción contra entidades del Ejecutivo presidido por Antonio Saca, y lanzó este jueves una mesa interinstitucional que vigilará que las promesas del presidente Mauricio Funes de perseguir a los corruptos de los gobiernos anteriores y de que la transparencia sería algo sagrado en este quinquenio, se cumplan.

Funes, quien en la campaña electoral anunció que iba a perseguir a los ex funcionarios del gobierno de Saca involucrados en corrupción, en marzo de este año se desdijo al declarar que no tenía tiempo para perseguir a los corruptos. Esta comisión surge apenas una semana después de que estallaran dos escándalos de corrupción heredados de la administración de Saca -que ascienden a más de $200 millones de dólares- en los ministerio de Obras Públicas y Salud. Además, este lanzamiento ocurre tres semanas después de que el ex ministro de Agricultura, Manuel Sevilla, denunciara irregularidades en el reparto de los paquetes de semilla mejorada, acusando a la Presidencia de la República de negociar ayudas agrícolas a cambio de apoyos legislativos de parte de los partidos PCN y Gana. Funes, en esa ocasión, evadió hablar del tema, pero ahora la recién formada comisión reveló que el actual titular de esa cartera trabajará junto a la SAE –y la Subsecretaría de Transparencia- una auditoría para determinar qué funciona mal en el reparto de esos paquetes agrícolas.

Se lanza la comisión, también, a tres días de la celebración del primer aniversario del nuevo gobierno.

Hasbún y los miembros de la mesa presentes en el acto –los titulares de Educación, Hacienda, CEPA, Defensoría del Consumidor y Ambiente; los viceministros de Obras Públicas, Justicia, Agricultura, y el subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez- celebraron la “disposición” de Funes para combatir la corrupción, cuya muestra, dijeron, era la apertura para permitir una mesa de este tipo. Inédita en el país.

Desde la llegada del primer gobierno de izquierdas al poder, hace un año, mucho se especuló si habría una cacería contra las irregularidades del gobierno anterior, el último del partido Arena. En los primeros días de gestión, fue el mismo Funes quien validó el discurso de su campaña electoral de acabar con las irregularidades, cuando anunció que tenían documentación que comprobaba la designación de plazas fantasmas de funcionarios en el Centro Nacional de Registros.

Pero en el primer semestre del gobierno, Casa Presidencial dejó de hablar del tema; y dio muestras de caminar a la inversa al definir por decreto ejecutivo que las cuentas de publicidad fueran adjudicadas únicamente a la empresa de publicidad del amigo brasileño del presidente Funes, Joao Santana. Además, el presidente nombró a todos sus amigos –miembros del movimiento cívico Amigos de Mauricio- en cargos públicos; ascendió a su ministro de Defensa de coronel a general cuando según la ley este ya no podía ascender porque estaba en retiro; nombró un asesor en comunicaciones del que nadie da cuentas en la Presidencia sobre su salario, responsabilidad y poder dentro del gabinete. En algún momento, a finales de septiembre de 2009, el presidente se comprometió a abrir las cuentas de publicidad, pero al final de su gestión todavía no lo ha hecho.

A finales de abril, la Presidencia incluso estaba en trámites para adquirir una nueva flotilla de vehículos (36 en total) pese a la política de austeridad del gobierno planteada en el presupuesto general de la nación. En ese mismo instrumento, la Presidencia también promovió –para el ejercicio fiscal de 2010- el mantenimiento del uso irrestricto de los fondos remanentes de las instituciones adscritas a la presidencia, para que esta los maneje a su antojo.

Este gobierno también negoció a puerta cerrada con los partidos políticos la reforma fiscal, los nombramientos de la nueva Corte Suprema y del fiscal general, el presupuesto general de la nación y los ajustes fiscales aprobados en 2009. Este año, el presidente tampoco transparentó las razones para oponerse a la eliminación del cargo básico de telefonía fija residencial, y el año pasado se vio en apuros cuando Nicolás Salume padre, uno de sus financistas de campaña, reveló que Funes iba a proponerlo a la Asamblea como primer designado a la presidencia.

La nueva comisión hoy dice que promoverá la rendición de cuentas de todas las entidades del gobierno –con un paso más allá del mero resumen ejecutivo que presenta el gobierno, cada año, ante la Asamblea Legislativa, promoviendo rendiciones de cuentas con la sociedad civil en donde se detalle gastos y logros- pero se resiste a pronunciarse si recomendará o pedirá a la Presidencia que transparente, por ejemplo, el gasto en publicidad, o la asignación de fondos para servicios prestados por empresas de seguridad y publicidad, cuyos dueños son dos amigos cercanos del presidente: Joao Santana con Polistepeque S.A. de C.V., y el presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, Miguel Menéndez, con su empresa de seguridad Cosase.

 “Esta mesa tiene un alcance fundamental, que es un alcance estratégico: el de la propuesta y el de la garantía que este proceso va a caminar. Esa garantía no sólo la puede dar una instancia, la tiene que dar una coordinación y articulación de instancias”, dice el coordinador de la mesa, Hasbún.

Sobre las denuncias por irregularidades contra los gobiernos anteriores y contra el gobierno actual, Hasbún dice que hay que ser responsables.

“Esta mesa, el trabajo que hará tiene que basarse con mucha responsabilidad en informaciones que permitan garantizar que el trabajo camine. No nos podemos basar en rumores. Lo mismo hemos hecho con casos que tiene que ver con los gobiernos anteriores. Pero tenga la seguridad de que seremos sumamente responsables. No se trata de la persecución por la persecución, sino del ejercicio responsable de la transparencia y el combate a la corrupción”, añadió.

Rodríguez, el subsecretario de Transparencia, explicó que una de las primeras acciones de la comisión será “seguir transparentando el pasado, el presente y el futuro” del gobierno, para garantizar credibilidad ante la población. Otros tres pasos más serían seguir los procesos de inversión pública, definir los meses de junio y julio de cada año como mes de rendición de cuentas de parte de todas las entidades del Ejecutivo ante la ciudadanía y los medios de comunicación.

“Qué decisiones se han tomado, por qué se han tomado y cuáles han sido los resultados de esas decisiones”, dijo Rodríguez. El último paso del plan es extender las oficinas de información y respuesta en las instituciones del Ejecutivo. Actualmente hay una en el FISDL, y está por abrirse una en la Defensoría del Consumidor. Además, hay un incipiente observatorio ciudadano en Obras Públicas.

Ministro de Hacienda defiende uso de gastos imprevistos

La creación de la mesa coordinadora del plan de transparencia y combate a la corrupción del Ejecutivo cuenta, entre sus miembros, con un autor clave en la asignación de recursos del Ejecutivo: el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Esta cartera es la que guarda la llave que abre la puerta para la asignación de recursos a las instancias de gobierno, y es la que redistribuye, además, los dineros remanentes de las instituciones de gobierno, y que por ley de presupuesto pueden ser usados sin autorización legislativa de parte de la Presidencia de la República.

La constitucionalidad de esta medida está siendo discutida, por segunda ocasión, en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Para los miembros de la mesa, el papel y el compromiso de Cáceres en este tema es crucial.

Franzi Hasbún, emocionado y sonriente, lo presentó así, en la conferencia brindada este jueves por la mañana: “Aquí está con nosotros el ministro de Hacienda, que es clave en estos menesteres. Él demostró desde un principio una total disposición, y casi una total obligación a que abriéramos esta oportunidad. Es un precedente que en este caso el ministro de Hacienda sea uno de los más interesados en la necesidad de establecer un planteamiento transparente. Saludamos al ministro de Hacienda y agradecemos su disposición para estos menesteres”, dijo.

Cáceres, en su intervención, se comprometió a trabajar por la transparencia del gobierno, y planteó sus deseos para que se pudiera conocer, por ejemplo, cuáles son las empresas que reciben subsidios de parte del Estado, como la exportadoras con el incentivo a la exportación.

“Yo se lo hubiera dado de mil gustos si la ley no me lo impidiera”, dijo, en alusión a una petición de información hecha por El Faro en diciembre de 2009. “Por eso estamos pidiendo que la ley de transparencia se incluya, porque anhelo presentárselo a los medios de comunicación, porque a eso sí le tienen miedo quienes reciben este falso incentivo”, dijo.

Más adelante, el ministro siguió soñando en voz alta:  “Quisiéramos transparentar quiénes son beneficiarios de subsidios, contratistas, malos proveedores que incumplen contratos con el Estado, deudores con el Estado, quiénes tienen procesos de fiscalización... quisiéramos que la transparencia sea en todas las vías”, dijo.

Pero el ministro Cáceres, en el caso del uso de la partida de gastos imprevistos de Casa Presidencial, se limitó a justificar el mecanismo con el que se redistribuyen estos fondos, diciendo que no es una práctica nueva, sino que ha sido heredada desde el primer gobierno de Arena, hace 21 años.

“Y la facilidad que permite es que para transferir dinero de esta forma no requiere que vaya a la Asamblea, que lo analice la comisión, que pase al pleno, y que dentro de la administración del presupuesto, y que es una tarea puramente del Órgano Ejecutivo, haya al final de cuentas una injerencia del Órgano Legislativo, no solamente en la aprobación de las partidas en términos globales sino que en términos de la administración”, dijo.

Por esa misma partida se cuestionó al final de 2009 al ex presidente Antonio Saca, que utilizó 219 millones de dólares provenientes de otras instituciones, para canalizarlos a la partida de gastos imprevistos. Esos 219 millones fueron adicionales a los que la Asamblea ya le había aprobado.

A Saca, al final, lo respaldó la Corte de Cuentas, entregándole los finiquitos por esos fondos utilizados de manera discrecional. El ministro Cáceres explicó que en el gobierno actual, para el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad, el pago de útiles y uniformes escolares, la deuda con los lisiados de guerra, el pago de subsidios y gastos de Casa Presidencial, la cartera tiene un presupuesto de unos 280 millones, aproximadamente.

“Y ahí hay asignaciones para la Presidencia que constituyen, como su nombre lo representa, para temas reservados, que así lo dice el presupuesto, y que por lo tanto no estoy en la obligación de decirlo… porque son reservados.  Si no les gusta a ustedes vayan a la Asamblea, y díganles: este rubro no queremos que se llame gastos reservados…”, dijo.

Cáceres invitó a la prensa a visitar la página web de Hacienda para descubrir cómo se gastaron los fondos en 2009, y aseguró que incluso ahí está el gasto de publicidad de Casa Presidencial, luego de que Hasbún señalara que el ministro sabe muy bien cómo se han utilizado esos fondos. En esos informes, sin embargo, solo constan dos variables: el presupuesto reformado para la Secretaría de Comunicaciones (de 7 millones 392 mil 735 dólares aprobados por la Asamblea Legislativa pasó a 17 millones 212 mil 700 dólares); y lo gastado en el periodo fiscal 2009 (17 millones 212 mil 700 dólares completos). Aparte de esto, no hay ningún detalle de cuánto de ese dinero se ocupó -ni cómo se distribuyó- para financiar la publicidad de los primeros siete meses del gobierno.


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