Amigo del presidente gana $2.5 millones en contratos con el Ejecutivo

Uno de los constructores de la candidatura presidencial de Mauricio Funes y presidente del Centro de Ferias y Convenciones (Cifco) ha ganado en el primer año del nuevo gobierno 15 contratos que superan los 2.5 millones de dólares con 14 instituciones adscritas al Órgano Ejecutivo o que tienen dependencia de él en lo financiero o en el nombramiento de titulares.

Se trata de Miguel Menéndez, alias 'Mecafé', dueño de la empresa Compañía Salvadoreña de Seguridad (Cosase, S.A. de C.V.) y uno de los fundadores del movimiento Amigos de Mauricio, clave para el éxito electoral de Funes.

Con su empresa, desde el 29 de julio de 2009 hasta mayo de 2010, ha ganado 15 concursos públicos con 14 instituciones. Entre estas se encuentran cuatro ministerios (Educación, Hacienda, Seguridad y Ambiente, este último con dos adjudicaciones: una por más de 98 mil dólares, y otra por más de $47 mil), cinco oficinas no ministeriales pero de enorme importancia política y en manejo del presupuesto (FISDL, ISSS, Fosalud, Superintendencia del Sistema Financiero y el Centro Nacional de Registros), y cinco más adscritas al órgano Ejecutivo o que reciben nombramientos de este o asignaciones presupuestarias: ISRI, Fonavipo, Conamype, Insaforp y la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación.

Las principales asignaciones presupuestarias las ganó con Fosalud, con 703 mil 497 dólares; en el Ministerio de Educación, con 472 mil 152 dólares, y en el Centro Nacional de Registros, con 451 mil 73.40 dólares. La cuarta posición se la llevó el Seguro Social, otorgándole en una adjudicación 295 mil 800 dólares.

Se trata de una serie de contratos que en menos de un año ya casi suman un monto equivalente al que Cosase obtuvo entre 2005 y 2008, según los registros oficiales de adquisiciones del Estado.

Menéndez, quien en una entrevista con El Faro hace dos años explicó que él siempre había sido un colaborador del partido Arena, parece estar teniendo un mejor desempeño ahora con el primer gobierno de izquierdas de El Salvador. Incluso está brindando servicios de seguridad en una institución vinculada al tema que más afligió a los salvadoreños en el último año: la seguridad. Mientras el gabinete de Seguridad del gobierno debatía si convenía o no la propuesta de sacar al ejército a vigilar las calles del país, con la licitación No. DR-CAFTA-LA-MJSP-DGCP-19/2009, “Adquisición de equipo de seguridad electrónico para ser utilizado en los diferentes centros penales de la Dirección General de Centros Penales, dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública”, esta cartera otorgó a Cosase 142 mil 328.00 para proveer al gobierno de detectores de metal manuales y sillas escaneadoras de genitales humanos. Es el quinto contrato más jugoso de todos los que ha obtenido.

El resto de adjudicaciones se refieren, además de la prestación de equipos técnicos, a las contrataciones directas de agentes de seguridad. Estas no sobrepasan los 100 mil dólares, pero en conjunto ayudan a la compañía de seguridad de Menéndez para que sume, entre todas, 2 millones 555 mil 201.02 dólares. Esta cantidad sobrepasa la tercera parte del total de recursos destinados al rubro de seguridad privada en las 52 contrataciones reportadas entre julio de 2009 y mayo de 2010 por Hacienda, cuyo monto asciende a 6 millones 10 mil 596.73 dólares.

En un país sumido en una crisis de violencia e inseguridad, resulta curioso que lo destinado a la protección privada sobrepase al rubro “dirección y administración institucional” del Ministerio de Justicia (5 millones 655 mil 645); y que lo ganado por Cosase sea comparable en monto a lo destinado para la prevención de la violencia (2 millones 735 mil 415), según la Ley del Presupuesto de 2010.

Estas 52 contrataciones no son necesariamente todas las realizadas por el Órgano Ejecutivo, pero sí las únicas dispuestas al público por el Ministerio de Hacienda en su módulo de divulgación “Comprasal”.

Cosase es una empresa de seguridad cuya visión y misión es convertirse en la “líder” del país en este rubro. Este 2010, para el caso de los concursos con instituciones del Ejecutivo, lo ha conseguido, pues se ha llevado más del 40% del pastel de contrataciones adjudicadas durante la presente administración.

Hay una empresa que en esos 52 casos encontrados este último año ha logrado empatarla en número de adjudicaciones. Esta se llama Servicios de Seguridad Privada, S.A. de C.V. Sin embargo, la diferencia entre ambas radica en que si Cosase se llevó más de 2 millones y medio, la otra solo obtuvo contratos por 633 mil 307.60 dólares con igual número de adjudicaciones ganadas.

Una tercera (Sistemas de Seguridad y Limpieza, S.A. de C.V.), con 14 triunfos, solo llegó a 631 mil 142 dólares. Estas dos, más las otras 11 agencias que han obtenido contratos han obtenido menos del 58% de los montos contratados.

Aunque la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) prevé la posibilidad de conflictos de intereses o de tráfico de influencias y establece las vacunas respectivas, sus prohibiciones aparentemente no alcanzan para este caso. La ley, emitida durante el gobierno arenero de Francisco Flores, prohibió solo a los miembros del Consejo de Ministros la participación en este tipo de concursos. Sin embargo, Menéndez no está dentro de ese rango, a pesar de su cercanía con el presidente y de tener un nombramiento como presidente del Cifco.

Menéndez, a juzgar por las cifras, ya era muy exitoso en el pasado. Para 2008, ya había conseguido con su empresa que casi una tercera parte de 54 contratos otorgados entre 2005 y ese año se fueran a sus manos. Con esas 15 adjudicaciones obtuvo un monto de 2.8 millones de dólares, y aproximadamente un 30% del total que se sometió a licitación.

En este nuevo período, sin embargo, su ritmo de triunfos ha mejorado, y no solo ha acaparado el 42% de los montos otorgados, sino que al ritmo actual, en tres años habría obtenido 7.5 millones de dólares en contratos con el Ejecutivo.

El caso de Menéndez es comparable al que El Faro reportó en enero pasado. En esa ocasión, este periódico informó que  en diciembre de 2009, el gobierno del presidente Funes acordó junto a 17 oficinas adscritas a la Presidencia contratar a Polistepeque S.A de C.V. como la única prestadora de servicios de publicidad. Polistepeque comparte con Cosase una característica: su dueño es Joao Santana, el asesor de campaña presidencial y a quien el mandatario ha llamado su amigo.

Menéndez, antes de convertirse en presidente del Cifco, anduvo para arriba y para abajo con el presidente Funes: saludando a la selección de fútbol antes de su encuentro triunfal contra México, en las eliminatorias mundialistas, inaugurando obras sociales, etcétera. Mucho antes de eso, también anduvo cerca de él: cuando Funes era candidato.

Menéndez fue uno de los miembros originales del movimiento cívico político Amigos de Mauricio, y hoy es, junto a otros siete de los ocho miembros originales, funcionario de gobierno. Hace tres semanas, Menéndez participó junto a todos estos –y el presidente Funes- en el lanzamiento del denominado “Movimiento Amigos por el Cambio”, en una hacienda ubicada en Apaneca, Ahuachapán.

Menéndez es un empresario exitoso. Además de Cosase tiene otras empresas. Una de ellas lleva su mote “Mecafé”, otra es Kawaki (el principal exportador de productos plásticos de El Salvador, desde ventiladores hasta archiveros), también tiene la estación de combustible Horse Power, con su tienda de conveniencia. Según el Registro de Comercio, Mecafé, S.A. de C.V. presenta un capital social mínimo de 10 millones de colones (1.14 millones de dólares). Menéndez tiene un circuito de oficinas en donde también está su empresa de seguridad. En esta última tiene un polígono de tiro, a donde desde 2008 llega a relajarse, disparando, el presidente Funes. Los sábados es usual ver el equipo de custodia del presidente en las afueras de las instalaciones de Cosase.

La Lacap es una ley aprobada en el año 2000, y entre los diputados que mocionaron la propuesta se encuentra el arenero Roberto d’Aubuisson. Se le preguntó a él, entonces, que definiera cuál era el espíritu de la ley al prohibir a los ministros –y funcionarios en sus instituciones- de participar de concursos públicos y él respondió lo siguiente:

“El espíritu es transparentar los procesos y que no haya posibilidad de que haya fuga de información o de que puedan utilizar información privilegiada. Así como también reducir el compadrazgo, el amiguismo entre funcionarios, en el sentido de que pudiera darse un tráfico de influencias”, dijo.

Desde el año de su aprobación, en la Comisión de Hacienda hay más de 60 propuestas de reforma a la ley, que siguen estancadas. Incluso Funes se sumó al llamado de una reforma a la misma cuando, al final de su campaña electoral, se comprometió a tratar el tema frente a Transparencia Internacional.

Para Jaime López, especialista en transparencia y combate a la corrupción –hoy coordinador del capítulo El Salvador de la organización Transparencia Internacional- el problema con la ley y con este tipo de casos es el conflicto de intereses.

“Estos casos entran en un área gris: no necesariamente incurren en una violación legal, pero definitivamente el público no puede ver en claridad si está actuando en función de la ley o en función de su interés propio”, plantea.

Según López, en todo el mundo hay una serie de cruces entre lo político y lo privado que exigen una costura fina a la hora de hilar las restricciones y prohibiciones en materia de contrataciones. ¿Hasta dónde está el límite? López cree que una ley más clara y una fiscalización real pueden ayudar a disipar cualquier duda.

“En otros países lo que se pide es que los funcionarios con alto poder de decisión o ligados directamente a los tomadores de decisión depositen sus acciones en un despacho jurídico, que lo separa de las actividades de sus empresas. Ese despacho administra acciones y negocios. Eso pasó en Chile con el nuevo presidente, por ejemplo”, dice.

En el caso de las contrataciones de Cosase, El Faro pidió a todas las instituciones involucradas una explicación sobre estos procesos, pero al cierre de esta nota sólo seis respondieron.

El titular del ISRI, JoséVicente Coto, dijo que Cosase es la única empresa que llega a ofrecer sus servicios, desde 2006, y que por tanto en base a evaluaciones del mercado privado, la institución acepta y aprueba  los montos ofrecidos. En el FISDL y Fonavipo, las autoridades informaron que para este año solo compitieron dos empresas y que Cosase ganó porque la otra empresa no cumplió con la solvencia de la Policía Nacional Civil que exigen las bases de licitación. En ambos casos, la empresa que perdió fue Máxima Seguridad Legal, que sí ganó una licitación para este 2010 con INPEP. En Conamype se informó que, de cuatro concursantes, solo Cosase entregó oferta económica, por lo que las demás fueron descartadas del concurso.

En el Ministerio de Hacienda, el delegado de prensa, Roberto Mejía, dijo creer que no se podía dar ningún tipo de información y que averiguaría si podían explicar algo o no. En el Ministerio de Educación, el ministro y vicepresidente Salvador Sánchez Cerén dijo “desconocer” de la adjudicación de casi medio millón de dólares en la institución que dirige, aunque se supone que es quien firma la orden de compra. Sánchez Cerén pidió que se le enviara el dato para investigar. Se le envió por medio de su asistente de prensa el número de licitación y el monto adjudicado, pero al cierre de esta nota tampoco dio respuesta.

Sobre este caso, el subsecretario de Transaprencia, Marcos Rodríguez, dijo que dados los fuertes lazos de amistad que unen al presidente con Miguel Menéndez, es una buena razón para preguntar a las instituciones que adjudicaron esos contratos si estos fueron hechos con transparencia. También, dijo, es una buena oportunidad para que estos respondan.

El secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Franzi Hasbún, invitó a este medio a presentar pruebas para su análisis en la Secretaría que él dirige: “Si ustedes tienen datos los pueden pasar a la Secretaría. Tenemos un equipo de trabajo que indaga esos datos. ¿Qué le puedo decir? Entréguenlos. Entreguen esos datos”, añadió, luego de presentar la mesa coordinadora del plan de Transparencia y Combate a la Corrupción del Ejecutivo.

Cuando hace dos años Menéndez se lanzó a la campaña por la candidatura de  Funes, explicó que antes no se le hubiera ocurrido apoyar al candidato presidencial efemelenista porque le habían convencido de que si ganaba el FMLN y tenía tres casas, le iban a quitar dos y le iban a dejar solo una. “Me cambió el panorama Mauricio, de lo contrario, no me hubiera acercado. Gerardo (Cáceres) lo decía un día de estos: ‘Si Mauricio es más derechista incluso que uno’”.

En aquellos albores electorales, Menéndez era el enlace del movimiento con el sector empresarial del país. Por sus andanzas, incluso colegas empresarios lo amenazaron con rescindir los contratos con su empresa de seguridad si no ponía fin a sus vinculaciones políticas.

El Faro intentó obtener una reacción de Miguel Menéndez, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.