El presidente Sebastián Piñera rechazó la petición de las iglesias católica y evangélica de indultar a los violadores de derechos humanos y sólo perdonará a reos comunes, pero en forma muy restrictiva y caso a caso.
En un mensaje transmitido el domingo por televisión, el mandatario también informó que se permitirá a los reos extranjeros cumplir el resto de sus condenas en sus países de origen.
La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, dijo el domingo a la AP que el anuncio de Piñera 'es positivo', pero que desean conocer los alcances exactos del anuncio.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, expresó a la televisión estatal que Piñera tomó en cuenta el fondo de la propuesta de la Iglesia católica sobre el mejoramiento del sistema carcelario.
'El presidente ha dado señales muy claras de que van a preocuparse de aquello', afirmó Goic.
El obispo evangélico Emiliano Soto dijo que el gobernante acogió 'casi en un 90% la propuesta del mundo evangélico'.
Piñera dijo que el debate suscitado ante las propuestas de las iglesias indicó que los indultos por violaciones a los derechos humanos 'siguen generando tensiones y divisiones entre los chilenos, y que muchas veces han reabierto viejas heridas y rencores del pasado', en alusión a la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
'He llegado al convencimiento que no es ni prudente ni conveniente, en los actuales tiempos y circunstancias, promover una nueva ley de indulto general', anunció.
Anticipó que usará su facultad presidencial de indulto particular, 'pero en forma muy prudente y muy restrictiva, analizando con mucho cuidado, caso a caso' las consideraciones de carácter humanitario.
El mandatario señaló que 'quedarán excluidos de estos beneficios aquellos condenados por delitos especialmente graves, como lo son los delitos de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico, homicidio, hechos de sangre, violaciones o abusos contra menores'.
Entre las consideraciones para indultar están la edad avanzada, enfermedades terminales y otras razones humanitarias que no especificó.
Se comprometió a construir más y mejores cárceles. Los reos comunes son poco más de 50 mil.
Karina Fernández, abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, precisó que de unos 700 militares enjuiciados por abusos, 220 están condenados, de los cuales 144 reciben beneficios carcelarios y sólo 64 cumplen su castigo en prisión.
García, de la AFDD, agregó que el anuncio presidencial es 'positivo en el sentido de que aparentemente quedarían excluidos los violadores a los derechos humanos'.
Pero recordó que en Chile el delito de lesa humanidad no está tipificado legalmente, por lo que 'nos preocupa de que finalmente los condenados por distintas tipificaciones, pero que corresponden a violadores a los derechos humanos, puedan entrar en alguna categoría que los haga susceptibles de ser indultados'.
El ex vicecomandante del ejercito y presidente de la Fundacion 'Chile mi Patria', general retirado Rafael Villarroel, apuntó precisamente al punto que preocupa a las familias de las víctimas de la dictadura.
Expresó su anhelo de que Piñera 'considere todos los aspectos humanitarios que hay que considerar en relación al personal en retiro de la defensa nacional que está sometido a proceso o condenados'.
Esto es porque los militares piensan que, aunque Piñera excluya del indulto a los responsables de crímenes de lesa humanidad, creen que hay represores que podrían ser favorecidos por no haber cometido delitos de sangre, como los que efectuaron torturas.
Las peticiones de indultos formuladas la semana última se hicieron con ocasión del bicentenario de la independencia, el cual se cumple en septiembre.
La jerarquía católica incluyó a los represores, lo que desató una fuerte resistencia de los familiares de las víctimas de la dictadura, más de 3 mil opositores muertos y desaparecidos, y de la oposición de centro-izquierda.
Mientras los delincuentes comunes viven hacinados, los represores se encuentran en dos penales exclusivos para ellos, cuentan con piezas individuales, comedores, cocinas equipadas, nutricionista, personal que les cocina, comedores independientes, enfermería, así como canchas de fútbol y tenis, según un reciente informe de la fiscalía de la Corte Suprema.
