El nivel de violencia criminal de un país suele establecerse, a escala internacional, a partir de las cifras oficiales del delito de homicidio, fijando una tasa por cada 100,000 habitantes para efectos comparativos. Con base en este criterio, es un hecho consabido e incontrovertible que El Salvador es uno de los países con mayor violencia criminal de América Latina y del mundo. El sistema de Naciones Unidas identifica que el país reporta una tasa nacional de 71 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo que constituye un nivel absolutamente alarmante. En lo que respecta al estado de la seguridad ciudadana, estamos sufriendo de “cáncer”.
Como planteé en una columna anterior, la participación comunitaria resulta indispensable en esta incómoda situación “cancerosa”, siempre que sea en un plano estrictamente preventivo. Es decir, para incrementar la eficacia del tratamiento es preciso que “el paciente” ponga de su parte –coma sanamente, deje de fumar–, a fin de evitar que este “cáncer” que nos corroe aumente aún más su agresividad (no se puede esperar, desde luego, que el paciente se anestesie, agarre un bisturí y se opere a sí mismo).
Sin embargo, con facilidad nuestra sociedad expresa desde desconcierto hasta resistencia frente a la idea de la corresponsabilidad en la seguridad ciudadana, lo cual es típico de contextos convulsos como en el que vivimos. Se suele desear una intervención invasiva y radical de parte de “los médicos” (el Estado) –sin preguntas ni consultas–, y se cuestiona, por ejemplo, si tiene caso hablar de prevención y de participación comunitaria en un país que ya padece altos índices de violencia criminal, pensando que eso equivaldría a preguntarse si en verdad es útil comer sanamente o dejar de fumar cuando se sufre un “cáncer” tan avanzado como el que tenemos. Esta actitud ciudadana de escepticismo es muy normal, en una situación anormal.
En esta realidad, hablar de prevención y de participación comunitaria supone reconocer que la violencia criminal que nos afecta no se reparte por igual en todo el país, ni en frecuencia ni en intensidad (no todos “los órganos” se nos están muriendo al mismo ritmo). Desde un punto de vista criminológico, contamos con regiones, sectores, comunidades y colonias en circunstancias muy diversas, distintas unas de otras, por lo que no sería correcto hacer exactamente lo mismo en todas partes (ni en prevención, ni en control). De igual modo, no sería apropiado esperar que la participación comunitaria despierte la misma disposición y tenga la misma efectividad en toda la población nacional. Hay que tener claro que, en el marco de la seguridad ciudadana, existen diferentes tipos de prevención, tipos de participación y tipos de comunidades.
Con apoyo en los conceptos surgidos en la salud pública, se dice que existen tres tipos básicos de prevención: primaria, secundaria y terciaria. Aunque su aplicación al ámbito de la seguridad ciudadana tiene sus bemoles, se puede afirmar que, en términos sencillos, el objetivo central de la prevención primaria es potenciar factores de protección; el de la prevención secundaria es reducir factores de riesgo, y el de la prevención terciaria es desarrollar procesos de resocialización o rehabilitación y de resarcimiento de daños. Asimismo, la prevención primaria se dirige al público en general; la prevención secundaria se orienta a personas consideradas en riesgo de causar o sufrir victimización, y la prevención terciaria se enfoca en aquellas personas que ya han causado o sufrido victimización (este último tiene traslapes con la impartición de justicia, por lo que lo dejaré fuera de este análisis).
En primer lugar, existen zonas, incluso municipios enteros, que presentan tasas bajísimas de homicidios, las cuales han sido estables durante varios años. En estas zonas “sanas”, justamente, es necesario fortalecer todos aquellos factores que explican su buen estado de salud. Y en segundo lugar, existen zonas, municipios enteros, que presentan tasas altísimas de homicidios, las cuales también han sido estables a lo largo de los años. En estas zonas “en riesgo”, en cambio, hay que combatir todos aquellos factores que han hecho posible su mal estado de salud.
En las zonas “sanas” se pueden impulsar, con mayor probabilidad de éxito, los esfuerzos de prevención primaria (que es lo que comúnmente se entiende por “prevención” a secas), los cuales incluyen proyectos de organización comunitaria, estrategias de establecimiento y cumplimiento de normas de convivencia, programas de policía comunitaria, entre otras iniciativas, en donde la participación de la comunidad es inexcusable, y debe adquirir un cariz más protagónico. En esta categoría se ubican tanto zonas urbanas como rurales, condominios habitacionales y cantones, zonas residenciales y pueblos, los cuales cumplen con la condición de no haber desarrollado un “cuadro delictivo”.
En las zonas “en riesgo”, por el contrario, además de lo anterior, se deben llevar a cabo esfuerzos encaminados a recuperar la presencia estatal. En estas áreas sí hay que usar “quimioterapia y radiación”, metiendo cualquier cantidad de recursos públicos en materia de educación, empleo, vivienda, recreación, presencia policial, etc. En esta categoría la participación comunitaria es más excusable, y puede adoptar un aspecto más presencial, al menos en principio. Acá, de nueva cuenta, se encuentran zonas urbanas y rurales, condominios habitacionales y cantones, zonas residenciales y pueblos, con la característica de estar ya presentando un “cuadro delictivo”.
Aquí es donde hay que tener cuidado en la lectura, puesto que es donde estriba el engaño, la trampa en la que cae la actitud ciudadana de escepticismo. Debido a lo abrumador del estado de nuestra seguridad ciudadana, se crea la ilusión de que todo el país está viviendo en situación de riesgo, y esto no es cierto, sin negar que una buena parte de nuestras comunidades en efecto lo estén.
Como ejercicio de comparación, la Revista Proceso ha publicado recientemente una reseña del libro Ciudad del crimen, sobre Ciudad Juárez, del escritor y periodista Charles Bowden, quien sostiene que, en este tipo de zonas, “(…) Hay dos maneras de estar a salvo y cuerdo. Una de ellas es el silencio, fingir que no ha pasado nada y negarse a decir en voz alta lo que pasó. La otra es un pensamiento mágico, inventar explicaciones para eso que te rehúsas a decir, y gracias a estas explicaciones vas desestimando esa cosa que no puede llegar a tus labios.”
Y hay una manera más de sobrevivir: formar parte del problema. El mismo Bowden apunta “(…) En Ciudad Juárez la nómina de los empleados en la industria de la droga supera la nómina de pago de todas las fábricas de la ciudad, y Juárez tiene la mayoría de las fábricas, y se dice que el menor índice de desempleo de México. No hay familia en la ciudad que no tenga un familiar en la industria de la droga, ni hay nadie que no pueda señalar narcos y sus hermosas casas, o que tenga reparos en usar las iglesias construidas con narcodólares. Todo el tejido social de Juárez se basa en el dinero del narcotráfico. Es la única esperanza posible para los pobres, los valientes y los condenados.”
El Salvador en su conjunto, no obstante, no es como Bowden pinta a Ciudad Juárez, aunque haya zonas “en riesgo” completas que se acerquen mucho. Esta pérdida de control estatal no se presenta por igual en todo el país. De llegar ahí, habrá que someterse a una “cirugía general” como último recurso, en virtud de lo cual el Estado ya no podrá esperar tanto protagonismo de ciertos segmentos de la ciudadanía y deberá encargarse de casi la totalidad de la problemática.
Mientras aún haya zonas “sanas”, se puede seguir actuando preventivamente y promoviendo la participación comunitaria (es más, con seguridad en Juárez todavía hay zonas y personas que justifican lo mismo). En definitiva, aún podemos hablar de la necesidad de “comer sanamente y dejar de fumar”, con miras a reducir las posibilidades de afrontar una “metástasis” y evitar el arribo a un “cáncer terminal”.
*El autor es asesor de seguridad pública
