Las autoridades que revisan la sentencia de muerte por lapidación de una mujer iraní acusada de adulterio aún pueden impedir el castigo, dijo un funcionario el domingo, en momentos en que Irán enfrenta duras críticas en todo el mundo debido al caso.
Las declaraciones, sin embargo, no ofrecen pruebas claras de que el poder judicial iraní conmutaría la sentencia contra Sakineh Mohammadi Ashtiani, quien fue sacada de prisión el sábado para reunirse con periodistas. El encuentro fue otro intento de las autoridades del país de destacar la supuesta confesión de la mujer, de que ayudó a su amante para matar a su esposo.
Ashtiani —quien había aparecido previamente en la televisión estatal— negó haber sido torturada en prisión y admitió ser cómplice del asesinato. Mientras hablaba estaban presentes agentes de seguridad.
Las autoridades iraníes también usaron su breve aparición ante los medios para contrarrestar la presión para liberar a dos periodistas alemanes arrestados tras intentar entrevistar al hijo de Ashtiani, quien ayudó a impulsar la condena internacional contra la lapidación. Ashtiani dijo que planea demandar a los dos alemanes y a otros si es liberada.
Las amenazas de demandas contra ellos han sido consideradas como una advertencia para que los activistas y medios internacionales se mantengan alejados del caso.
Malek Ajdar Sharifi, director del Departamento de Justicia en la provincia de Azerbaiyán del Este —donde Ashtiani está encarcelada— dijo a la agencia noticiosa Fars que su caso aún está bajo revisión y que la sentencia por lapidación podría ser anulada.
'Todo es posible', dijo, pero no especificó si aún podría ser condenada a morir, ya no por lapidación sino en la horca, que es la forma más común de condena de muerte en Irán.
Sharifi dijo que hay 'algunas ambigüedades en las pruebas' del asesinato de su marido.
Ashtiani fue acusada de adulterio en 2006 tras el asesinato de su esposo y fue sentenciada a morir lapidada. Ante la fuerte condena internacional, la sentencia fue suspendida y está siendo revisada por la Corte Suprema.
