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Nacionales / Transparencia
Las inconsistencias del juicio Parlacen

Una de las pruebas contra los supuestos culpables del asesinato de los diputados salvadoreños y su motorista es una conversación telefónica cuyo contenido nadie sabe. Otras son los móviles distintos que aducen dos testigos, el “análisis” de policías acusados de otros crímenes, y las pesquisas de tres acusados de formar una red de secuestradores, asesinos y narcotráfico.


Fecha inválida
Rodrigo Baires Quezada

Manuel Castillo Medrano, acusado de ser uno de los autores intelectuales en el Caso Parlacen, espera en la celda de los tribunales antes de escuchar el veredicto final.
 
Manuel Castillo Medrano, acusado de ser uno de los autores intelectuales en el Caso Parlacen, espera en la celda de los tribunales antes de escuchar el veredicto final.

Manuel de Jesús Castillo Medrano guardó silencio. Lo acababan de condenar a 200 años de cárcel por el asesinato de tres diputados salvadoreños y su motorista, crímenes ocurridos casi cuatro años atrás, el 19 de febrero de 2007. El Ministerio Público guatemalteco lo acusó de ser uno de los autores intelectuales del crimen y de haber puesto como enlace de toda la operación a un hombre de su total confianza para no exponerse públicamente. Lo incriminaban, según los jueces que lo hallaron culpable, un móvil incierto, una llamada telefónica de cuyo contenido nadie sabe, dos testigos protegidos que se contradecían entre sí y, al igual que al resto de implicados hallados culpables, una investigación dirigida por ex funcionarios que ahora -todos- están siendo procesados por supuestamente pertenecer a una red de exterminio que cometió una serie de asesinatos extrajudiciales en Guatemala entre 2004 y 2007.

Castillo Medrano, ex diputado investigado desde 2005 por supuestas vinculaciones con bandas de narcotráfico y por el asesinato de los tres políticos y su conductor, fue sentenciado el 1 de diciembre de 2010. Él, desde su detención en enero de 2008, dijo que era una conspiración en su contra, que los verdaderos culpables una vez estuvieron en los puestos más altos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio de Gobernación guatemalteco. “La hipótesis del Ministerio Público es fabricada, no investigada”, dijo en una entrevista a El Faro.

La jueza Yazmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero de Alto Riesgo, no lo creyó así y, por el contrario, creyó lo que le presentó el Ministerio Público y lo condenó a él y a otros seis a centenares de años en prisión. Y por primera vez en todo el juicio, Manolito, como se le conocía desde que asumió una curul del Congreso de Guatemala en 2004, bajó el rostro hacia el suelo, pidió a los periodistas darle un minuto a solas con su familia y sus abogados, y luego regresó a lo suyo: “Todo es falso... todo el juicio es una mentira”, dijo. Se aflojó el nudo de la corbata y habló de apelar el fallo, de que todavía no estaba todo perdido. Pero lucía cansado, sin las fuerzas necesarias para alzar la voz como había hecho en días anteriores. Se le veía derrotado.

Un día atrás, el tribunal había dado paso a las peticiones finales de los imputados, un espacio para que los acusados se dirigieran al colegiado de jueces. Según Medrano Castillo, él era como Jesucristo y, como tal, estaba siendo juzgado injustamente; el MP, el Pilatos de un juicio que no era más que una farsa. La comparación sacó más de una risa entre los asistentes a la vista pública, colmó la paciencia de la jueza, quien le recordó que la fase de testimonios había terminado y que se centrara en su petición. Manolito la hizo: “Solicito que se me declare inocente de todo cargo”.

A la derecha, sentado a la mesa de acusadores, Edwin Elías Marroquín, fiscal asignado al caso, dibujó una sonrisa de medio lado. Minutos después, sentado en una banca en los pasillos de la torre de Tribunales, en la Zona 1, y acuerpado por sus guardaespaldas, aseguró que la Fiscalía tenía un caso sólido. “Tenemos todas las pruebas que demuestran su culpabilidad. (Castillo Medrano) Hizo que sospecháramos de él cuando se negó a proporcionar la identidad de ‘Montaña 3’”, relató el fiscal. A partir de entonces, el Ministerio Público lo relacionó con el caso. “¿Por qué no da el nombre de este individuo que es enlace entre los autores materiales y los intelectuales? Obviamente porque sabía que se iba a descubrir esta estructura criminal”, concluyó el fiscal en una entrevista con El Faro.

Entre las supuestas pruebas del MP estaban las bitácoras de llamadas telefónicas entre los acusados, y una en particular era clave para vincular a Castillo Medrano con la autoría intelectual de los cuatro asesinatos. “Qué casualidad que a las 8:50 horas hay una llamada de ‘Montaña 3’ a Castillo Medrano, más cuando sabemos que a esa hora llegan los diputados a la frontera”, dijo Marroquín. Según las investigaciones del MP, “Montaña 3” era el alias utilizado por Carlos Alberto Gutiérrez Arévalo. Lo decía un testigo, que reconoció su número telefónico por haber hecho con él la compraventa de un vehículo. Ese mismo número estaba en las agendas telefónicas de Mario Javier Lemus Escobar, alias “Yegua Arisca”, y su primo Obdulio Estuardo de León Lemus, alias “El Gato”, miembros de una banda criminal de Jalpatagua, Guatemala, que habían participado en el crimen.

En febrero de 2007, Manuel de Jesús Castillo Medrano tenía un teléfono celular Nokia 6131. Cuatro meses atrás, Carlos Boj, encargado de inventarios del Congreso de la República, le había entregado el aparato al diputado independiente. El número asignado, parte del paquete corporativo contratado por parlamento a la empresa Tigo Guatemala, era el 59900795 y lo utilizaba desde el 21 de enero de 2004. Según la bitácora enviada por empresa telefónica al MP, el celular de Manolito sonó a las a las 8:50:41 de la mañana del 19 de febrero. Le llamaban una persona del número 55276421 y la conversación que sostuvo duró 30 segundos exactos. Nadie, excepto él y su interlocutor, saben qué se dijo en ella porque no hubo grabación de la misma. Aún así, la conclusión del MP es única: Esa llamada marcó el inicio de toda la operación que terminó con el asesinato de los diputados y su motorista. “La hora coincide”, dijo Marroquín.

La vinculación del ex diputado arrancaba de esa coincidencia. El análisis telefónico realizado por la Fuerza de Tarea del Ministerio de Gobernación (MG), terminaba de vincular el caso a “Montaña 3” y Castillo Medrano. Según la hipótesis del MP, tras esos 30 segundos de conversación, “Montaña 3” se comunicó con Lemus Escobar y el operativo de intercepción del vehículo de los diputados inició. Este último habría llamado a Jeiner Estuardo Barillas Recinos, agente de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala y contacto entre los policías y la banda de Jalpatagua. Al mediodía, “Montaña 3” se comunicó de nuevo con Lemus Escobar y con De León Lemus. ¿Qué hablaron? Nadie lo sabe. Según las autoridades guatemaltecas, eran comunicaciones en las que se dieron las órdenes finales: asesinar a los diputados y a su motorista, y luego quemar los cuerpos y el vehículo. Gutiérrez Arévalo nunca aceptó o negó que hiciera las llamadas con los primos Lemus. Cuando declaró durante el juicio, se centró en la única llamada que hizo a Castillo Medrano ese día. “Fue por trabajo”, aseguró y recordó que trabajaba en la bancada legislativa del entonces diputado.

La cabeza de los acusadores, sin embargo, siempre se mantuvo firme en que en esa llamada de medio minuto de duración, Castillo fue notificado de que los diputados salvadoreños que horas después iban a morir asesinados, estaban entrando a Guatemala vía terrestres. ¿Cómo supo que eso fue lo que platicaron? Marroquín no lo supo, pero supone que no pudo haber ocurrido otra cosa y esa conclusión fue la 'prueba' que le validó el tribunal.

¿Una llamada telefónica de cuyo contenido no se tiene prueba es suficiente para inculpar a alguien como autor intelectual de un múltiple asesinato? En septiembre de 2008, Marroquín reconoció que no. Entonces, durante en conferencia de prensa en El Salvador, el fiscal guatemalteco dijo que en el caso de Castillo Medrano se tenían pruebas reservadas que apuntalaban la hipótesis del MP, que la misma no se sostenía solamente en el análisis hecho por Gobernación. Las pruebas adicionales eran los testimonios de dos testigos protegidos y la relación personal que el ex diputado guatemalteco mantenía con Montaña 3, a quien el entonces congresista le había conseguido trabajo en el Congreso de la República y servido de fiador en un crédito hipotecario.

Dos años transcurrieron desde los cuatro homicidios para que el MP tuviera claro el móvil: en febrero de 2009 concluyó que el motivo había sido la venganza contra el diputado Eduardo d’Aubisson. Los dos testigos hablaban de ello. La diferencia eran los motivos para vengarse. Según el primero de los testigos, D’Aubisson era informante de la DEA y había delatado a Roberto Carlos Silva Pereira, ex diputado suplente del Partido de Conciliación Nacional (PNC). El segundo testigo decía que era por el desafuero de Silva Pereira y que se vengarían haciendo un tumbe de drogas o dinero en el que serían asesinados los ocupantes del vehículo. Aunque parecidos, los móviles eran muy diferentes. En uno, el propósito era vengarse de D´Aubuisson por una conducta específica de este, mientras en el otro había el propósito de robar drogas y asesinar a los diputados de Arena por una conducta del partido.

Según los juzgadores, los testimonios de los testigos protegidos, a pesar de que describían móviles diferentes, se complementaban y, con el resto de pruebas dispuestas por el MP, eran suficientes para culpar a Castillo Medrano. A pesar de la confianza del MP y los juzgadores en la hipótesis oficial, en el aire quedaron varias preguntas que nunca se respondieron: ¿Desde cuándo, según las investigaciones, se conocían Silva Pereira y Manolito? ¿Qué tipo de relación mantenían? ¿Qué ganaba Castillo Medrano con ayudar al diputado salvadoreño? ¿Por qué vengarse de Eduardo d’Aubuisson si él no era diputado de la Asamblea Legislativa y no podía votar por el desafuero de Silva Pereira, algo que sí hicieron 83 diputados de cinco partidos políticos diferentes -incluyendo al mismo partido de Silva Pereira- y que le dieron la espalda? ¿Qué significaba esa “puesta de dedo” con la DEA, cuando el diputado Silva Pereira, según la Fiscalía salvadoreña, no era perseguido por tráfico de drogas? ¿Había un cargamento de drogas o dinero en el vehículo del diputado William Pichinte? Ninguna de ellas se contestó en el juicio.

Esa noche, vencido en juicio, Manolito repitió su hipótesis: “¿Acaso era policía, acaso era director de la PNC o el ministro de Gobernación? Los policías muertos fueron los que asesinaron a los diputados... y los autores intelectuales, los verdaderos culpables, siguen libres”, acusó y la seguridad de centros penitenciarios lo escoltó fuera de la sala de audiencias.

* * *

El lunes 23 de julio de 2007, a las 7:30 de la mañana, la PNC de Guatemala detuvo a Carlos Humberto Orellana Aroche, ex agente de la División de Investigación Criminal (Dinc). Los agentes policiales de la Fuerza de Tarea del Ministerio de Gobernación, “Los Riveritas”, lo interceptaron en un camino de terracería que conduce del caserío Flor de la Esperanza a la cooperativa del mismo nombre, en el norteño municipio La Libertad, Petén, un tanto cerca de la frontera con México. Estaba viviendo con su tía, trabajaba como agricultor en la zona y no opuso resistencia alguna al arresto

Horas después, un grupo de policías con cascos balísticos, armas largas y ponchos camuflados escoltaban a Orellana Aroche por la pista aérea donde lo dejó el helicóptero en que fue trasladado desde Petén. Él, con el pelo alborotado, las manos esposadas al frente y protegido con un chaleco antibalas, caminó con la mirada puesta en el suelo. Horas después sería trasladado a la Torre de Tribunales, en la Zona 1, para escuchar que lo acusaban de asesinato, conspiración y asociación ilícita. Él apenas habló. Solo dijo que temía por su vida.

Orellana Aroche era el sexto miembro de la Policía detenido por los asesinatos. “Sabemos que él conducía el carro Yaris usado para matar a los funcionarios”, dijo el fiscal Marroquín a los periodistas que cubrían la captura y recordó que de todos los policías involucrados solo quedaba pendiente la captura de Jeiner Ercides Barillas Recinos, alias “Vaso de leche”. Marroquín lo repetiría tras escuchar el veredicto de la jueza del tribunal, 40 meses después: “Sólo falta un ex policía, solo falta Barillas”.

Cinco meses antes de la captura de Orellana Aroche, el jueves 22 de febrero de 2007, las autoridades guatemaltecas aseguraron que seis policías, todos de la División de Investigación Criminal (Dinc) y actuando al margen de la institución, participaron en el asesinato de los cuatro salvadoreños. Los vinculaba el sistema de posicionamiento global (GPS) del Yaris de la Policía que había sido asignado a ellos la mañana del lunes 19 de febrero, día del crimen. La placa del vehículo, diría Víctor Hugo Soto Diéguez, jefe de los policías, le fue dada por un informante y eso les permitió vincular inmediatamente a los agentes con los homicidios. Entonces, el nombre de Orellana Aroche no se mencionaba.

Ese día, según los oficios del proceso a los que tuvo acceso El Faro, Álvaro Vinicio Matus Flores, jefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, y Cándido Francisco Asencio Bremen, el segundo al mando de esa unidad, solicitaron al juez de Primera Instancia Penal, Marco Antonio Villeda Sandoval, la orden de aprehensión contra dichos agentes.

Carlos Vielmann, ex ministro de gobernación, junto al entonces presidente guatemalteco Óscar Berger. Vielmann, en medio del escándalo por la participación de policías en el caso Parlacen y su posterior asesinato en El Boquerón, dejó su cargo en abril de 2007.
 
Carlos Vielmann, ex ministro de gobernación, junto al entonces presidente guatemalteco Óscar Berger. Vielmann, en medio del escándalo por la participación de policías en el caso Parlacen y su posterior asesinato en El Boquerón, dejó su cargo en abril de 2007.

Tres semanas más tarde, el 13 de marzo, Carlos Roberto Vielmann Montes, entonces ministro de Gobernación, relató ante el Congreso de la República la captura de los primeros policías al responder la pregunta 13 del cuestionario de interpelación al que era sometido. Según dijo, a las 8:30 de la mañana de ese jueves, Luis Herrera López, José Korki López Arreaga, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Langen Escobar Méndez atendieron el llamado a una reunión en la sala de eventos del tercer piso de la sede de Gobernación. Se les había dicho que era una reunión de planificación multisectorial, algo común antes de operativos que necesitaban de la intervención conjunta de la policía y el Ministerio Público. Ahí, los cuatro fueron detenidos por seis agentes policiales y puestos a la orden de los tribunales.

“Dicha aprehensión se dio en el lugar antes descrito en virtud de haber evaluado los niveles de riesgo de hacer las capturas dentro de las instalaciones de la Dinc, tomando en cuenta que hubiera elementos de dicha división que pudieran oponerse a la captura de los mismos o facilitarles la fuga. Por ello se consideró que la sede del Ministerio reunía el ambiente y las medidas de seguridad necesarias para lograr dicha captura de manera eficaz y sin correr riesgos (...) Me permito entregar la respuesta número 13 debidamente certificada”, dijo Vielmann. Esa versión sería desvirtuada posteriormente por los informes de la Procuraduría para los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala y una serie de investigadores y testigos de las investigaciones.

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