El sábado 24 de febrero de 2007, Marvin Roberto Contreras Natareno se reunió con Vielmann y con el director de la PNC, Erwin Johann Sperisen Vernon. Dos días atrás, el subinspector de la Dinc se había convertido en uno de los hombres más buscados de Guatemala y decidió entregarse de forma voluntaria, según él mismo relata. Junto al director policial estaban sus subalternos inmediatos -Javier Estanislao Figueroa Díaz, subdirector general de investigaciones criminales, y Víctor Hugo Soto Diéguez, jefe de la Dinc-, los fiscales Álvaro Matus Flores y Cándido Francisco Asencio Bremen –las cabezas de la Fiscalía de Delitos contra la Vida-. Ahí estaba también una de las figuras claves y más oscuras de todo el caso, el venezolano Víctor Rivera, alias 'Zacarías', asesor de seguridad de Gobernación. Esa es la versión de Contreras Natareno.
En la versión oficial, según los registros de los tribunales, esa reunión nunca existió. El informe policial de su detención da cuenta de que Contreras Natareno se entregó de forma voluntaria cuatro días más tarde, el 28 de febrero. A las 2 de la tarde, según dijo Vielmann frente al Congreso, el subinspector de la Dinc llegó por sus medios a la oficina de Sperisen y una hora después, el entonces director general de la PNC lo puso a las órdenes del juzgado correspondiente. Un día después, Contreras Natareno brindó su testimonio frente a los fiscales. Todo empezaba a calzar perfectamente. Palabra por palabra, la teoría del MP tomaba forma en la versión de Contreras Natareno: confirmó la participación de todos los policías acusados, brindó los datos generales sobre la banda de Jalpatagua y de los vehículos utilizados en la operación. De él, aseguró, sólo había seguido órdenes de su jefe, Herrera López, y había dado seguridad a la entrada de la finca “La Concha”, donde fueron asesinados los diputados y su motorista, en las afueras de Guatemala, cerca de la carretera que conduce hacia El Salvador. Y todo esto lo contó casi sin pestañear ni perder la calma durante las casi tres horas y media que duró su relato. Esa es la versión oficial.
Esa misma calma mostró durante casi todo el juicio. La única vez que se molestó fue cuando el fiscal Marroquín dijo que él pertenecía a una banda que robaba cajas fuertes de casas particulares en El Salvador, aunque de ello nunca se aportó pruebas en todo el proceso. Tras eso, abrazado a su esposa, durante un receso, clavó una mirada penetrante a los periodistas salvadoreños reunidos en la sala de audiencias y dijo que el juicio era una farsa, que era un regalo para El Salvador, para quedar bien con el gobierno salvadoreño y para decir que la justicia guatemalteca funcionaba.
Un día después, justo cuando la jueza Yazmín Barrios cerró el proceso oral y público y ordenó un receso para iniciar con las deliberaciones finales, habló con serenidad: “Confío en que Dios haga justicia”, dijo a El Faro. Tenía esposas en sus muñecas y era protegido por un chaleco antibalas, el mismo que ocupaba hasta para ir al baño, a cinco metros de la entrada de sala de audiencias. Ese día pidió permiso a sus custodios para hablar unos minutos con los periodistas. Se sentó en la primera fila de bancas de la sala y volvió a contar su versión: tras la muerte de sus compañeros en El Boquerón, el 25 de febrero, aceptó un trato que le habían ofrecido sus jefes y mintió según el guion que le habían obligado a aprenderse mientras estuvo hospedado en un hotel de la Zona 1 y en una casa de seguridad, que manejaba Zacarías. Hasta después se dio cuenta de que cayó en una trampa bien preparada, dijo.
15 días después de su primera declaración, Contreras Natareno cambió radicalmente su testimonio, acusó a la PNC, al MP y al Ministerio de Gobernación de haberlo detenido ilegalmente y de haber sido forzado a aprenderse el relato que había dado en un inicio. “Me detuvieron ilegalmente durante cuatro días”, dijo el ex subinspector. Lo había repetido en el juicio, a los investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y a cuanto periodista se le acercaba durante todo el proceso. ¿Por qué lo hizo? “Por miedo”, dijo a El Faro, y porque confió en la palabra de sus jefes: “Me dijeron que si decía lo que me habían hecho aprenderme, me tratarían como testigo protegido durante el proceso... me engañaron.”
-Usted habló el 19 de febrero de 2007 con Luis Herrera...
-... Era mi jefe. Tenía que recibir órdenes...
-... Y estuvo en la gasolinera La Cuchilla...
-... Nunca he negado lo de los vídeos. Lo que sí niego es que yo haya matado a los diputados salvadoreños. Eso no lo hice.
-Pero usted da una declaración amplia en 2007, menciona su participación y una serie de detalles que sustentan la hipótesis del Ministerio Público...
-... Pero fue bajo amenazas, y eso declaré ante el tribunal. Amenazada mi propia vida y la de mi familia, a raíz de lo que había pasado en El Boquerón (el asesinato de los otros policías capturados). Bajo amenazas del mismo ministro de Gobernación, del director de la PNC, del fiscal Matus Flores, que llevaba el caso. Analizá esa declaración que hice, ¡de ahí se desprenden los testigos falsos! No cambiaron nada. A mí me prepararon con esa declaración. Como no cumplieron lo prometido, los denuncié. Y ellos siguieron con esa declaración...
-... Sin embargo, Roberto d’Aubuisson dice, en su declaración al tribunal, que creyó en el trabajo de las autoridades guatemaltecas...
-... Porque le mintieron. (Rodolfo) Delgado, el jefe contra crimen organizado (de la Fiscalía de El Salvador), llegó cuando estuve detenido ilegalmente. A él le hicieron ver lo que ya se había preparado. Él se lo cuenta a d’Aubuisson. Le mintieron. A mí me dijeron lo que tenía que decirle a Delgado.
-¿Es mentira todo lo que dijo en la primera declaración que hizo?
-Fue porque me dijeron que lo dijera...
-¿Por qué?
-Me dijeron que era para hacer algo por la patria. Todo eso presionado por Álvaro Matus y el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, para salvar mi vida y la vida de mi familia. Hoy ellos están siendo acusados. De mí, Carlos Vielmann dijo que era un asesino. ¿Y hoy? El que escupe al cielo, le cae en el rostro...
Se refiere a que Vielmann está acusado ahora de integrar una red a la que se atribuye asesinatos.
El primer testimonio de Contreras Natareno no fue aceptado durante el juicio; sin embargo, a pesar de que esas palabras sustentan la hipótesis del MP sobre cómo sucedieron, el relato del Ministerio Público no cambió. Sobre el acusado, el MP aseguraría que las bitácoras de llamadas entre todos los policías implicados lo colocaban, junto a Barillas Recinos, como uno de los “difusores” de las órdenes de todo la banda criminal. El análisis comunicacional presentado así lo estimaba y era un calco de esa declaración, que según el ex subinspector policial se amarró en la reunión que nunca existió para las autoridades guatemaltecas.
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Las normas de la interpelación a un funcionario público en Guatemala son claras: si los diputados del Congreso creen que cualquier funcionario ha mentido o no satisface las dudas por las que ha sido llamado al pleno, se puede determinar un voto de falta de confianza y exigir su separación del cargo. Eso pasó con Carlos Vielmann, tras cuatro días de interpelación por los asesinatos de los diputados al Parlacen. Para los diputados, incluyendo los del partido de gobierno en ese momento, el ex ministro de Gobernación había, al menos, ocultado información y no merecía seguir en ese cargo. Con el tiempo quedó demostrado que las primeras detenciones en el caso fueron ilegales y que todo el relato que él había hecho era una mentira. Sin embargo, lo que él relató es prácticamente sustento de la hipótesis con que Manolito y los demás fueron encontrados culpables posteriormente.
Por eso es que aquel 21 de febrero de 2007, dos días después de los asesinatos, el policía Luis Herrera López estaba muy molesto. Cerca de las 4 de la tarde, él había llegado al Ministerio de Gobernación junto a sus compañeros López Arreaga, Escobar Méndez y Gutiérrez. Tenían una reunión con su jefe, Víctor Hugo Soto Diéguez, a quien le habían pedido ayuda. Según reconstruyen testigos de esa reunión, así como numerosos investigadores salvadoreños y guatemaltecos consultados por El Faro, había llegado a negociar una “salida” para el caso Parlacen. Minutos más tarde, los cuatro estaban esposados y frente al venezolano Víctor Rivera, entonces asesor del ministro Carlos Vielmann. Herrera desafió con la mirada a Rivera y también de palabra. “Me los voy a llevar a todos. Porque yo me los voy a llevar a todos”, le dijo. “Pedimos ayuda, ¿y esta es la que me dio? ¿Esta es la ayuda que me está dando? Yo sólo eso le digo, usted va a saber de mí. Usted y todos los demás (...) van a saber de mí, se lo prometo. ¡Y por mi madre se lo juro!” Víctor Rivera ni se inmutó ante las amenazas de Herrera.
Todo esto quedó grabado en un vídeo de un poco más de un minuto y se hizo público por los medios de comunicación guatemaltecos 18 meses después del asesinato de los diputados. ¿A qué se refería Herrera? ¿Quiénes eran los otros, aparte de Rivera? Nunca se supo porque las autoridades al parecer nunca investigaron esto. O al menos no hay constancia alguna de que hayan hecho pesquisas. El Ministerio Público no presentó nada de esto en el juicio. Los cuatro policías fueron separados y pasaron la noche en el Ministerio de Gobernación. Herrera no habló más.
La única referencia de lo que pasó ese miércoles 21 de febrero la hizo Soto Diéguez en sus declaraciones al juzgado, reconociendo que los cuatro agentes habían sido detenidos ese día sin orden de captura y fuera del período de flagrancia, interrogados y mantenidos ilegalmente en las instalaciones de Gobernación durante 17 horas. Su versión contradecía abiertamente la de Vielmann ante el Congreso. Así lo reseña el informe realizado por la PDH de Guatemala. “La orden de captura del juez fue emitida a las ocho de la mañana del 22 de febrero. Víctor Soto, en sus declaraciones judiciales, dice que los interrogaron y que los retuvieron a la espera de que llegaran los otros dos. La Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC (ORP) los pone a disposición del juez y no menciona haber recibido declaración de los detenidos al momento de la captura, por lo que se trata de versiones contradictorias”, se lee en el informe.
En ese período, como lo testificó Soto Diéguez, los policías aceptaron a él que habían matado a los salvadoreños en la finca La Concha, en el kilómetro 25.5 de la carretera hacia El Salvador. Esa fue la única prueba que acusaba a los autores materiales del hecho. En esas declaraciones, no se dio razón del móvil del hecho ni cuál era la vinculación de los policías con la banda de Jalpatagua; tampoco se decía quién era el autor intelectual. Aún con preguntas en el aire, esa fue la única prueba que acreditó quiénes eran los autores materiales y el lugar preciso donde fueron asesinados los tres diputados y su motorista.
Al día siguiente, ya con una orden de aprehensión, fueron llevados ante los tribunales, y de ahí a la cárcel municipal para hombres de la zona 18. Tres días después, el 25 de febrero, tras un orden de traslado para “asegurar su integridad”, hecha por teléfono, y sin dar explicación alguna al juzgado competente, fueron asesinados en la cárcel El Boquerón. Serían las primeras cuatro personas de 16 que morirían asesinadas y que estuvieron vinculadas como sospechosas o que fueron parte de las investigaciones. De toda esta serie de asesinatos las autoridades tampoco investigaron gran cosa.
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A menos de 24 horas del asesinato de los salvadoreños, el Ministerio Público solicitó a un juzgado con carácter urgente los registros de llamadas de diferentes números de cuatro compañías telefónicas. Al parecer ya tenían sospechosos del crimen, apenas horas después de sucedido. Sin embargo, las autoridades guardaron silencio hasta el 22 de febrero para hacer públicos los nombres: José Adolfo Gutiérrez, Luis Arturo Herrera López, José Korki López Arreaga, Marvin Langen Escobar Méndez, Marvin Roberto Contreras Natareno y Jainer Arcides Barillas Recinos, todos policías de la División de Investigación Criminal (Dinc).
El resto de los acusados saldría a la luz pública un mes después, cuando, según dijo el MP, se había hecho un análisis de la relación de llamadas de los agentes policiales el día de los hechos y se contrastó con los vídeos proporcionados por la estación de servicio Texaco “La Cuchilla” y el restaurante McDonald’s, en el centro comercial Los Próceres, frente a donde se interceptó a los diputados salvadoreños.
Un mes exacto, como si fuera un golpe de suerte haciéndole un guiño a los medios de comunicación, el 19 de marzo de 2007, la fiscalía guatemalteca solicitó al tribunal correspondiente las órdenes de captura de Lemus Escobar, De León Lemus, Vanner Adílcar Morales Silvay al agente policial Carlos Humberto Orellana Aroche. A todos se les buscaba por el delito de asesinato de los salvadoreños. Además, el MP buscaba a Linda Aura Castillo Orellana y a Carlos Amílcar Orellana Donis, por el delito de encubrimiento. El punto de partida de la investigación era ese informe de llamadas entre los nuevos sospechosos y los policías, aunque este sería entregado oficialmente hasta dos meses después, el 27 de mayo, según consta en los registros del juicio, y hecho público a finales de julio de ese mismo año, cuando fue filtrado al periódico Prensa Libre.
Edwin Emmanuel Rivera Gálvez y Rony Mauricio Espinoza, oficiales III de la PNC de Guatemala y bajo las órdenes del Grupo de Tarea del Ministerio de Gobernación, ampliaron este primer informe de llamadas telefónicas y enviaron una copia oficial hasta el 19 de junio de 2007. En él, los peritos analizaban las llamadas realizadas y recibidas el día de los asesinatos de 21 números telefónicos pertenecientes a 15 sospechosos y se concluía que todos ellos pertenecían a una estructura criminal. Más allá, se amplió la investigación incluyendo todas las llamadas realizadas y recibidas de estos números durante los primeros tres meses del año. El documento, sin embargo, no procedía de la Policía. Debajo de las firmas de Gálvez y Espinoza estaba la del comisario general Víctor Rivera. Ahí se hizo las experticias de las llamadas telefónicas que habían resultado motivo de investigación para el MP casi inmediatamente después de los homicidios.
'El objetivo del análisis que hizo la Fuerza de Tarea del Ministerio es que sirva como prueba ante el tribunal, pero también se lo entregamos al jefe del FBI para toda Centroamérica', afirmó Rivera. El informe elaborado por este asesor, quien una década atrás había servido al gobierno salvadoreño montando una estructura de investigación paralela a la de la PNC, estaba plagado de suposiciones. En el apartado “sustentación de los eventos”, el escrito asegura que “la estructura intelecto-criminal, entre otros Orellana Donis, Castillo Orellana, Lemus Escobar, De León Lemus y Morales Silva, inicia comunicación desde las 05:37:40 hasta las 09:50:27 horas con el propósito de preparar la acción delictiva”. ¿Cómo sabían los analistas qué se dijo en esas llamadas? Eso no se explica. Igual, no había grabaciones de las mismas. Además, estaba la llamada entre Castillo Medrano y “Montaña 3”. El resto de conclusiones exclusivamente hacían referencia a las llamadas realizadas o recibidas por Contreras Natareno.
Tras 49 páginas de análisis, los peritos finalizaban con conclusiones como el hecho de que la cantidad de llamadas entre los 22 teléfonos investigados durante los 90 días probaba que eran usados por una banda organizada. En promedio, fueron 38 llamadas diarias entre dichos números, menos de dos llamadas por teléfono cada día, cifra que al parecer permitió a los investigadores de Zacarías concluir que eran incriminatorias: “Durante el período 01-enero al 31-marzo-2007, los celulares interconectados registran tres mil cuatrocientas cincuenta (3,450) comunicaciones entre sí, en un escenario comunicacional propio de una estructura criminal”; o, que “la planificación, coordinación y directrices en las fases preparatoria, ejecutiva y consumativa del hecho criminal, utilizó comunicaciones vía teléfonos celulares para entrelazar los diferentes actores”.
A pesar que se concluía que todos los propietarios de los teléfonos investigados eran parte de la estructura criminal, el Ministerio Público excluyó de las investigaciones y de la acusación a tres personas. Una, identificada con el nombre de “Montaña” a secas, que no tenía el mismo número de “Montaña 3”, un agente policial y a Danilo Martínez Recinos, alias “el Dany” o “el Pelón”, quien tenía llamadas con el ex oficial tercero de la PNC José Korki López Arreaga y los agentes policiales José Adolfo Gutiérrez y Marvin Langen Escobar Méndez, todos asesinados en la Cárcel Pública de El Boquerón, el 25 de febrero de 2007. De Martínez Recinos no se conoció su paradero.
De El Salvador, no había casi nada. Los dos análisis telefónicos realizados por los hombres de Zacarías en el ministerio de Gobernación solo hicieron referencia a que entre todos los teléfonos investigados había llamadas a 11 líneas fijas y celulares salvadoreñas. Con excepción de dos de ellos, no se detallaba a quién pertenecían los mismos. Además, no se detallaban las fechas exactas en que se hicieron estas llamadas internacionales. Tampoco se incluía el análisis de radio bases, que muestra la posición aproximada de donde se activa un teléfono, o el análisis de los teléfonos celulares de los diputados y su motorista.
Rodrigo Ávila, ex director de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador y quien siguió de cerca las investigaciones en las primeras semanas del caso, asegura ahora que toda la información sobre las víctimas se brindó oportunamente.
-¿Se investigó el pasado de las víctimas?
-Se hizo un perfil bastante amplio de ellas.
-¿En la investigación se incluyeron las bitácoras de las llamadas hechas antes, durante y después de los asesinatos?
-Se incluyeron las bitácoras, los movimientos bancarios recientes... todo.
-¿Por qué todo eso no está en los documentos del juicio?
-No sabría decirlo...
-... Vimos la documentación y no encontramos nada que haga referencia a la investigación hecha en El salvador.
-Toda la información recopilada fue entregada a la Fiscalía. Esta fue entregada después al Ministerio Público guatemalteco. Habría que preguntarles a ellos dónde está, porque todo se puso a su disposición en su debido momento.
En los atestados del juicio a los que tuvo acceso El Faro, entre los que estaban los estudios de las llamadas, no había nada de esta información. ¿Por qué investigar a las víctimas? Porque ello sirve para descartar una relación previa con los victimarios o conectar hechos pasados que puedan llevar a los responsables de un hecho criminal. Simple metodología que no siguieron los veteranos investigadores de la PNC y Gobernación de Guatemala.
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