Según fuentes policiales salvadoreñas, la presencia de Víctor Rivera y Soto Diéguez nunca fue bien vista por las máximas autoridades de El Salvador. El primero era hombre de confianza del ministro Vielmann; el segundo, del subdirector Figueroa y del director Sperisen. Rodrigo Ávila, quien era entonces director general de la PNC y que viajó a Guatemala la misma noche de los asesinatos, conocía bien a Rivera, un venezolano de bigote y pelo cano que había trabajado en casos de secuestros en El Salvador. Ávila mismo desarticuló al equipo paralelo de investigación en 1997, después de descubrir que esa estructura montada por Zacarías había manipulado pruebas en el asesinato de un joven odontólogo, Adriano Vilanova Velver, dos años atrás.
Víctor Rivera trabajaba en el ministerio de Gobernación desde el 2 de enero de 2001. En su contrato figuraba como Técnico IV con un sueldo de 18 mil quetzales, unos 2 mil 250 dólares, pero en la práctica era asesor directo del ministro y encargado del Grupo de Tarea, una unidad integrada por policías e investigadores adiestrados por él mismo y que respondían a sus órdenes. Según Vielmann, el comisario Rivera brindaba apoyo y asesoría en casos de plagio, secuestro, extorsiones, asaltos a bancos y unidades blindadas, estafas a entidades bancarias y financieras del Guatemala.
Del comisario Soto Diéguez, al igual que de los agentes de la Dinc bajo su mando, diferentes investigadores fiscales y policiales de El Salvador tenían muchas sospechas por la forma en que ostentaban joyas, teléfonos celulares de última generación y vehículos; además de la lentitud y la desidia con que ayudaban a las investigaciones de la Fiscalía salvadoreña. “El lujo con que se manejaban no correspondían a lo que puede ganar un policía en la región, aunque sea uno de élite”, comentó uno de ellos, quien pidió reserva de su nombre. Ya para entonces las referencias personales del jefe de la Dinc incluían casos de abuso de poder y sospechas de estar vinculado con tumbes de drogas, secuestros y asesinatos extrajudiciales.
¿Cómo se podía confiar la investigación de todo el caso en estos hombres? “No se podía, no se confiaba”, dice una fuente policial salvadoreña que participó en las investigaciones tras el asesinato. “Por eso es que ‘Atila’, el jefe (Ávila) viajó a Guatemala con gente de la División Élite contra Crimen Organizado (DECO), gente de investigación de su confianza y todo el equipo cambiaba de hotel constantemente”. En cuatro noches, el equipo de Ávila durmió en cuatro hoteles diferentes. Jamás se hizo una reservación. Siempre durmieron con las pistolas montadas y al alcance de la mano.
Formalmente, El Salvador nunca reclamó por la presencia de Rivera y Soto Diéguez en la investigación, y estos siguieron trabajando en el caso Parlacen. Sus hombres, “los Riveritas”, como se conocía al Grupo de Tarea de Gobernación, comandaron la captura de “Montaña 3”, Manolito y Orellana Aroche; y fueron los encargados de los análisis de las llamadas telefónicas de los implicados. Soto Diéguez, aunque fue apartado de su cargo para no entorpecer la investigación el 2 de marzo, fue el testigo que validó los números telefónicos de los siete agentes vinculados al caso y de las agendas telefónicas de los aparatos que utilizaban. A ambos, la CICIG los vincula ahora con secuestros, torturas y asesinatos.
¿El Ministerio Público nunca los investigó? No. El primero dirigió parte de la investigación durante casi un año; murió el 7 abril de 2008, asesinado a las 11:38 de la noche tras salir de una entrevista con Prensa Libre, una semana después de ser separado de su cargo. El segundo está detenido por asesinatos extrajudiciales entre 2004 y 2008. Aun así, fue uno de los testigos de cargo del MP durante el juicio Parlacen.
Solo una vez en todo el proceso, los nombres de algunos de los jefes policiales estuvieron bajo investigación. El 6 de marzo de 2007, el fiscal Cándido Francisco Ascencio Bremer, subjefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, solicitó al tribunal una orden para que se diera al MP el despliegue de cuentas bancarias y estados de cuenta de tarjetas de crédito en todo el sistema bancario de Soto Diéguez, Javier Estanislao Figueroa Díaz y Víctor Hugo Rosales Ramírez, director del sistema penitenciario y quien ordenó el traslado por “motivos de seguridad” de los policías que fueron asesinados en El Boquerón. Además, se solicitaba las bitácoras de llamadas realizadas y recibidas entre enero y febrero de 2007 por los teléfonos de los tres funcionarios.
¿Qué resultados arrojaron los datos obtenidos? Ninguno. Las bitácoras de los tres ex funcionarios no aparecen ni en el expediente del juicio, ni en los análisis comunicacionales realizados por la gente de Zacarías. Lo único que se pudo ver en el proceso fue que el fiscal Asencio Bremer fue separado del caso. Ocho días después, el nuevo encargado era Edwin Elías Marroquín, un fiscal cuyos atestados eran cuatro años de experiencia, todos ellos en casos contra pandillas en el municipio de Villa Clara, Guatemala, y donde había trabajado en investigaciones con Rivera y “Los Riveritas”. En los corredores del sistema judicial guatemalteco se decía que el caso Parlacen le quedaría muy grande por su falta de experiencia. Para otros, todo estaba tan amarrado, que él solo tenía que seguir fijo con la hipótesis del MP: la suma de los análisis telefónicos de los implicados, los vídeos obtenidos y los testimonios de los testigos.
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Al inicio de las investigaciones, la hipótesis del MP la había hecho pública el fiscal Matus Flores, un abogado con 14 años de experiencia en la Fiscalía guatemalteca y en los que había integrado la unidad de secuestros y participado en casos especiales como la toma de la granja penal de Pavón y la recaptura de los fugados de la cárcel “El Infiernito”. Precisamente esos operativos terminaron con ejecuciones extrajudiciales por las que ahora se procesa a una serie de ex funcionarios, incluidos Vielmann y Sperissen. Todo cambió en septiembre de 2009, cuando el fiscal anunció que dejaba el MP. Él aseguró que era por motivos personales y profesionales.
En el sector justicia guatemalteco se manejaba otra versión: José Amílcar Velásquez Zárate, el fiscal general de Guatemala en funciones, le pidió su renuncia. ¿Por qué? Nadie sabía decirlo a ciencia cierta, pero se rumoraba que la salida del titular Juan Luis Florido, en julio de ese año, lo dejó sin protección dentro de la institución. ¿Quién vería todos los casos que estaba investigando la Fiscalía de Delitos contra la Vida y que él había liderado en los últimos dos años?
Así se redistribuyeron todas las investigaciones de los casos que se fueron desprendiendo del homicidio de los salvadoreños: el asesinato de los policías en El Boquerón y los asesinatos de José Luis y Henry Danilo Benítez Barrios, asesores ad honoren de la Dirección General de la PNC guatemalteca, y del comisario Víctor Rivera. Estos últimos tres, personas que participaron activamente en la investigación del caso Parlacen. Matus Flores además estuvo implicado en las investigaciones de otro asesor policial, un auxiliar fiscal y un testigo de la CICIG que fueron asesinados.
Cinco meses después, Matus Flores estaba en la picota. El 30 de enero de 2010, la CICIG lo acusó de conspiración, obstrucción de la justicia, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad en la investigación en el homicidio de Rivera, y pidió su captura. Según la acusación del organismo internacional, el ex fiscal no permitió el allanamiento de las oficinas privadas de Rivera, entorpeció que se hiciera lo mismo en la oficina del ex asesor en el ministerio de Gobernación, se le imputó responsabilidad en el extravío de documentos de la investigación y dejó salir del país a la principal testigo del caso, María del Rosario Melgar, sin tomar su declaración. María del Rosario Melgar acompañaba a Rivera la noche de su asesinato. Por todo ello, junto a Matus son acusados otros tres ex empleados del MP: Leila Lemus, ex subdirectora de la Oficina de Protección al Testigo, y Pedro Girón, ex jefe de análisis de la misma oficina; y el ex auxiliar fiscal Gabriel Rodríguez.
El 30 de abril, cuando Matus Flores todavía era prófugo de la justicia, Carlos Castresana, jefe de la CICIG, dijo en conferencia de prensa que la captura del ex fiscal era “el último eslabón de una cadena de negligencias deliberadas, ocultación de prueba, falta de investigación y destrucción de evidencias (...) Es un crimen de la delincuencia organizada, y esta es una muestra de grupos clandestinos que operan en la institución.” En la Fiscalía contra Delitos Administrativos, cuatro fiscales rotaron el caso en los primeros cinco meses del proceso, solamente pudieron probar ante el juez los últimos dos delitos, que son excarcelables bajo fianza durante la investigación, y actualmente Matus Flores es procesado por ellos.
Para los entonces investigadores de la CICIG, Matus Flores era una pieza más en la manipulación de pruebas en todos los casos en los que había trabajado. Por ejemplo, en el caso de El Boquerón, según un memorándum interno girado el 13 de enero de 2009 al jefe de investigaciones de la CICIG, el italiano Maurizio Salustro, y a Castresana, testigos hablaban de la existencia de 219 fotografías en la PDH que demostraban cómo la escena del crimen fue alterada; además de pruebas que mostraban que Rivera, Soto Diéguez y otra personas –sólo identificada con el apellido Santiesteban- entraron a la cárcel el mediodía del 25 de febrero, pocas horas antes del asesinato de los cuatro policías vinculados en el caso Parlacen. ¿Qué andaban haciendo estas personas en la cárcel? Esto nunca se investigó.
El MP, liderado por Matus Flores, defendió a capa y espada que el crimen había sido perpetrado por pandilleros recluidos en la misma cárcel. “El estudio del expediente revela que siempre se estableció como línea de investigación, establecida por el entonces jefe de sección de delitos contra la vida Álvaro Matus, de que fueron los mareros quienes le dieron muerte (a los policías) como venganza”, reza el informe, que es parte de los documentos que serán publicados próximamente en el libro sobre el caso que prepara Índole Editores y a los que tuvo acceso El Faro. Al final, los 15 pandilleros acusados fueron absueltos del crimen por falta de pruebas. Siete de ellos, posteriormente, fueron asesinados y decapitados tras ser trasladados a otro recinto penitenciario.
Matus Flores lideraba las investigaciones en todos estos casos, y el recelo y secretismo con que fueron manejadas quedaron claros cuando el MP intentó por todos los medios evitar que la PDH obtuviera acceso a los informes de los casos El Boquerón y Parlacen. Aun cuando el juzgado ordenó la apertura de los expedientes, tanto la fiscalía guatemalteca como la Policía intentaron frenar esto en cuatro ocasiones. Incluso, la primera actuación del fiscal Edwin Elías Marroquín en el caso fue interponer un recurso de reposición para impedir que la PDH tuviera acceso a la documentación. Al final, el juzgado no pudo entregar los documentos por una orden de la Corte de Constitucionalidad, que otorgó un amparo provisional al MP para no abrir el expediente a la Procuraduría.
¿Por qué negarse a abrir los expedientes a una institución oficial del Estado? ¿No había que investigar a los ex jefes policiales, al ministro de Gobernación y a su asesor privado? ¿No afectó la credibilidad de todo el caso las vinculaciones de Matus Flores? Marroquín aseguró a El Faro que se habló con ellos en su momento y se descartó toda participación; que las acusaciones contra Matus Flores no afectaron en nada porque no tuvo que ver directamente en el mismo. Para él, el testimonio brindado ante el tribunal de alto impacto por Roberto d’Aubuisson, hermano de una de las víctimas, cerraba de tajo cualquier duda sobre la posible participación de altos mandos de la Policía y de Gobernación. “Indica que él recibió todo tipo de colaboración de autoridades guatemaltecas, es decir Vielmann, Sperisen, Figueroa y Rivera, manifestando esa persona que no tiene la mínima duda en relación a que estas personas nunca pudieron haber cometido este hecho delictivo como lo quiere hacer ver la defensa”, relató el fiscal durante las conclusiones finales ante el tribunal.
“Los responsables son los cuatro policías muertos, las nueve personas que están siendo juzgadas y solo faltaría Silva Pereira y Barillas Recinos... De este último hemos hecho varios allanamientos buscándolo”, dijo el fiscal, a horas de escuchar el resultado final del juicio. Entonces, él decía estar 100% seguro de que lograría un veredicto condenatorio para todos los implicados. Tenía cinco testigos protegidos que amarraban el rompecabezas de bitácoras telefónicas, los vídeos secuestrados, las pruebas periciales y las evidencias encontradas en los diferentes allanamientos. Sin ellos, no se podía establecer una relación entre los policías y la banda de Jalpatagua, ni ubicar los vehículos investigados en las fincas La Parga y La Concha. Sin los testigos, no había caso.
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