El origen fundamental de la violencia en El Salvador—y en buena parte de Centroamérica— no es la pobreza. Tampoco es la cultura, las familias desintegradas, el consumo de alcohol o la televisión. Mucho menos lo es la sangre o, para decirlo mejor, lo que los salvadoreños y centroamericanos traemos en los genes.
El origen fundamental de la violencia no está en la guerra civil y tampoco está en el comunismo y en los grupos guerrilleros. Sin embargo la violencia tampoco es exclusiva del neoliberalismo o del capitalismo salvaje. Después de todo, cuando tocaba defender el “interés supremo de las masas” y la revolución, algunos iluminados se llenaron de sangre de la misma forma en que algunos empresarios lo hicieron cuando se trataba de defender sus libertades empresariales y la propiedad privada. Finalmente, por más que nos facilite el análisis y nos ayude a encontrar chivos expiatorios, el origen fundamental de la violencia no puede atribuirse a las maras, a los “banderos” o a la psique trastocada de los energúmenos que matan a su vecino para reclamar un trozo de vía pública.
El origen fundamental de la violencia se halla en las instituciones del Estado. Para decirlo de manera un poco más complicada, se encuentra en la manera como el Estado centroamericano, sobre todo en los casos de El Salvador y Guatemala, creó sus instituciones para controlar a la población. En el pasado no muy remoto, esas instituciones -la Guardia Nacional, las policías de turno y los militares- existían para asegurarse de que los finqueros y los hacendados tuvieran suficiente mano de obra dócil y barata para producir café y para que los gobernantes en las capitales consumaran su interpretación del proyecto liberal de convertir estos países en grandes exportadores de café y otros productos agrícolas, a costa de los derechos fundamentales de la mayoría de la gente.
Durante mucho tiempo, los militares y los cuerpos de seguridad estuvieron mejor preparados para someter a la propia población, y para actuar en respuesta de los temores de los ricos, que para defender al país de agresiones externas y proteger a la mayoría de la población. En las décadas de los cincuenta y los sesenta, en El Salvador, Guatemala y Nicaragua se mataban más personas que en la mayoría de países latinoamericanos. Aún hoy, alguna gente añora las épocas de la Benemérita aunque para muchas personas la Guardia era sinónimo de opresión y terror. Cuando la gente se organizaba para reclamar reformas fundamentales al ordenamiento económico y la participación política, la respuesta típica era culpar al comunismo y emprender cruzadas de limpieza que terminaban en genocidios, como en El Salvador en 1932 o en guerras sucias como en Guatemala a finales de los sesenta.
Los militares no eran los únicos responsables de la violencia. También lo eran algunos de los hacendados y los civiles burócratas que vivían de someter a las mayorías. El éxito de los regímenes autoritarios del pasado no solamente se basaba en la represión pura y dura de la Guardia, los policías y los militares, sino sobre todo en la utilización de civiles como vigilantes locales, patrulleros, orejas y escuadroneros. Estos resultaron ser mucho más útiles en el sometimiento de la población en Guatemala y El Salvador que los mismos militares.
Cuando las prácticas tradicionales de control se incrementaron y el mundo puso sus ojos en Centroamérica, los generales de turno se pusieron delicados porque se dieron cuenta de que no podían matar a medio mundo a diestra y siniestra sin recibir sermones y reprimendas de Washington. Entonces algunos ricos decidieron que era más efectivo prestarle sus capataces, chaneques y sus camionetas Cherokee Chief a algunos militares, guardias y caciques locales para que ellos hicieran el trabajo sucio de contener la “amenaza comunista en las calles” (si usted tiene 40 años de edad o más, sabe muy bien de lo que estoy hablando). El temor más frecuente de muchos ciudadanos que huyeron de Centroamérica en esa época no era toparse con una patrulla de Guardias Nacionales o de militares, era más bien toparse con una Cherokee repleta de escuadroneros.
Luego, cuando los aires de transformación política comenzaron a soplar, a más de alguno de esos chaneques y sus patrocinadores se les ocurrió que era más conveniente formar un partido político que depender de los militares para seguir gobernando el país. Después de todo, ellos tenían el dinero suficiente para ganar las elecciones. Algunos de ellos entendieron —o dijeron entender— que su arma más importante era el voto y cuando llegó la paz, en lugar de seguir visitando El Playón se dedicaron a conseguir votos. Pero otros no solo consiguieron votos y ganaron elecciones, sino también continuaron con su vocación de degollar gente y formaron sus propias bandas criminales, al tiempo que buscaron perpetuarse en las nuevas instituciones políticas y de seguridad. Después de todo, tenían las conexiones necesarias.
Informes como el Reporte del Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política en El Salvador o el REMHI en Guatemala —ahora largamente olvidados— retrataron muy bien este proceso. Instituciones claves para el desarrollo democrático y la seguridad pública se contaminaron con esta gente, quien siguió haciendo sus negocios sucios utilizando las oficinas públicas. Cuando la globalización insertó a Centroamérica en las rutas del crimen transnacional, los narcotraficantes y los carteles internacionales no tuvieron que buscar mucho para encontrar socios locales. Después de todo, ya antes ellos habían sido socios también.
La violencia se disparó en Centroamérica, no solo porque la pobreza, la desigualdad, las armas, las pandillas, las deportaciones y muchos otros factores se juntaron en estos países, sino también –y sobre todo—porque algunos de los individuos que habían sido electos y nombrados para administrar justicia y proveer seguridad a la población eran los mismos “malacates” y criminales que se habían pasado la vida desapareciendo opositores políticos y ciudadanos honrados. Instituciones fundamentales se corrompieron o no lograron limpiarse como estaba previsto en los Acuerdos de paz y el futuro se selló con la promulgación de las leyes de amnistía que consagraron la impunidad. Es cierto, muchos de esos antiguos guardias, escuadroneros y civiles que contribuyeron a la violencia del pasado ya no están en este mundo, en Centroamérica o en las instituciones gubernamentales. Pero ellos plantaron las semillas de la maleza que ahora ahoga nuestras instituciones y que impide erradicar la violencia.
El reto fundamental en el combate de la delincuencia no se encuentra en las calles. Se encuentra en las instituciones del Estado. La nueva administración salvadoreña comenzó dando los pasos más importantes con la limpieza de las filas de algunas instituciones. Sin embargo, también ha dado los pasos más desafortunados al ceder más protagonismo a los militares en la seguridad pública. Si algo ha mostrado la historia centroamericana es que los militares son tan corruptibles como los funcionarios civiles.
Podemos seguir hablando de prevención, de mano dura reciclada y del rol de los militares, pero en la medida en que alcaldes, funcionarios electos, fiscales y policías —y quién sabe quién más— estén en las listas de narcotraficantes, banderos y pandilleros, y gocen de impunidad, la violencia seguirá con nosotros.
