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El segundo favor del fiscal Safie a Adolfo Tórrez

En la Asamblea Legislativa hay quienes no entienden cómo el fiscal Félix Garrid Safie dejó sin investigar la llamada telefónica en que el ya fallecido dirigente político Adolfo Tórrez pedía medio millón de dólares a un acusado de lavado de dinero. Lo que no saben los diputados es que cuatro meses después de esa dispensa, le concedió otra, en un caso de tráfico de personas.

 
 

La mujer viajaba en el asiento trasero de una camioneta BMW azul, modelo 320i. Llevaba una gran prisa porque quería escapar a un cerco policial que aquella tarde de septiembre de 2008 había alterado la tranquilidad de la Residencial Primavera, en Santa Tecla. Zoila Esperanza Sosa de Fuentes quería evitar las esposas, pero desgraciadamente para ella uno de los retenes policiales la atrapó. Desesperada, ofreció dinero a los investigadores a cambio de que la dejaran huir. Al fin y al cabo llevaba 5 mil dólares en efectivo en su cartera. Sosa de Fuentes viajaba como pasajera porque el vehículo tenía un chofer asignado y este, dirigiéndose al oficial que parecía estar a cargo del operativo, le advirtió: “No sabés con quién te estás metiendo”.

Ese 23 de septiembre la justicia buscaba a Sosa de Fuentes porque estaba acusada de cometer uno de los delitos contra la humanidad tipificados por la legislación salvadoreña. Las autoridades pronto descubrieron que tanto el vehículo en que huía como el chofer asignado estaban al servicio de una empresa privada propiedad de un influyente político. Tres días después, la Fiscalía decidió sin mayores diligencias que no había razón alguna para investigar posibles vínculos del dueño de la empresa con la red de tráfico de personas que perseguían. Acto seguido, el juez a cargo resolvió que lo que procedía era devolver el automóvil a su propietario porque la Constitución de la República garantiza el derecho a la propiedad privada.

El BMW pertenecía a Servicios Conjuntos de Seguridad (Serconse), S.A. de C.V., una empresa dedicada a vender vigilancia privada cuyo socio principal era el entonces director departamental del partido Arena en San Salvador, Adolfo Tórrez. El vehículo fue retenido el día de la captura de Sosa Fuentes y quedó a la orden del juzgado que iba a procesar el caso. Antes de 72 horas, el día 26, la Fiscalía decidió que no había nada que indagar sobre el posible involucramiento de Tórrez con Sosa de Fuentes o con la red de tráfico de personas a la que la vinculaban. El dirigente político podía estar satisfecho, porque esa decisión era la segunda dispensa de pesquisas que le concedía la Fiscalía en un período de cuatro meses, después de que en mayo de 2008 también se rehusara a investigar unas pistas que le había entregado la FBI estadounidense.

En abril de 2009, El Faro reveló que Tórrez había tenido una conversación telefónica con el prófugo de la justicia Roberto Carlos Silva Pereira, en la que abiertamente le pedía medio millón de dólares a cambio de ayudarle a desmontar las acusaciones contra él por lavado de dinero y corrupción. Tórrez le explicaba al ex diputado pecenista que tenía una red de contactos que abarcaba Fiscalía y Órgano Judicial, que le permitirían limpiarle su nombre y el de la esposa del prófugo, quien sí estaba capturada.

Un año antes de esa publicación, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) había presentado al fiscal general, Félix Garrid Safie, una copia certificada de la grabación de la llamada porque les pareció que al principal funcionario responsable de la investigación del delito le podría interesar la información. En mayo de 2008, el fiscal decidió que no había razones para investigar a Tórrez. Se basó en el resultado de un ligero interrogatorio al mismo Tórrez, quien en la llamada telefónica parecía describir una red de corrupción en el sistema de justicia.

Cuatro meses después de esa decisión detenían a Sosa de Fuentes y a aquel su chofer identificado como Napoleón Humberto Moreno Candelario. Precisamente la advertencia de este hombre de 44 años -"No sabés con quién te estás metiendo"- fue lo que permitió a los investigadores llegar a la identificación de esa persona supuestamente temible a la que se refería el motorista.

La declaración de quien según los documentos que reunieron las autoridades aparecía como guardia de seguridad de una empresa de llantas en Antiguo Cuscatlán, aparte de la tarjeta de circulación de la BMW placas P-213-470, fueron las primeras pistas que conectaban el caso con Tórrez. En el mismo momento de la detención en el operativo, Moreno dijo que en realidad él formaba parte del equipo de seguridad del entonces director departamental de Arena en San Salvador. Posteriormente, Tórrez confirmó esa versión. La camioneta estaba registrada a nombre de Serconse.

Cuando Sosa de Fuentes fue obligada a bajar del automotor del político, la Policía tenía en sus manos un informe de Nicaragua que la involucraba con el tráfico de dos niños salvadoreños, uno de 7 y otro de 12 años. Los oficiales de migración en Nicaragua le habían impedido en diciembre de 2007 que los menores abordaran un avión en el aeropuerto de Managua rumbo a Baltimore, Estados Unidos, porque los pasaportes guatemaltecos con que los identificaban eran falsos. La Fiscalía decidió no investigar un posible nexo de Tórrez con ese caso. En primer lugar, no abrió expediente en busca de información que le permitiera establecer o descartar relaciones ni en el presente ni en el pasado. En segundo lugar, decidió en un tiempo récord que la camioneta no debía tener la etiqueta de evidencia.

“Con instrucciones precisas de mi mandante vengo a solicitarle la devolución definitiva (de la camioneta)”, reza la solicitud que el abogado de Tórrez, Francisco Santa Cruz Pacheco, presentó el 26 de septiembre, a las 11:03 de la mañana. El vehículo tenía poco más de dos días de haber quedado bajo custodia después del operativo en la Residencial Primavera. La justicia respondió a esa solicitud con una celeridad inusual: cinco minutos después de recibida la petición, a las 11:08, el juez Romeo Aurora Giammatei cumplió con un requisito formal del Código Procesal Penal e informó de esa petición al entonces jefe de la unidad especializada contra el tráfico y la trata de personas de la Fiscalía, Carlos Eduardo Velásquez de la O.

A juzgar por la respuesta de Velásquez de la O, la Fiscalía se había dedicado a buscar atadura de cabos y no había encontrado nada que diera indicios de que Tórrez tenía algún involucramiento con la mujer acusada. “Al hacer un análisis en el presente hecho, se puede determinar que los referidos objetos, ya no son útiles a los fines del presente hecho delictivo (…) se ha determinado que los mismos no tienen relación alguna con los delitos por los cuales se está procesando a la referida imputada”. El oficio firmado por Velásquez de la O no consigna la hora, pero la resolución definitiva de Giammatei fue firmada en menos de dos horas desde cuando el abogado de Tórrez pidió le devolvieran el vehículo. “Siendo este juzgado garante de los derechos fundamentales del conglomerado social y en especial del derecho de la propiedad regulado en nuestra Carta Magna, entréguese en calidad de devolución al representante de la sociedad Serconse”, ordenó Giammatei, a las 12:40 de la tarde del 26 de septiembre. Cuatro documentos y tres análisis para responderlos ocurrieron en un lapso de 97 minutos. Una operación cada 14 minutos.

A las 3:25 de la tarde, Adolfo Tórrez ya tenía de nuevo en su poder la camioneta. También -y eso era quizás lo más valioso para él- había logrado que las autoridades creyeran que Zoila Esperanza Sosa de Fuentes viajaba en el vehículo de Tórrez gracias a un abuso que cometió su empleado.

Napoleón Humberto Moreno Candelario dijo a la Fiscalía que el día del operativo él usó la BMW para intentar ayudar a escapar a la mujer sin el consentimiento del dueño del vehículo. Explicó que él tenía una relación sentimental con Sosa de Fuentes y eso lo llevó a utilizar sin permiso el auto. La Fiscalía le creyó a tal punto que no contrastó esa versión con ninguna otra diligencia de investigación y aceptó de esa manera implícitamente que Tórrez no tenía relación alguna ni con la mujer ni con los hechos que le atribuían a la mujer procesada, de nacionalidad salvadoreña.

Los investigadores averiguaron que Sosa de Fuentes usaba también dos nombres falsos y según las pesquisas había logrado connivencia con un ex fiscal antisecuestros. Le atribuían además su participación en una cuestionada escritura de compra-venta de un vehículo con Bernardo Adalid Magaña Artero, ex presidente del equipo de fútbol Once Municipal, quien fue procesado en 2005 acusado de engañar a una persona a la que supuestamente había prometido llevar hacia los Estados Unidos.

El día del operativo, Magaña Artero se conducía en una camioneta Izusu beige, con placas guatemalteca 0243CKR. A los policías que vigilaban la Residencial Primavera les pareció sospechoso que él circulaba insistentemente por la zona, justo cuando la acusada de dirigir la red de tráfico de personas perdía su libertad. “Dicho vehículo fue intervenido después de darle seguimiento desde la entrada principal de la colonia”, reza el parte policial que describe el operativo. Cuando los agentes le pidieron la documentación del vehículo determinaron que pertenecía a Sonia Celeste Magaña Arriaz, una guatemalteca que según su licencia de conducir residía en la ciudad Pedro de Alvarado, Jutiapa. El 8 de mayo de 2008, ella le había entregado en Nicaragua un poder notarial al dirigente deportivo para que pudiera circular por Centroamérica y México con dicho vehículo. Los investigadores comenzaron a dudar de la autenticidad de la licencia con una sola mirada. La información correspondía a Sonia Celeste, pero su fotografía era la de Zoila Esperanza Sosa de Fuentes. En su misma cartera le encontraron a la mujer otro documento de identidad guatemalteco, la cédula U22-470, a nombre de Luis Ester Castañeda Flores. La historia se repetía: datos distintos, pero una misma fotografía, la de Zoila Esperanza Sosa de Fuentes.

Los investigadores, de pronto, no solo tenían a la mujer que andaban buscando, sino a dos vehículos que resultaban sospechosos por sus nexos directos o indirectos con la involucrada. Los fiscales ordenaron el secuestro del vehículo de Tórrez y de la camioneta Isuzu beige que conducía Magaña. Tres días después, el automotor en el que la mujer huía fue liberado, mientras que el vehículo en el que circulaba Magaña cerca del operativo no. Por el contrario, los fiscales y el juez se pusieron muy estrictos en este punto cuando el dirigente deportivo pidió que le devolvieran el vehículo: “No ha lugar, ya que se encuentra en una etapa investigativa del proceso”.

La Isuzu beige siguió decomisada a la espera de diligencias para confirmar o descartar la vinculación con Sonia Celeste, la mujer que figuró como principal procesada en el Juzgado Tercero del Distrito Penal de Managua. En ese expediente también se procesó al guatemalteco Mario Manfredo Monterroso Ruiz y al salvadoreño José Vladimir Perla Granados, fiscal antisecuestros desde 1992 hasta 2001. Ambos estaban acusados de sacar ilegalmente de Nicaragua a dos menores de edad, en diciembre de 2007. Al final del proceso, un jurado los absolvió.

Casi nueve meses después de que fueron exonerados por un jurado de Nicaragua, al amparo de la declaración de cuatro víctimas que pagaron entre 6 mil 500 y 10 mil dólares para viajar hacia Estados Unidos con pasaportes alterados, la Fiscalía ordenó la captura de 11 personas, incluida Sosa de Fuentes. En ese operativo del 23 de septiembre de 2008 fueron detenidas seis, entre ellas la mujer que intentaba escapar en el BMW. Después de su arresto, Sosa de Fuentes fue acusada de tráfico de personas y un juez ordenó encarcelarla.

Casi 72 horas después de su arresto, después de la audiencia inicial, fue internada en el Hospital Bautista por padecer hipertensión arterial. Estuvo bajo vigilancia policial, pero pronto la unidad jurídica de la Policía se quejó de que realizaba llamadas telefónicas durante la madrugada y que “diariamente era visitada por personas que están siendo investigadas por hechos similares”. El 5 de febrero de 2009, un apoderado de la Policía, Mario Guillermo Miranda Alfaro, informó que le decomisaron el celular LP MP3 y pedían al Juzgado Noveno de Instrucción que la enviara a prisión. Lejos de considerar eso como una anomalía, la jueza Mayra Alcira Salguero de Aguilar realizó una audiencia de revisión de medidas el 25 de febrero de 2009 y la benefició con arresto domiciliar sin vigilancia policial. Eso significaba que podía irse a su vivienda en Residencial Primavera sin necesidad de que la Policía constatara que cumplía esa medida.

Esa disposición se mantuvo hasta un año después. El 25 de febrero de 2010, la jueza realizó la audiencia, pero horas antes de la resolución, a las 5:15 de la tarde, Sosa de Fuentes se quejó de nuevo de hipertensión arterial y un médico del hospital Pro Familia que apareció repentinamente recomendó internarla de inmediato. A las 6:30 de la tarde, cuando un empleado judicial llegó a la sala 457 a notificarle que debía enfrentar un juicio, la procesada ya había recibido el alta y huía. Fue hasta el siguiente día cuando la jueza Salguero de Aguilar pensó que quizás la acusada podría tener interés en burlarse de la justicia: “No ha mostrado interés de enfrentar la justicia y puede presumirse un inminente peligro de fuga", resolvió el 26 de febrero. "Revóquese las medidas”, añadió, refiriéndose al beneficio que le había concedido.

17 meses habían transcurrido desde cuando Sosa de Fuentes había sido sorprendida en el carro de Tórrez y la institución dirigida por Félix Garrid Safie no había encontrado motivos para investigar a Tórrez.

Cuando Adolfo Tórrez recuperó la camioneta BMW en menos de 72 horas, apenas habían pasado cuatro meses desde cuando la Fiscalía también lo había absuelto de cualquier sospecha por ofrecerle a un prófugo desvanacerle los cargos penales en su contra a cambio de medio millón de dólares.

El ex diputado pecenista Roberto Carlos Silva Pereira estaba detenido en Estados Unidos, acusado de ingresar ilegalmente. La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador lo solicitaba en extradición, porque la justicia salvadoreña lo procesaba por lavado de dinero y actos de corrupción.

El 2 de abril de 2008, el asistente legal del FBI en El Salvador, Leo J. Navarrete, entregó una grabación telefónica y le informó al fiscal general que los presuntos participantes en la conversación eran Tórrez y Silva. Dos días más tarde, Safie envió un memorando y una cinta magnetofónica a la Unidad Anticorrupción y Delitos Complejos. En el documento, el fiscal se limitó a informar que esa evidencia “le fue entregada extraoficialmente”, omitiendo así que la cinta le fue entregada por la autoridad estadounidense. En el naciente expediente 94-BIS-UADC-2008, el ex funcionario tampoco agregó los nombres que el FBI le había mencionado.

En una entrevista que Tórrez brindó a El Faro en abril de 2009, aseguró que él informó a Safie de la conversación entre el 22 y 23 de marzo de 2008; es decir, antes de que el FBI entregara la evidencia a la Fiscalía. “Dos o tres días después, fui a comunicarlo verbalmente que me había pasado eso", dijo el dirigente de Arena. Aunque el fiscal tuvo esa información aproximadamente 13 días antes del informe estadunidense, la Fiscalía tampoco abrió una investigación.

Casi dos años después de que El Faro revelara la llamada telefónica, hay quienes, en el aparato estatal, no entienden por qué la Fiscalía se quedó de brazos cruzados en este caso. El Faro intentó contactar telefónicamente a Safie la semana pasada. Primero, una mujer respondió que el ex funcionario podía ser localizado por la tarde. Luego solo se escuchaba un mensaje del correo de voz.

La conversación entre Safie y Tórrez no consta en el expediente. El 21 de abril de 2008, cuando la Unidad Especializada de delitos de Crimen Organizado ordenó la transcripción de la grabación, el perito Israel Antonio Chicas se limita a informar que en “en el audio existe una conversación entre dos personas, una de nombre Adolfo y otra de nombre Roberto”. Fue hasta 17 días después, el 7 de mayo de 2008, cuando el nombre del político comenzó a figurar en las diligencias. Pero la Fiscalía nunca lo llamó, sino que fue el mismo Adolfo Tórrez quien manifestó que tenía conocimiento de que los fiscales anticorrupción investigaban una llamada y pedía ser entrevistado para aclarar esa situación.

“Corroboró que se trataba nuevamente de Roberto Silva, quien le mencionó que con cuánto arreglaban el problema, notando que se refería a que el dicente le ayudara a solventar sus problemas legales, por lo que el disidente le manifestó que conocía personas que podían tomar el caso, y que era gente de categoría, refiriéndose con ello a abogados que podían hacerse cargo del señor Roberto Silva y su esposa”. Así justificó una conversación que hasta el mismo partido de Tórrez encontró como indicio de la posibilidad de actividades ilegales de por medio a tal punto que de inmediato lo expulsó de la organización. Tórrez hablaba de contactos con “abogadones”, “gente bien cercana a los meros meros de todas partes” que anularían la investigación contra Silva Pereira.

Y a juzgar por el contrainterrogatorio, los fiscales contra el crimen organizado se conformaron con hacer cuatro escuetas preguntas a Tórrez. Primero, ¿por qué manifestaba que los fiscales no le preocupaban porque no era allí la cosa? El político respondió que se refería a que el proceso ya no estaba en la sede fiscal sino en los tribunales y que la batalla legal se refería a que le iban a entrar a jueces y abogados. Lo cierto es que la Fiscalía sí tenía a su cargo las acusaciones de lavado de dinero y de corrupción contra Silva Pereira. Pero extrañamente, la institución se tragó esa explicación.

La segunda duda era sobre la cotización con los abogados y Tórrez contestó que nunca existió. “Y no puede decir a qué abogados consultó” porque solo se trataba de un sondeo, dice el informe que consigna el interrogatorio.

La tercera interrogante fiscal fue a qué se refería con “ayudarse con otras gentes” y el entrevistado regresó a los datos que ya había dado en la entrevista: profesionales con conocimientos contables, financieros. La última frase de la que los fiscales pidieron explicación fue “no me quiero abrir mucho por teléfono, por eso quiero hablar con tu hermano yo”. Tórrez respondió que no podía seguir hablando sobre el caso por teléfono porque el caso era complejo y no tenía calidad de abogado. Y los fiscales se dieron por satisfechos con las respuestas y determinaron que “no se podía determinar la existencia de ilícito alguno, así como la inexistencia de otra línea de investigación que condujese a establecer que de la conversación se identificaban acciones delictivas”.

En el interrogatorio, los fiscales no le preguntaron ni el número telefónico en el que había recibido la llamada. Fue hasta un año después (el 21 de abril de 2009, cuando Tórrez aceptó ante este periódico que Silva le había llamado al número 78480722) cuando la Fiscalía solicitó información sobre el propietario de ese número telefónico. El aparato pertenecía a la empresa Serconse.

Ahora, en la Asamblea Legislativa hay quienes creen que esa llamada telefónica daba para mucho más. Según un informe que la Fiscalía envió a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, en los casi tres años de "investigación" solo se realizó la transcripción de la llamada, la entrevista a Tórrez, un análisis de la publicación del periódico El Faro, la solicitud de bitácoras de llamadas de un teléfono, la solicitud de DUI y la certificación de la partida de defunción de Adolfo Tórrez Díaz.

“El informe para nosotros no es satisfactorio, en primer lugar porque concluye que debido a que el señor Tórrez ha fallecido, como es de todos conocido, ahí se corta, se suspende la posible investigación”, dice Arístides Valencia, diputado del FMLN, partido que promovió que el fiscal general actual, Romeo Barahona, informe sobre la investigación de la llamada telefónica entre Silva y Tórrez.

Los efemelenistas dicen no estar satisfechos con el resultado de las pesquisas hasta ahora, pero ahora que tienen ese informe de la Fiscalía en la Comisión de Seguridad, creen que no hay mucho más que hacer. “Las iniciativas tienen objetivos concretos, en este caso, el objetivo era recibir el informe escrito del fiscal, independientemente de si estuviéramos satisfechos o no de tal informe. Entonces eso se ha cumplido, nuestra solicitud está solventada y eso es lo que ahora pasamos al archivo”.

Valencia matiza que expresaron su insatisfacción en la Comisión de Seguridad y que dejaron abierta la posibilidad de recomendarle al fiscal profundizar la investigación. Arena, el partido para el que trabajó Tórrez, es el que pidió ampliar la pesquisa. “Sentimos que ahí no se ha investigado a fondo, pero hay dos cosas que revisar: uno es lo que pidió el FMLN que es que se investigue las implicaciones que podía tener esa llamada, cuáles eran los contactos con los que ofrecía liberarle de responsabilidad a Roberto Carlos Silva. Pero la otra cosa que hay que analizar es la misma muerte de Adolfo Tórrez, que deja más dudas que respuestas por cuanto no hubo autopsia, tenemos entendido, en tres días cerraron el caso y eso llama poderosamente la atención”, dice Roberto d´Aubuisson.

Tórrez murió de un balazo en el pecho el 2 de junio de 2009, en las afueras de su casa. Cuatro días después, el entonces fiscal en funciones, Ástor Escalante, dio por concluida la investigación y cerró el caso: el ex dirigente arenero murió por su propia mano. Escalante nunca aclaró exhaustivamente cómo llegó a esa conclusión dado que al menos algunos detalles que se conocieron sobre las circunstancias de la muerte incluso hacían pensar en asesinato. Por ejemplo, no le encontraron rastros de pólvora en las manos. Los vestigios de pequeñas quemaduras en las extremedidadas suelen ser una prueba de que alguien disparó un arma de fuego.

Las dos principales fuerzas políticas, Arena y FMLN, están inconformes con la investigación y recomiendan una profundización de las pesquisas, aunque evitan señalar una posible omisión de parte de la Fiscalía. “Nos parece que el fiscal todavía está en hora buena de investigar porque si eso es así está vinculado a crimen organizado”, dice Benito Lara, del FMLN. “Tal vez no está cometiendo una ilegalidad, pero no está cumpliendo su función”, refuerza D´Aubuisson.

¿Incumplir una función acaso no puede ser incluso delito? D´Aubuisson no se atreve a responder si sí o si no, pero sí expresa con claridad sus dudas: "Como el caso está cerrado no está obligado él (Barahona) a abrirlo. Nosotros esperaríamos de parte de él mayor proactividad porque ese es un elemento para saber si un fiscal es merecedor de seguir ostentando ese honroso puesto. El fiscal debiera entender los mensajes, hay preocupación, hay inquietud y hay deseo porque se esto reabriendo el caso e investigando a profundidad. El mensaje es claro, yo no le buscaría más. Aquí el tiempo corre contra el fiscal porque cada día que pasa él está más cerca de que se la acabe su mandato."

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