Asamblea aprueba por unanimidad la Ley de Acceso a la Información

Los dos partidos mayoritarios rompieron la norma legislativa de votar por separado. Esta tarde, con diferencias en algunos puntos de la normativa, aprobaron con 81 votos a favor la Ley de Acceso a la Información Pública, que entrará en vigencia en un año a partir de la publicación en la diario oficial, tal como lo propuso el presidente Mauricio Funes en las observaciones que envió a la Asamblea a principios de este año.

Desde que surgió el debate por el cuerpo de ley, el año pasado, los tres partidos que sirven para inclinar la balanza a favor o contra de los mayoritarios se habían resistido a votar. Sin embargo, tras el impulso del FMLN y Arena, se sumaron la iniciativa que establece, entre otras cosas, revelar información básica manejada en las oficinas públicas clasificada como oficiosa: presupuestos, organigramas, planilla de empleados, etc.

En un principio, el PCN, Gana y PDC objetaban la ley en general y contenidos específicos. A tal punto que el día (2 de diciembre del año pasado) en que fue aprobada por primera vez para que el presidente la avalara, observara o vetara, el diputado pecenista Elizardo González Lovo mocionó que se retirara de la agenda de la sesión. El PCN, según explicaron diputados del FMLN y de Arena, estaba pidiendo una semana adicional para estudiar los contenidos, alegando que no los conocían.

“Los partidos taxi son los que se oponían, ellos fueron los que llegaron adonde el presidente a pedir que no se aprobara, a detenerla”, valoró el presidente de la comisión de Legislación, Guillermo Ávila Qüehl, de Arena. Al final, dijo, lo que importa es que sea aprobada.

Sin embargo, en esta ocasión, todas las bancadas firmaron el dictamen favorable que avala las siete observaciones que envió el presidente Funes, y por la tarde aprobaron por unanimidad la Ley. El principal punto de debate era la entrada en vigencia de la normativa, pues el Ejecutivo alegó que no era posible ejecutar la normativa en los tiempos que estableció en un principio el congreso.

Tras las observaciones del presidente, y el debate de ahora en la Asamblea, este es el último paso en el proceso de formación de ley.

Arena pedía que entrara en vigencia en seis meses, y el Ejecutivo pedía un año. Al final, la normativa fue avalada para entrar en vigencia a partir de un año. Otro punto, un detalle objetado por el presidente y que los diputados avalaron, es no clasificar como oficiosa la información de los inmuebles que posee el Estado.

La normativa, tal como fue aprobada, obliga a las instituciones estatales -y a privados que manejen recursos del Estado- a poner a disposición de la gente un dossier de información sin necesidad de que les sea solicitada. Asimismo, obligará a los funcionarios o instituciones a entregar información solicitada, si esta cumple el requisito de estar clasificada como información pública.

Según la ley, la información será clasificada como reservada, confidencial o pública. La reservada estará vedada al público en virtud de que pueda comprometer la seguridad nacional o los intereses de la nación. La confidencial se refiere a los datos personales en poder de instituciones estatales o privadas. Esta corresponde a información sobre salud, opciones religiosas, preferencias sexuales u otras de interés privado. Toda la demás información es, potencialmente, información de carácter público.