La Asamblea Legislativa aprobó el viernes 11 por unanimidad la ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, normativa que regulará el uso del suelo en el país y regirá las inversiones públicas y privadas que a partir de 2012 se realicen en él. La ley pretende garantizar la utilización del suelo según su vocación, el fomento de la articulación territorial y la provisión de servicios básicos en los asentamientos humanos, así como la protección y conservación de recursos naturales.
La nueva ley prevé la creación de Consejos Departamentales de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, encargados de dirigir e impulsar los planes de desarrollo de cada departamento, en coordinación con el Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, la entidad que diseñará la política marco de la normativa. En ambos organismos habrá participación de los ministerios de Salud, Agricultura, Obras Públicas, Medio Ambiente y de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA), además de las alcaldías municipales. Cada consejo departamental estarán dirigido por un representante de las comunas; el consejo nacional, por un delegado nombrado por el presidente de la República.
Tras más de ocho horas de discusión en sesión plenaria, durante las que los diputados revisaron uno a uno los 106 artículos de la nueva normativa e hicieron cambios a su redacción, la ley recibió el visto bueno de todas las fracciones. Entrará en vigor un año después de su publicación en el diario oficial. Según los diputados, el plazo de espera servirá para que el Ejecutivo elabore un plan nacional de ordenamiento y desarrollo territorial.
El viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, Edín Martínez, aseguró que ya están listos los planes de ordenamiento de todo el país y se está en un proceso de revisión y discusión de los mismos con los alcaldes. “Los planes son instrumentos técnicos que (hasta el momento) no obligaban a los municipios a acatarlos. Faltaba el carácter vinculante que esta nueva ley les da… Era una ley necesaria que tenía tiempo de estar en discusión”, dijo.
La comisión de Municipalismo de la Asamblea Legislativa ha discutido la ley de ordenamiento durate cuatro años. Mario Ponce, diputado del PCN y presidente de la comisión, inició en 2007 el proceso de elaboración de la ley conjuntamente con instituciones del Ejecutivo, municipalidades, organizaciones civiles y representantes de las oficinas de planificación territorial existentes. “Toda la discusión llevó a crear un anteproyecto de ley que tuvo el visto bueno de la comisión pero que no pasó en el pleno hasta ahora”, explica Martínez.
El anteproyecto bajó al pleno en tres ocasiones. En la última de ellas, en marzo de 2010, Rodolfo Parker, diputado del PDC, solicitó que el texto regresara a la comisión de Asuntos Municipales argumentando que se trataba de una “ley de expropiaciones”.
“Esa ley no tenía un ámbito de acción en aquel momento, simplemente daba facultades para expropiar tierras. Un tema que tenía un sentido social y de reordenamiento se pudo haber convertido en una herramienta al estilo (Hugo) Chávez”, justifica ahora Parker. En aquel momento, Arena apoyó la iniciativa democristiana. Desde entonces, la discusión sobre la ley de ordenamiento estuvo estancada.
Hasta ahora no existía una ley que regulara a escala nacional el desarrollo del territorio. En aquellos municipios con oficinas de planificación propias, como en el área metropolitana de San Salvador (OPAMSS), o en el valle de San Andrés (OPVSA), eran éstas las encargadas de controlar el uso del suelo y la planificación y control del desarrollo urbanístico de sus zonas de acción. En el resto de El Salvador, estas funciones, muchas veces sin los análisis técnicos necesarios, eran asumidas por las alcaldías.
Aun con planes técnicos ya elaborados, la falta de una ley daba a las autoridades correspondientes, a diferentes niveles de gestión, la discrecionalidad de aplicarlos o no e incluso de cambiarlos completamente. Un ejemplo: en el primer momento el plan de ordenamiento del Valle de San Andrés recomendaba mantener el uso de suelo de tipo de agrícola y evitar el crecimiento desmedido de asentamientos humanos en la zona. A pesar de ello, esto no se hizo en los últimos 10 años.
La normativa también prevé sanciones a infracciones graves y muy graves de entre 200 y mil salarios mínimos para quien contravenga lo splanes de ordenamiento. Las sanciones impuestas serán aplicadas sin importar las establecidas en otras leyes ni otras acciones civiles, administrativas o penales que existieran. “La ley permite que ya no se siga gestionando el territorio al antojo de cada una de las municipalidades”, aseguró Edín Martínez.
