La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) exigió a la Asamblea Legislativa despolitizar la elección de la cúpula de la Corte de Cuentas de la República. El presidente del gremio, Carlos Araujo Eserski, demandó a los partidos políticos restituir la institucionalidad de la Corte de Cuentas. Una de las principales propuestas de los empresarios es que el presidente de la institución sea elegido con el respaldo mínimo de dos tercios de los diputados, a diferencia de la mayoría simple que la Constitución prescribe.
Para los empresarios, según detalla la propuesta de Encuentro Nacional de la Empresa Privada (Enade), la labor que realiza la Corte de Cuentas “dista de ser ejercida con efectividad e independencia, lo que dificulta implementar medidas de carácter preventivo, así como aplicar las sanciones correspondientes en los casos de incumplimiento de las leyes. Por el contrario, pareciera que prevalece la manipulación de la información con fines distintos a garantizar su uso racional y eficiente”. Según Araujo Eserski, esto tiene que cambiar y el primer punto es cambiar la forma en que se ha venido eligiendo al titular de la institución.
El jueves pasado, la Asamblea Legislativa inició el proceso de selección de las máximas autoridades de la Corte -tres magistrados, incluiso el presidente- y los partidos políticos ya dejaron entrever que no están interesados en despolitizar el nombramiento.
“En la elección de la Corte de Cuentas, al igual que en todas las instituciones, esperamos un proceso transparente”, dijo Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). “Pretendemos que de despolitice el tema y que el nombramiento de su presidente sea totalmente transparente y por consenso.”
Este anhelo contrasta con la realidad legislativa de los últimos años. Los diputados nunca dejan claros los criterios precisos ni el método de evaluación de candidatos que utilizan para hacer los nombramientos. Lejos de eso, lo que más de alguno de ellos ha confesado en alguna ocasión es que la tradición ha sido que -al menos en la época de dominio de la derecha legislativa- Arena, PDC y PCN se repartían las instituciones de esta manera: A Arena le correspondía poner al fiscal general, al PDC se le reservaba el puesto de procurador o procuradora general, y al PCN se le preservaba la silla principal de la Corte de Cuentas.
Aún con reformas presentadas por los partidos políticos, para los empresarios, la presidencia de la Corte de Cuentas sigue siendo vista como un botín político dentro de la Asamblea. “Siempre ha sido un banquete político y no debería de ser así. El PCN ya la toma como si fuera de ellos, así como se reparten otras instituciones entre los otros partidos, como es con el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Es un intercambio de instituciones. Esto no puede seguir siendo así”, sostuvo Charlie Renderos, segundo director de ANEP. “Queremos que los partidos, si no lo han sido hasta ahora, sean responsables y despoliticen esta institución.”
La Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco) también se pronunció por evitar que las “negociaciones políticas” predominen en el nombramiento de las nuevas autoridades de la Corte de Cuentas y pidió que el gobierno y Asamblea Legislativa le den seguimiento a las propuestas de los empresarios.
Tanto diputados del FMLN como de Arena hablan ahora de hacer reformas a la institución y aseguran que la Corte se encuentra secuestrada por el PCN, partido político al que ha pertenecido su presidente desde 1985, pero no se han comprometido con establecer criterios de elección que permitan la llegada de candidatos apartidarios.
Jorge Daboub, vicepresidente de ANEP, considera que la Corte de Cuentas debería tener un consejo “plural” que le permita tomar decisiones independientes. “Debe actuar como un ente independiente de las presiones políticas que puedan surgir porque de lo contrario, esas instituciones no van a funcionar correctamente. Lo que se necesita es voluntad, esto pasa porque los partidos políticos dejen de lado sus intereses y comiencen a pensar en las necesidades que tenemos de desarrollo, de confianza y transparencia”.
Para el gremio de empresarios, despolitizar la Corte de Cuentas permite que la institución cumpla con su función de contraloría del Estado, dando un seguimiento verdadero al destino del uso de los fondos públicos. Por ello, la ANEP en su propuesta de Enade 2011 solicita a la Asamblea Legislativa aumentar los requisitos técnicos y de idoneidad para la selección de los funcionarios del ente contralor, además de imponer como requisito la no pertenencia a ningún partido político al menos tres años antes de su elección.
Además, los empresarios propusieron que la Corte de Cuentas se transforme en una entidad colegiada integrada por tres magistrados electos por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y que “asuma estrictamente las funciones jurisdiccionales”. Esto último significa que los magistrados de la Corte deben juzgar, pero la función investigadora debe separarse para que la maneje otra institución. Eso eliminaría el vicio de que la misma institución que investiga juzga lo que ha investigado.
Además, la ANEP solicita aumentar la duración en el cargo de magistrado de la Corte a nueve años y prohibir su reelección; así como establecer causales y procedimientos de remoción.
La propuesta es similar a la hecha por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), que pidió la semana pasada que la Asamblea aplique tres criterios básicos para la elección del presidente y los dos magistrados de la Corte de Cuentas. En primer lugar estima que la honorabilidad de los nuevos funcionarios debe ser el principal parámetro que deben evaluar los diputados. En segundo lugar, los nuevos funcionarios deben ser expertos en temas de auditoría y leyes y, por último, que estos estén obligados a rendir cuentas a la población sobre su trabajo.
En los años 80s, la Asamblea Legislativa llegó a destituir al entonces presidente de la Corte de Cuentas, Ciro Cruz Zepeda Peña, vinculándolo a corrupción. Zepeda Peña es secretario general del PCN desde 1989.
La falta de transparencia e información es una de las críticas que Fusades ha lanzado sobre la actual administración de la Corte de Cuentas, la cual dirige el pecenista Hernán Contreras, quien tiene años de ser parte del Consejo Ejecutivo Nacional del PCN, al igual que muchos de sus predecesores. La labor que desempeñan las actuales autoridades dista de ser ejercida con efectividad e independencia, situación que dificulta sancionar a las personas que hacen mal uso de los fondos públicos. “Pareciera que prevalece la manipulación de la información con fines distintos a garantizar su uso racional”, reprocha esa institución.
Claudia Umaña, directora del departamento de estudios legales de Fusades, dijo que para superar esos problemas hay una cuestión de fondo que debe evitarse en la elección de los nuevos funcionarios: “La regla básica con la cual se generan incentivos hacia una mayor modernidad es cuando no se están negociando políticamente a los candidatos. Hay pecados de origen cuando los candidatos vienen de la sociedad política. Esperamos que en esta oportunidad sean personas con conocimiento de auditoría, un conocimiento integral del quehacer del Estado.”
La semana pasada, el diputado del PCN Dagoberto Marroquín aseguró que ellos no se oponen a la elección de funcionarios independientes de partidos políticos, y dijo que entre las primeros nombres que suenan en la Asamblea Legislativa está el de una ejecutiva de Fusades. Umaña, sin embargo, aseguró que no está interesada en el puesto.
