Funcionarios del gobierno y de oficinas de cooperación internacional radicadas en El Salvador están trabajando en favor de que este país tenga una comisión internacional contra el crimen organizado que realice las investigaciones que la Fiscalía General de la República ha sido incapaz de realizar. Aunque el proyecto aún no está claramente dibujado, las ideas van desde la posibilidad de crear un organismo más o menos autónomo como el que la ONU creó en Guatemala, o uno que al menos formalmente dependa del fiscal general Romeo Barahona, aunque en la práctica tenga gran autonomía.
El Ejecutivo está avanzando para mientras en elaborar las disposiciones legales que le darían vida a esa figura. Una fuente del Ejecutivo y dos de la Cancillería salvadoreña dijeron a El Faro que ya evalúan perfiles de personajes con prestigio internacional que podrían asumir el mando de un ente que investigaría casos de narcotráfico y crimen organizado que el fiscal general, Romeo Barahona, ha ignorado, ha engavetado o simplemente no ha podido resolver.
En el debate y promoción de la iniciativa han participado funcionarios de diferente rango y especialización en el área de Seguridad. Un funcionario de Cancillería que participó en las reuniones y creación de un proyecto de ley que dé vida a la entidad aseguró que la iniciativa creció por el descontento y decepción que ha despertado la gestión del fiscal Barahona. “Solo casos de clicas, casi delitos de bagatela presenta como logros en la lucha contra el crimen organizado... y su lucha contra el narcotráfico la reduce a los decomisos hechos en centros penales”, ilustró la fuente, que al igual que las otras pidió que no se le identifique porque no está autorizada para hablar del plan.
La idea está inspirada en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que se creó en el país vecino hace tres años. En El Salvador, la iniciativa tiene el respaldo y compromiso de apoyo de dos oficinas importantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU): la Oficina Contra el Delito y la Droga (UNDOC) y el Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, una especie de cancillería del secretario general de ese organismo, Ban Ki-moon.
Funcionarios del Ejecutivo que trabajan en el área de seguridad pública dicen que la idea del Gobierno es crear un organismo que esté dirigido por un comisionado extranjero. Bajo su dirección habría tres delegados salvadoreños representando a diferentes instituciones como el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia y, posiblemente, un representante de la sociedad civil. Esta estructura sería de supervisión y apoyo, ya que el trabajo operativo estaría a cargo de un director ejecutivo o un fiscal especial que trabaje con independencia.
Una segunda fuente de la Cancillería dice que la ONU preguntó por qué el Gobierno aboga por la aprobación de una comisión anticrimen, cuando la Constitución de la República es clara en ordenar a la Fiscalía la investigación de todos los crímenes. El temor de ese organismo internacional radica en la posible creación de “una Fiscalía paralela”, tal como sucedió en Guatemala con la CICIG. Ante esa observación, el Gobierno ha revisado la Ley Orgánica de la Fiscalía para buscar soluciones legales, una de las cuales es el nombramiento de fiscales especiales, pero el problema es que esos cargos son nombrados por el fiscal general, quien se opone al proyecto.
“No vemos necesario que se cree una comisión para combatir el crimen. Es mejor que los recursos que se pueden ocupar se destinen al reforzamiento (de la Fiscalía y Policía)”, declaró Barahona la semana pasada a La Prensa Gráfica.
El rechazo de Barahona a la comisión anticrimen quedó de manifiesto el pasado febrero, cuando, según una de las fuentes de Cancillería consultadas independientemente, el funcionario se negó a recibir a una comisión de seguimiento de la ONU. El Faro buscó la versión de Barahona, pero su equipo de comunicaciones informó que se encontraba fuera del país. El Fiscal prometió a El Faro una entrevista en septiembre pasado, pero seis meses después de su compromiso aún no lo ha cumplido.
Pese a la oposición del fiscal general, el gobierno ha continuado con el proyecto y hasta ya tiene perfiles de las personas que podrían dirigir la comisión. El Ejecutivo ha depositado su primera mirada en el peruano Álvaro de Soto, un abogado que se retiró de las Naciones Unidas en 2007 y en cuyo trabajo de 25 años destaca su labor como representante del secretario general de la ONU en el proceso de paz salvadoreño, hace ya casi dos décadas.
“Álvaro de Soto es una de las cartas más famosas, pero no necesariamente la más fuerte. Hay otros nombres fuertes que están siendo considerados, gente que trabaja para Naciones Unidas”, aseguró una de las fuentes. Otra de las fuentes de El Faro se limitó a decir que el nombre de De Soto es el que se maneja en el Ejecutivo. Según uno de los funcionarios consultados, el Ejecutivo ya informó a De Soto del interés en proponerlo como el encargado de la nueva institución.
La gota que derramó el vaso
El presidente Mauricio Funes habló por primera vez de la necesidad de crear una comisión especial contra el crimen organizado en septiembre de 2010. El proyecto se apresuró cuando la Fiscalía General presentó una lista de cinco candidatos para dirigir el Centro de Intervenciones Telefónicas (CIT), un proyecto de especial interés para la embajada de los Estados Unidos, que financia el nacimiento del centro.
La primera propuesta del fiscal general era nombrar a Sigfredo Campos, jefe de la Fiscalía en San Miguel, como director del CIT. Sin embargo, ese nombre y los otros cuatro fueron vetados por la embajada de los Estados Unidos y por el mismo gobierno salvadoreño, que consideraron que Campos no genera suficiente confianza. “Ha habido problemas con los nombres”, confirmó una fuente del Ejecutivo, en referencia a la lista que presentó Barahona. En lugar de Campos, funcionarios de la administración Funes se han inclinado por Allan Hernández, jefe de la unidad antiextorsiones de la Fiscalía.
Para infortunio del fiscal general, el rechazo a su lista evolucionó a un debate entre el presidente Funes, la Cancillería y el gabinete de seguridad. El gobierno no solo le reprocha a la Fiscalía pocos resultados en el combate al crimen organizado sino que agrega una “confusión” en la percepción de ese delito. Barahona presentó, por ejemplo, la desarticulación de una pandilla como caso de crimen organizado, algo que no convenció a los funcionarios.
La embajada estadounidense y el gobierno también reprochan que la Fiscalía se niegue a asumir el compromiso de cumplir con metas para el combate a delitos como el narcotráfico y el lavado de dinero. Ese otro factor también alimentó la discusión de acelerar la creación de la comisión internacional.
El gobierno de los Estados Unidos confirmó que ese tema ya se está discutiendo en escenarios internacionales. “Sí sabemos del interés que puedan tener las autoridades en El Salvador de ver la posibilidad de que algo parecido a la CICIG guatemalteca, eso se ha conversado en las Naciones Unidas”, dijo el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Arturo Valenzuela.
Valenzuela dijo desconocer si el tema de la comisión se discutirá en la reunión que el presidente Funes sostendrá con su homólogo, Barack Obama. Aunque el funcionario estadounidense trata de manejarse con diplomacia al decir que es un tema de interés local que deben resolver las autoridades salvadoreñas, dejó claro el entusiasmo que la posibilidad de crear una CICIG salvadoreña le genera: “La creación (de la comisión contra el crimen organizado) es algo que nosotros veríamos con buenos ojos”, dijo.
