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Ejecutivo busca tener carta blanca en concesión de La Unión

El anteproyecto presentado a la Asamblea busca dar carta blanca para que CEPA controle las bases de licitación de la concesión del área de atraque de buques. En él no se toma en cuenta las áreas extraportuarias, que serán dadas en arrendamiento a largo plazo por CEPA. La propuesta también limita la carga de contenedores que podrá recibir Acajutla.

Rodrigo Baires Quezada

 
 

El Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa las condiciones básicas para la concesión del puerto de la Unión Centroamericana. Diputados del FMLN y PCN aseguraron que están dispuestos a aprobar los 23 artículos del decreto, toda vez que subsane las propuestas discutidas en los últimos tres años. La estimación de estos partidos es que si se cumple esa condición debería haber un decreto en 60 días.

Una vez aprobadas, según dijo el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Luis Enrique Córdova, el proceso de licitación del puerto podría durar ocho meses más.

“CEPA concesionará (…) la operación de la Fase I de La Unión Centroamericana a un operador portuario especializado en contenedores, el que tendrá a su cargo la administración, equipamiento, mantenimiento, explotación comercial, desarrollo de la infraestructura, promoción, posicionamiento internacional y generación de negocios en el mencionado puerto”, dice el artículo 4 del anteproyecto, que en esencia resulta casi una calca de la propuesta que fracasó hace tres años.

El documento enviado este día a la Asamblea detalla que la empresa ganadora manejará el puerto por 30 años y tendría que hacer una inversión inicial mínima de 30 millones de dólares en los primeros cinco años de su administración. El resto del puerto será manejado por CEPA, que podría arrendarlo a largo plazo a otras empresas interesadas en el futuro, explicó Córdova.

En un primer momento, la concesión propuesta es solo para los frentes de atraque y el área de terminales, que incluye la plataforma de muelle, el patio de contenedores y otro no pavimentado para otro tipo de cargas. Para ello, de ser aprobado tal cual fue presentado el decreto, CEPA, bajo la supervisión de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP), haría las bases de licitación y el contrato.

El resto de la infraestructura de acceso marítimo, los edificios administrativos del puerto y las zonas extraportuarias seguirán siendo mantenidas y operadas por CEPA. “Ya se tienen en estas zonas extraportuarias la planta de carbón, la planta de Cutuco Energy y hay una empresa argentina de carros para distribución en la región. Todas esas son negocios que se establecen que, en paralelo a la concesión, están identificando áreas donde establecer nuevas inversiones”, dijo Córdova.

Aun cuando se mantiene la propiedad de las instalaciones en favor del Estado, el documento presentado mantiene que no habrá participación directa del Estado en la administración del puerto, un punto que llevó a que el FMLN detuviera la aprobación de diferentes propuestas hechas por el gobierno de Antonio Saca en el pasado. “Hasta donde tengo conocimiento, todo el concepto de concesión es diferente (…) Antes era como todos los huevos en una misma canasta para un solo inversionista privado”, dijo Lorena Peña, diputada del FMLN.

La Asamblea Legislativa recibió un primer anteproyecto el 26 de abril de 2008. Entonces, el Ejecutivo planteaba la concesión plena y unificada del puerto de Acajutla y La Unión, por un período de 25 años, prorrogables por 10 años más, y un pago inicial no menor a los 40 millones de dólares.

El anteproyecto tenía el visto bueno de algunas empresas internacionales interesadas en manejar los puertos. En julio de 2008, el entonces director de CEPA, Ricardo Montenegro, dijo que el proceso de concesión de ambas infraestructuras estaba planificado para iniciar entre diciembre de 2008 y enero de 2009. Para entonces diferentes operadores portuarios del mundo, como Dubai Ports, Valenciaport y grupo APM- MAERSK, habían visitado el puerto.

Sin embargo, para diciembre de 2008, la concesión del puerto seguía paralizada en la Asamblea Legislativa. El FMLN pedía participación mayoritaria del gobierno en la administración del puerto de La Unión. Para ellos, la solución era la creación de una empresa de capital mixto con el 51% de las acciones en manos del Estado, donde su capital inicial sería el monto invertido y la infraestructura existente, y 49% para la empresa ganadora, quien tendría que poner el equipamiento y los fondos para iniciar operaciones. Desde el Ejecutivo, la fórmula era de 10-90 a favor de la concesionaria.

Aun cuando el Frente solo tenía 32 votos en el parlamento, la decisión de no concesionar también era compartida por el Partido de Conciliación Nacional (PCN), con 10 votos en el pleno, impidiendo su aprobación. Para el diputado Mario Ponce, con una fórmula de 90-10, difícilmente se estaba listo para dar los votos pecenistas. Entonces, ellos se inclinaban por fórmula una 40-60 o 30-70, siempre a favor de la empresa concesionaria.

27 meses después, el FMLN y el PCN aseguran que el anteproyecto presentado por el gobierno de Funes ya rectificó esos puntos de discordia. Primero, destacan que la concesión sea solo de una fase del puerto de La Unión. “La vez pasada estaba entregando todo a un solo inversionista, quien manejaba todo, hasta el área extraportuaria, que son como 300 manzanas para diferentes actividades económicas. Esto ahora ha cambiado”, dijo Lorena Peña.

Francisco Merino, del PCN, agregó otra diferencia: “Además, el Estado mantiene la propiedad del puerto y es la gran diferencia con las propuestas presentadas en el gobierno de Antonio Saca, donde además que se incluía el puerto de Acajutla en el trato”. En la propuesta presentada, las bases obligan a CEPA a respetar “las vocaciones preferentes de cada puerto” y obligaría por un lapso de cinco años regular la recepción de contenedores en Acajutla para no afectar las operaciones de La Unión. “El volumen máximo de contenedores (a recibir) se establecerá en las bases de licitación”, dice la propuesta.

Además, el FMLN destacó que el Estado se aseguraba una tasa de retorno propia con el decreto. “Eso es de las cosas más importantes”, aseguró Peña. En la práctica, además de la contraprestación como pago inicial, la empresa concesionaria debería pagar una renta mínima anual o un canon variable a pagar, sin embargo esta también sería determinada por CEPA en el futuro en las bases de licitación.


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