La corte de apelaciones, integrada ex profeso por los magistrados Lourdes Paz, Marco Zúniga y Gustavo Bustillo, se encargó de cumplir la encomienda de la Corte Suprema de Justicia de pronunciarse exclusivamente por los casos contra Zelaya.
Los jueces adoptaron su decisión por mayoría y sólo Zúniga se pronunció en contra del ex mandatario. El Ministerio Público anunció de inmediato en un comunicado que apelará la decisión.
La fiscalía encausó a Zelaya en 2009 por los cargos de fraude y falsificar documentos en perjuicio de la administración pública.
Un juez designado por la Corte Suprema anuló previamente en marzo las tres órdenes de captura contra Zelaya por ambos procesos que se remontaban a julio de 2009, cuando los militares dieron un golpe de Estado y expulsaron a Zelaya del país.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, expresó su beneplácito por el fallo. En un comunicado emitido en Washington, aseguró que 'esto pone fin a la situación de incertidumbre sobre la situación jurídica del ex mandatario, que se abrió a partir del golpe de Estado'.
Se 'ha cumplido la principal condición para el retorno de Honduras' a la OEA, señaló, y dijo que 'en forma inmediata iniciaré consultas con los Estados miembros para examinar la disposición a convocar una asamblea a fin de considerar este tema'.
La OEA expulsó a Honduras después de que Zelaya fue derrocado y en su lugar asumió el poder un gobierno de facto presidido por Roberto Micheletti.
En abril, el presidente hondureño Porfirio Lobo se reunió en Cartagena de Indias con sus colegas Hugo Chávez de Venezuela y Juan Manuel Santos de Colombia, con el fin de analizar la situación de Zelaya. Allí expresaron que la anulación de los procesos contra el ex presidente facilitaría el retorno de Honduras en la asamblea general de junio de la OEA en San Salvador.
Según el argumento jurídico de la sentencia, el tribunal consideró que 'el caso puede dar por resultado que de manera anticipada una persona resulte condenada en un procedimiento criminal, pero que posteriormente sea absuelta en un procedimiento administrativo'.
'Y eso constituye un absurdo que pondría en precario el sistema procesal y la seguridad jurídica, que son los pilares fundamentales de la correcta administración de la justicia', señaló el documento.
Los casos de corrupción contra el ex presidente se fundamentaron en un informe del Tribunal Superior de Cuentas, que audita el presupuesto estatal.
La fiscalía, que dispone de 60 días para pedir una revocación del fallo, consideró la decisión 'contraria a los juicios incoados con anterioridad' respecto a la responsabilidad del ex mandatario.
José Anahín Orellana, abogado defensor de Zelaya, asignado de oficio, dijo a los periodistas que el tribunal eliminó los juicios iniciados por el Ministerio Público en contra de su patrocinado 'y por ello, el ex gobernante puede venir de manera segura a Honduras cuando él lo estime conveniente'.
Zelaya, que vive en República Dominicana, ha anunciado su intención de volver al país cuando fuesen eliminados los juicios en su contra, por haber sido promovidos por autoridades involucradas en la conspiración que generó su caída.
Al ser derrocado, la fiscalía presentó siete acusaciones contra él, de las cuales cinco eran por delitos de orden político. Quedó eximido de ellas cuando el Congreso aprobó en enero del 2010 una amnistía para delitos de esa índole.
Debido a que Honduras quedó marginada de la OEA y el Sistema de Integración Centroamericana, Lobo, que asumió el cargo en enero del 2010, ha iniciado una campaña para la reincorporación de su país a los organismos multilaterales.
Empresarios critican fallo
Líderes empresariales y políticos que respaldaron el golpe de estado de junio de 2009 criticaron el martes la decisión de una corte de apelaciones de eliminar dos juicios por corrupción en contra del derrocado presidente Manuel Zelaya.
El gobierno expresó satisfacción por la decisión judicial que allana el camino para reincorporar Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero la comunidad latinoamericana advirtió que se trata solamente de un primer paso.
Jimmy Dacaret, líder de Unión Cívica Democrática que apoyó gobierno de facto, dijo el martes a la AP que 'este es el principio de la impunidad porque la Corte Suprema le falló al pueblo por las presiones externas para anular los casos de Zelaya... y eso debilita a la nación'.
El estadounidense Departamento de Estado exhortó a la incorporación inmediata de Honduras a la OEA. En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado Mark Toner dijo que Estados Unidos apoya las intenciones de secretario general de la OEA José Miguel Insulza de iniciar consultas con los estados miembros sobre la readmisión de Honduras al organismo multilateral.
La Cancillería de El Salvador consideró que la decisión del tribunal es un 'importante paso que no solo abre una nueva puerta hacia el camino de la reconciliación en la hermana República de Honduras sino también hacia su reincorporación al seno de los organismos internacionales', según un comunicado.
El asesor internacional de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, Marco Aurelio Garcia, destacó la decisión judicial como 'un avance importante' y agregó que 'tenemos interés en que rápidamente se normalice la situación del ex presidente Zelaya, era uno de los condicionantes importantes'.
Agregó que aún existe 'una situación compleja en materia de derechos humanos' en Honduras que debe ser analizada por los países americanos antes de readmitir a la nación centroamericana a foros multilaterales como la OEA.
El fiscal contra la Corrupción de Honduras, Henry Salgado, dijo a radio HRN que 'la posición del Ministerio Público siempre ha sido contundente y encaminada a enjuiciar a Zelaya. El fallo nos dice lo contrario... y presentaremos un recurso legal por creer que afecta los intereses de la sociedad'.
Pero el canciller Mario Canahuati dijo a la AP que 'en base a la ley, ya se puso fin a un proceso político difícil que allana el retorno de Honduras a la OEA'.
Añadió que 'así se solventarán las diferencias con algunos países sudamericanos con los que estamos deseosos de restablecer buenas relaciones y alianzas estratégicas'.
Venezuela, Ecuador, Argentina y Ecuador no reconocen a Lobo por considerar que surgió en comicios realizados después del golpe.
El que fuera canciller de Zelaya, Milton Jiménez, dijo a diario Tiempo que 'los juicios tienen vicios de ilegalidad porque son políticos y bochornosos al surgir cuando se dio al traste con la democracia en el país'.
Fredín Fúnez, abogado simpatizante de Zelaya, señaló que 'la situación deja expedito el camino para que el ex gobernante regrese al país y, aunque la fiscalía puede intentar revocarla, no cambiará el fondo del asunto porque los magistrados no variarán su posición'.
A inicios de junio, la OEA sesionará en San Salvador, y dos semanas después, la Comisión de la Verdad que investiga el golpe de Estado en Honduras, revelará su informe.
