Cinco homicidios de personas vinculadas al conflicto por un proyecto minero en Cabañas, ocurridos entre 2008 y junio de 2011, fueron perpetrados por pandilleros y ordenados por venganzas entre familias, aseguraron este martes la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Esta explicación oficial sobre la violencia que se registra desde hace tres años en Ilobasco, Sensuntepeque y Victoria, incluyendo amenazas al personal de una radio comunitaria que ha denunciado atropellos al ambiente en esta región norteña del país, fue abordada en una reunión entre diputados e investigadores fiscales y policiales y descarta por ahora cualquier responsabilidad material o intelectual de grupos a favor de la minería metálica.
Organizaciones ambientalistas y comunidades de Cabañas han cuestionado las indagaciones oficiales, aseguran que son líneas de investigación muy pobres y que no han dado con los autores intelectuales de los crímenes y las amenazas. La Mesa Nacional Frente a la Minería -entidad que aglutina 14 organizaciones ambientalistas- ha pedido que se investigue a algunos alcaldes de Cabañas, a la empresa Pacific Rim y a otros grupos que se han manifestado a favor de la minería. Algunos voceros hablan, incluso, de la posibilidad de grupos de exterminio.
Los titulares de la PCN y la FGR se mantienen cautos. Pese a que han admitido que todos los fallecidos y sus asesinos tenían serias diferencias (unos a favor y otros en contra) sobre los proyectos mineros que hasta julio de 2008 desarrolló la empresa canadiense Pacific Rim, en sus mismas declaraciones descartan que los asesinatos hayan ocurrido por la minería. Tampoco lo descartan, dicen.
“Nosotros, como Fiscalía, no podemos señalar esa vinculación entre Pacific Rim y las investigaciones realizadas hasta el momento, no lo podemos afirmar si no nos consta en un proceso”, dijo el fiscal general Romeo Barahona. “Hasta este momento, no podemos establecer que haya una autoría como autores intelectuales, como autores materiales”, agregó, en referencia a la empresa minera.
El subdirector de investigaciones de la PNC, Howard Coto, coincidió con Barahona. “(No hemos encontrado) hasta este momento, participación alguna de una entidad de este tipo (en alusión a Pacific Rim) en una vinculación directa o intelectual con los hechos”, dijo. Su jefe, el director Carlos Ascencio, habló en el mismo sentido: “La investigación sigue abierta, por tanto no podemos hablar de responsables intelectuales o materiales más allá de los que aparecen (ya) indicados”.
La comisión de justicia y derechos humanos había citado a la FGR y a la PNC para que explicaran las investigaciones de tres capítulos de violencia en Cabañas ocurridos entre febrero de 2008 y julio: el asesinato de un ambientalista en Ilobasco, cuatro homicidios en Sensuntepeque, y las amenazas contra Radio Victoria, una emisora comunitaria que ha pedido a Pacific Rim cesar sus proyectos en la zona.
Los tres capítulos de violencia tienen como denominador común estar relacionados con la minería, sin embargo, Barahona y Ascencio insisten en que hasta ahora los únicos responsables en las muertes son pandilleros de Cabañas que trabajaron como sicarios de familias que tenían entre sí pleitos pasionales.
En cuanto a las 13 denuncias que la Fiscalía investiga sobre las amenazas de muerte recibidas por periodistas de Radio Victoria, con sede en Cabañas, las autoridades aun dicen estar investigando y que no tienen nada confirmado.
El primer homicidio de un ambientalista ocurrió el 26 de junio de 2008. Marcelo Rivera fue visto por última vez en una parada de buses de Ilobasco ocho días antes, y se sabe que fue secuestrado y torturado. La Fiscalía asegura que fue un pandillero amigo quien lo invitó a embriagarse y que a la medionoche fue asesinado en esa misma reunión. De ese crimen hubo seis capturas de pandilleros con sus respectivas condenas. De estos, el pandillero Hérbert Herrera fue identificado como el autor intelectual.
Los siguientes cuatro asesinatos en la zona ocurrieron entre marzo y diciembre de 2009, en el cantón Trinidad, de Sensuntepeque. Dos pertenecían a la familia Menjívar y dos a la familia Rivera. Estos últimos estaban en contra de la minería. Ambas familias tenían diferencias en este tema, sin embargo, la Fiscalía asegura que los atentados entre unos y otros comenzaron por asuntos pasionales.
Rodolfo Delgado, jefe de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Fiscalía, explicó que el origen de esta espiral de venganzas se dio cuando Ramiro Rivera atacó a una persona de la familia Menjívar “en el calor de que unos estaban a favor y otros en contra de la minería”. Delgado explicó que esa agresión se dio cuando Pacific Rim aún exploraba posibles sitios de explotación, es decir, antes de febrero de 2008, cuando la empresa aún buscaba los lugares adecuados para explotar minerales.
El mismo Delgado, sin embargo, ve como posible que las verdaderas diferencias hayan surgido el 7 de febrero de 2008, cuando una integrante de la familia Menjívar agredió a una menor de la familia Rivera por un ataque de celos. 'Pero será hasta la audiencia preliminar a finales de julio que sostendremos el móvil', dijo el fiscal.
Entre febrero de 2008 y diciembre de 2009, el cantón Trinidad fue testigo de la muerte de dos miembros de cada familia: Esperanza Velasco Menjívar, Horacio Menjívar, y Ramiro Rivera y Dora Recinos, su esposa.
En cuanto a las amenazas contra periodistas de la Radio Victoria, registradas desde marzo de 2006, la Fiscalía dice no tener nada concreto y que los casos están “sobreaveriguar”. En las amenazas, no obstante, hay un alto contenido político e intimidaciones para que los locutores callen. 'Esta es una advertencia nuevamente al personal de Radio Victoria hijos de la gran puta chambrosos que solo mierda habla la verdad ya hicieron que se nos acabe la paciencia como se lo pedimos a Óscar la última vez si no cambiaba el enfoque radial les iría mal (...) Pablo Óscar y Manuel tienen hasta el miércoles para abandonar el departamento de lo contrario aténganse a las consecuencias', decía uno de los mensajes anónimos enviados a personal de la radio a inicios de mayo pasado.
La Radio Victoria se ha caracterizado por denunciar con frecuencia sobre los posibles riesgos de la ejecución de proyectos de minería metálica en el departamento.
Los mensajes han sido enviados utilizando varias vías: correo electrónico, hojas de papel manuscritas o escritas a máquina y llamadas telefónicas. La Fiscalía, hasta ahora, dice no tener nada claro sobre el origen de las amenazas y sobre los posibles responsables. “Tenemos varias líneas de investigación pero no podemos por el momento establecer una hipótesis. Hemos hecho bastante labor de investigación pero pues, se está trabajando en algunas hipótesis”, dijo el fiscal Delgado.
'No hay relación entre amenazas y muertes'
Tanto los funcionarios de la Fiscalía como de la Policía aseguraron a los diputados que no han encontrado pistas para relacionar los tres capítulos de violencia en Cabañas. Las tres investigaciones las han desarrollado las mismas unidades de la Fiscalía y la Policía.
“Salvo que Marcelo Rivera, algunas de las personas fallecidas de Trinidad y que la Radio Victoria eventualmente ha jugado un papel importante en cuanto a la denuncia o activismo antiminería en el departamento de Cabañas no hemos encontrado hasta este momento ningún indicio que nos lleve a vincular los hechos”, afirmó Howard Coto.
Las autoridades tampoco confirman involucramiento de la empresa Pacific Rim, quien en reiteradas ocasiones ha pedido al Gobierno salvadoreño que investigue todos los crímenes en la zona de su inversión.
Cotto, sin embargo, admite que la empresa ha sido un catalizador de la violencia. “Es bastante claro que nunca se midió desde el principio las acciones que esta empresa Pacific Rim realizaría en la zona en cuanto al impacto que podía generar en las contradicciones dentro de las propias comunidades de personas que apoyaran y personas que rechazaran la extracción de metales preciosos en ese territorio”, dijo el oficial.
La exposición de la Fiscalía y de la PNC fue atestiguada por pobladores de Cabañas y activistas contra la minería, que dijeron estar insatisfechos con la versión ofrecida ante los legisladores. “Que un fiscal general venga a decir a la Asamblea y a los medios de comunicación que fue un conflicto de amigos y entre familias es vergonzoso, cuando se le han proporcionado elementos de prueba sobre más implicados en esto”, dijo José Mario Ramírez, abogado de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES).
Ramírez, un ex fiscal de la república, llegó acuerpado por una veintena de líderes ambientales y pobladores de Cabañas para conocer la versión entre Policía, Fiscalía y diputados. Reconoció que las autoridades han dicho que en Cabañas hay un problema serio y que hayan capturado y condenado a personas que, según las investigaciones, son los responsables materiales. Pero pidió más.
“Hay más de fondo, hay personas intelectuales trabajando. Hay escuadrones de la muerte todavía en este país”, agregó el ex fiscal.
Ramírez recordó que las primeras amenazas contra líderes ambientalistas surgieron hace casi una década, después de que en 2002 Pacific Rim comprara las exploraciones que hasta entonces había desarrollado una empresa estadounidense. “¿Por qué mueren Marcelo, Ramiro y Dora? Porque ellos hacían una resistencia y eran líderes visibles que vinieron desarrollando ese trabajo por varios años, y fueron amenazados antes de ser asesinados”, dijo Ramírez.
El abogado señaló que las familias de los ambientalistas asesinados presentaron testigos a la Fiscalía pero que sus declaraciones, al parecer, no han sido incluidas en las investigaciones.
“Lo más fácil es decir que son pleitos entre familia los causantes de estos homicidios, como ha sucedido en Guatemala o en otros países”, reclamó Vidalina Morales, habitante del cantón Santa Marta (Victoria, Cabañas), y representante de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES).
Morales explicó que la tercera ambientalista asesinada, Dora Recinos, fue atacada a 200 metros de un puesto policial y que eso ya es suficiente para sospechar de que hay un complot en el lugar. En esa trama, asegura Morales, hay hasta alcaldes involucrados. “Hemos visto un despilfarro de dinero en fiestas y obras que normalmente no se pueden pagar con nuestros impuestos, y a la vez los hemos visto muy relacionados con Pacific Rim. Solo pedimos que se investigue a conciencia”, pidió la mujer.
El fiscal Barahona, mientras tanto, dice que prefiere no mencionar a la empresa minera sin tener pruebas contundentes. “No podemos afirmar esa relación si no nos consta en un proceso porque tenemos un proceso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, y ante una posible resolución que se pueda dar no podemos ser así de irresponsables en decirlo, aunque tampoco podemos descartar algo que más adelante podamos fortalecer o desvanecer”, dijo.
Barahona se refiere a una demanda que presentó Pacific Rim contra El Salvador por haberle negado permiso para explotar, a pesar de que sí le había autorizado hacer exploraciones. Pacific Rim alega que si el Estado le había permitido invertir millones de dólares para estudiar el potencial de la mina El Dorado en Cabañas, se entendía que estaba anuente a la posibilidad de que explotara el yacimiento de oro y plata. El gobierno de Antonio Saca, por medio del Ministerio del Ambiente, negó a la empresa la posibilidad de extraer metales preciosos en medio de una batalla pública sobre el riesgo ambiental que supone.
El sucesor de Saca, Mauricio Funes, ha dicho en dos ocasiones que la postura oficial del gobierno salvadoreño es que no habrá minería en el país. Sin embargo, el Ministerio de Economía dice lo contrario, que aun no hay una posición oficial. Llegó a tal punto la contradicción en el gobierno de Funes que Economía ejecuta una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que es uno de los pasos previos para aprobar la explotación industrial de minerales, según la Ley del Ambiente salvadoreña.
Según el director de Minas e Hidrocarburos, Carlos Aquilino Duarte, la EAE permitiría al Estado tomar la mejor decisión de manera informada.
“Mientras él es el presidente, la postura oficial es que no hay mineriá, no hay ninguna duda, lo que ocurre es que hay actualmente una legislación que regula este sector de la minería metálica y no metálica. En consecuencia, si la política pública va a ser no a la minería metálica de una vez por todas y de manera definitiva, hay que modificar la ley y en eso entra la Asamblea Legislativa. Y precisamente para esa toma de decisión es que este estudio de EAE pretendemos sirva como un insumo importante”, expresó.
Sin embargo, esta EAE está siendo criticada por la Mesa Nacional Frente a la Minería, que ha denunciado que la consulta está sesgada. “Toda la exposición ha dibujado un escenario de minería sustentable, o de qué manera podría impulsarse la minería en El Salvador y no se está tocando el tema de los terribles daños ambientales”, afirmó Héctor Berríos, del equipo coordinador de la Mesa.
La Asamblea Legislativa ha manifestado que solo espera que se culmine la EAE para elaborar una ley que regule este sector. Las organizaciones ambientales han pedido que la Asamblea Legislativa promulgue una ley que prohíba la explotación minera en el país.
