Aquella parcela de 524 varas cuadradas, ubicada en Metalío, tenía como destino convertirse en la propiedad de un campesino sin tierra. El 12 de diciembre de 1997, la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) acordó entregársela a Rolando Antonio Polío. En un lapso de dos meses, entre octubre y diciembre de ese año, el ISTA acordó entregar otros 513 terrenos a igual número de beneficiarios y tuvieron que pasar 12 años para que la Fiscalía comenzara a investigar la asignación porque ni Polío ni las otras 513 personas eran campesinos sin tierra, sino empleados o funcionarios del ISTA o parientes de estos.
Polío, un ingeniero agrónomo, era jefe regional del ISTA en Sonsonate, y junto con los otros beneficiados obtuvieron tierras en Metalío, Sonsonate; El Obrajuelo, San Miguel; Nahualapa, La Paz; San Cayetano, Santa Ana, y Rancho Tatuano y San Andrés, en La Libertad.
José Roberto Pacas Méndez, presidente del ISTA durante el gobierno de Armando Calderón Sol (1994-1999), echó mano de sorteos para traducir los acuerdos que la Junta Directiva tomó en cinco sesiones, entre el 23 de octubre y el 18 de diciembre de 1997. Estos acuerdos eran para beneficiar a jefes regionales, ingenieros, arquitectos, técnicos y personal de servicio que laboraba en esa institución.
'Fui beneficiada mediante sorteo de una parcela en Nahualapa', declaró ante fiscales anticorrupción la ingeniera Rosa de Cuéllar durante las indagaciones que la Fiscalía ha estado haciendo desde el 22 de octubre de 2009. Las pesquisas iniciaron cuando la expresidenta del ISTA, Carla Alvanés, presentó una denuncia.
Los antecesores de Alvanés y la institución encargada de vigilar el buen uso de los recursos del Estado, aunque tenían conocimiento de las irregularidades, guardaron silencio durante años. “No obstante que la adjudicación a grupos familiares estaba autorizada por ley, la junta (directiva del ISTA) omitió pronunciarse que en los casos señalados, en todos los grupos e familiares beneficiados con tierras, existía al menos una persona que formaba parte del personal de la institución”, reza el informe de la Dirección de Auditoría Social y Medio Ambiente de la Corte de Cuentas, que data del 7 de agosto de 2002.
La auditoría correspondía a un análisis financiero de 1998, es decir, cuatro años atrás. El reproche concreto a la Junta Directiva es una violación al artículo 52 de la Ley del ISTA, que establece que los jefes de grupo familiar beneficiados con tierras deben ser colonos o arrendatarios, campesinos sin tierra y de reconocida aptitud para la agricultura. “Esos requisitos estaban ausentes en los empleados del ISTA”, concluyeron los auditores.
El juicio de cuentas arrancó el mismo año en que Hernán Contreras fue elegido presidente de la Corte de Cuentas por segunda vez: el año 2002. El exfuncionario fue reelegido en el cargo dos períodos, para un total de nueve años, el mismo tiempo que ese juicio de cuentas estuvo pendiente de una resolución. Contreras dejó la Cámara de Segunda Instancia el 28 de junio de 2011 y para esa fecha, ese tribunal no había resuelto un recurso de revisión que confirmaría o anularía los reparos a la actuación de la Directiva del ISTA.
Aunque Pacas Méndez y otros nueve directivos no son ni culpables ni inocentes ante los ojos de la Corte de Cuentas, para la Fiscalía ellos sí cometieron un delito. Actos arbitrarios, dicen los fiscales. El mismo ilícito que la ley salvadoreña castiga hasta con cuatro años de prisión, pero que no se puede juzgar porque la investigación comenzó muy tarde.
El primer acuerdo que benefició a los empleados del ISTA fue tomado en la sesión 38, del 23 de octubre de 1997. Ese día, la Junta Directiva analizó el proyecto de asentamiento comunitario en el inmueble El Obrajuelo, en San Miguel. El acuerdo fue así: se asignarían ventas con hipotecas a sus beneficiarios, con solares para viviendas para un plazo de 15 años y con un interés del 6%. En esa fecha, la vara cuadrada estaba valorada en unos 12 centavos de dólar.
Dos semanas después, el 6 de noviembre de 1997, la Junta Directiva del ISTA aprobó el proyecto en San Cayetano y El Chaparrón, en Santa Ana. Le siguieron Metalío, en Sonsonate; Nahualapa, en La Paz; y el último acuerdo de beneficio para sindicalistas y empleados se tomó el 18 de diciembre de 1997 con el visto bueno a la segunda etapa del proyecto Metalío; más Rancho Tatuano y San Andrés, en La Libertad.
En el caso de los actos arbitrarios que según la Fiscalía cometieron los directivos del ISTA, la ley establece una pena de hasta cuatro años de prisión. La Fiscalía tenía hasta el 18 de diciembre de 2001 para sentar a los directivos del ISTA en el banquillo de los acusados. Según los fiscales eso no sucedió porque ni la Corte de Cuentas ni tres expresidentes del ISTA denunciaron las anomalías. “Pedimos un sobreseimiento no porque no hayan cometido el delito sino porque el delito ya había prescrito cuando la administración del ISTA denunció los hechos”, dice el jefe fiscal anticorrupción, Andrés Amaya.
14 años después de supuestamente cometido el delito de actos arbitrarios, la Fiscalía también puede contar que los falsos campesinos desposeídos no solo obtuvieron tierras fraudulentamente, sino que además la deuda que adquirieron por las parcelas les fue perdonada. Empleados y sindicalistas del ISTA aprovecharon una ley en vigor desde el 9 de mayo de 1996 para no pagar el crédito hipotecario. El Decreto Legislativo 699, referente a la reestructuración de la deuda agraria, condonó todos los créditos hasta por un monto de un mil 904 dólares. Eso significa que los burócratas no pagaron ni los 12 centavos de dólar por vara cuadrada. Los 514 créditos por parcelas fueron condonados.
“Hay un deterioro patrimonial porque al momento de las adjudicaciones se encontraba vigente el decreto (…) No habiendo recibido el ISTA ni un tan solo centavo del valor de adjudicaciones”, dice un informe que esa institución envió a la Fiscalía. El deterioro patrimonial por las parcelas ascendió a un monto de 45 mil 676 dólares, valor que las propiedades tenían a finales de la década de los setenta.
Pacas Méndez fue exonerado definitivamente el 2 de junio pasado debido a que el delito ya prescribió. Por el caso de las 514 parcelas, el beneficio fue extensivo para Rodolfo Ernesto Varela Méndez, vicepresidente del ISTA; Manuel Rafael Henríquez Araujo, representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería; Mauricio López Parker, director por Cancillería; Ricardo Batista Mena, director por el Banco Central de Reserva; y José Salvador Posada Fratti, director por el Banco de Fomento Agropecuario.
A favor de ellos está la prescripción del delito, dice la Fiscalía, pero alega que contra ellos está la responsabilidad civil, es decir, deben resarcir económicamente los daños que provocaron al Estado. Eso sí, el fiscal Amaya aclara que esa tarea ya no la harán ellos, sino la institución perjudicada. Aseguró que envió a la dirección del ISTA una copia de la resolución del Juzgado Séptimo de Paz, la cual ordena que se inicie un proceso civil contra los exfuncionarios.
“Será el ISTA el que va ejercer la acción civil porque ellos tienen representación judicial y extrajudicial. La responsabilidad civil que estas personas tienen que responder, esperamos que el presidente la ejerza, esperamos que lo haga”. El fiscal Amaya explicó que el ISTA no debe esperar a que concluya un proceso pendiente contra otros tres expresidentes de esa institución (Miguel Tomás López Iraheta, José Armando Zepeda Valle y Magdaleno Antonio Guzmán Díaz) para promover medidas legales que compensen al Estado.
Pablo Alcides Ochoa, presidente del ISTA, dice que no conoce esa resolución y habla con cautela antes de comprometerse a promover una recuperación de las parcelas. “Estamos esperando la resolución del juez, eso que me está contando, pues no lo conocíamos. Ese es el criterio de ellos (Fiscalía) y uno tiene que esperar qué dice el juez para hacer las gestiones que legalmente corresponden', dijo a El Faro.
Ochoa además describe un panorama que evidencia la desnaturalización del proceso de entrega de tierras que comenzó a inicios de los ochenta y que perseguía que quienes trabajaban la tierra pudieran poseerla. 'No deja de complicarse el tema porque tenemos entendido que la gran mayoría que fue favorecida con esos solares los vendieron. Hay una venta, hay otra venta, no sé cuántas ventas sobre un mismo inmueble y retroceder todo eso es una cosa complicada”.
El funcionario toma una pequeña calculadora que está sobre su escritorio. Hace números en el aire para demostrar que quitar las parcelas a los empleados puede resultar antieconómico a los intereses del ISTA. Alega que los solares oficialmente valen unos 45 mil dólares, que son 514 parcelas y que sí un abogado cobrara unos 500 dólares para eliminar cada escritura se gastaría unos 277 mil dólares. “No hace sentido”, concluye.
El funcionario dice no saber cómo llegaron a manos de los empleados esas parcelas. Él ha escuchado “de boca en boca” que eso fue una prestación que negoció el sindicato del ISTA. Para él esas son solo palabras porque documentalmente no ha encontrado nada al respecto. Abre su computadora y muestra imágenes de un desordenado volcán de documentos que era el archivo oficial de la institución. Y luego justifica el desconocimiento sobre el caso de las 514 parcelas: “Llegar a conclusiones a partir de recoger casi basura es difícil”.
Quien sí sabe detalles de cómo los empleados y funcionarios del ISTA se convirtieron en dueños de esas parcelas es Efraín Romero. Él es del sindicato del ISTA y dice que en junio de 1997 pidieron a las autoridades de esa institución la revisión del contrato colectivo. En la cláusula 15 del documento pedían un lote agrícola y un solar para vivienda como parte de las prestaciones laborales. La Junta Directiva envió la solicitud a la gerencia legal y, después de revisar las leyes relacionadas a la reforma agraria, esa instancia determinó que la solicitud de lotes agrícolas no procedía, pero que sí se les podían dar solares para viviendas.
Esa decisión se tomó al amparo del artículo 18 de la Ley del ISTA, dice Romero. Ese artículo enumera, genéricamente, las competencias de la Junta Directiva. El sindicalista insiste con el argumento: “Tenemos en nuestro poder todos los puntos de acta de Junta Directiva, nos sentimos seguros porque no es una cosa violatoria. No hay ninguna violación desde el momento en que hubo una negociación, es un derecho. Son prestaciones irrenunciables, suscritas por dos partes”.
Aun con el criterio de la Corte de Cuentas y con la conclusión de los fiscales anticorrupción, Romero defiende el arreglo. Al hecho de que la Corte recomendara recuperar las parcelas porque los empleados beneficiarios no eran campesinos sin tierra, y al hecho de que la Fiscalía concluya que los directivos del ISTA incurrieron en actos arbitrarios, Romero se limita a admitir que no todo ha salido bien. Muchos de los beneficiarios declararon en la unidad anticorrupción de la Fiscalía que nunca tomaron posesión de las parcelas o que, simplemente, las dejaron abandonadas. “Tengo más de 10 años de no visitar el solar en Metalío”, declaró, por ejemplo, la arquitecta Ana de Suárez.
¿Realmente lo necesitaban? “Ha habido problemas”, admite Romero, “En Nahualapa (municipio de El Rosario, en La Paz), por ejemplo, el antiguo propietario dijo que el área de los beneficiados era de él y se amparó en la Corte Suprema de Justicia, pasaron como cinco años. Durante todo ese tiempo, cuando los empleados iban a medir su solar, cercaban y se los quitaban”.
El ISTA no tiene, por el momento, idea de cuántas de esas 514 parcelas están abandonadas, tampoco tiene un estudio catastral de cuántas ya fueron vendidas, una situación que reconoce el sindicato: “Aquí hay un problema que muchos compañeros por los salarios de hambre vendieron sus solares para tener algunos centavos”, dice el sindicalista.
El presidente del ISTA tampoco tiene idea de cuántos de esos empleados beneficiados continúan laborando en la institución. “Es otra pregunta que me han hecho: ¿Qué voy a hacer con los empleados? ¿Es culpable? Ese es el punto. Tal vez alguna gente ni cuenta se dio... bueno, si fuese cierta esa negociación con el sindicato...'
La Fiscalía deja en manos del ISTA la recuperación de las parcelas, el ISTA dice que todavía es necesario esperar. En ese panorama de indecisión, el que reacciona con convicción ante lo que considera una revancha política es el sindicalista. “Nos veían como areneros, es un odio”, dice Romero. Y cita una disposición constitucional que vela por los derechos laborales y cierra de tajo la posibilidad de devolver esas parcelas. “Es un derecho consagrado y lo conquistado no se entrega”.
Se entrega ex presidente ISTA
Los últimos tres expresidentes del ISTA, Miguel Tomás López Iraheta (1999-2007), José Armando Zepeda Valle ( 2007-2009), y Magdaleno Antonio Guzmán Díaz (marzo-junio 2009) son procesados porque omitieron acatar la recomendación de la Corte de Cuentas: recuperar las 514 parcelas. Además, no denunciaron ese beneficio irregular ante la instancia correspondiente. “Ellos llegaron ahí, vieron el problema y tampoco lo subsanaron”, dice Amaya.
En el caso de López Iraheta, que fue parte de la máxima dirigencia del partido Arena (Coena), la unidad anticorrupción de la Fiscalía también le acusa de entregar irregularmente unas parcelas a empleados de su seguridad. Eso sucedió el 20 de diciembre de 2001, cuando se aprobó el proyecto de parcelación agrícola Las Hojas, en San Pedro Masahuat.
-Queremos que nos ayude a obtener una parcela -le dijeron ese día a López Iraheta sus guardaespaldas Salvador Wilfredo García y Yoni Rainerio Fuentes.
-Hay parcelas disponibles, vayan a ver -les respondió él, según consta en las investigaciones de la Fiscalía.
En ese momento, el presidente del ISTA no les dio una respuesta, pero un mes después les dijo que ya podían presentar la documentación para la elaboración de escrituras.
-Vendí la parcela porque se inundaba -declaró Fuentes a los fiscales anticorrupción.
¿Qué ganaba López Iraheta con entregar esas parcelas a sus empleados? El fiscal Amaya dice que no sabe: “No tenemos establecido eso porque las personas que las recibieron eran empleados de él. Prácticamente las entregó obviando una norma que se lo prohibía. Si se hubiera establecido que él recibió plata, entonces, estaríamos hablando de otro delito”.
El sindicato del ISTA también se desmarca de la entrega de esas parcelas. “Cuando vino Miguel Tomás López es harina de otro costal, no es de nuestra negociación”, dice Romero.
La administración de López Iraheta no solo estuvo marcada por la entrega de parcelas a su equipo de seguridad. Él también parceló 169 hectáreas de tierra forestal –protegidas por el Estado- para entregárselas a simpatizantes del partido Arena -del que él era dirigente- y a su tío, Rolando López Fortis, en San Vicente. El Faro hizo la revelación de este hecho en un reportaje publicado hace algunos años. Ese caso no figura en la acusación de la Fiscalía, pero Amaya asegura que tienen otra investigación administrativa –de la cual no dio detalles-, en la que ha solicitado más documentación al ISTA.
El Faro buscó al expresidente del ISTA, pero en una vivienda que posee en la colonia Escalón dijeron que llegaba esporádicamente. Al exfuncionario se le dejó un mensaje, pero al cierre de esta nota, no había correspondido.
Aunque López Iraheta no estuvo presente en la audiencia inicial que realizó el Juzgado Séptimo de Paz, después de regresar de la ciudad de Miami, en Estados Unidos, se presentó el 8 de junio de 2011 ante el juez del caso y pagó una fianza de 50 mil dólares para gozar de libertad condicional. Según el Centro Nacional de Registros (CNR), el inmueble que ha dejado en garantía es una hacienda, ubicada en Zacatecoluca, que está registrada a nombre de uno de sus familiares.
Contra López Iraheta y otros exfuncionarios, incluso los que fueron exonerados, pesa un embargo judicial. “Se les prohíbe hacer movimiento de los bienes que ellos tienen en su poder. Son 19 propiedades, si ellos movieran estas propiedades caerían en otro delito”, dice Amaya. Aunque la orden judicial fue emitida en la primera semana de junio, hasta el viernes de la semana pasada, la orden de embargo no estaba inscrita aún en el CNR.
