Militares demandarán a juez español para neutralizar caso jesuitas

Los militares procesados en España por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, en noviembre de 1989, revelaron que una de sus estrategias para frenar la investigación de Eloy Velasco Núñez, juez de la Audiencia Nacional, será demandar al funcionario por supuesta ilegalidad de la resolución que ordena a la Policía Internacional (Interpol) la ubicación y captura de los implicados.

 “Se ha contratado a un abogado en España y el 15 de agosto vamos para allá para denunciarlo por prevaricato porque abusivamente ha girado las órdenes de captura internacional”, dijo Eduardo Cardoza, defensor de los generales Rafael Humberto Larios y Juan Rafael Bustillo, exministro de defensa y exjefe de la Fuerza Aérea, respectivamente.

El martes de la semana pasada, el Juzgado Central de Instrucción número 6 –el cual dirige Velasco Núñez- pidió formalmente a la Interpol colocar una alerta roja contra diez militares, un código que los califica como prófugos. La documentación está en estudio en las oficinas centrales en Lyon, Francia, y sí el departamento legal de esa organización determina que la solicitud española cumple con todos los requisitos legales se pedirá a los 188 países miembros de Interpol la ubicación y captura de los sospechosos con fines de extradición.

Cinco días después de que el juez español ordenó la captura, el sistema de Interpol aún no registra esa orden. “Estamos a la espera. No hay un plazo fijo (para que la orden se publique en el sistema), eso depende de que los países requirentes cumplan con todos los requisitos. Cuando se publiquen esas notificaciones hay que hacer una evaluación para ver la mejor forma de aplicarla. Hay una resolución de la Corte (sobre las alertas rojas) y al darse las premisas que establece la resolución es como cualquier ley, hay que darle cumplimiento”, explica el jefe de Interpol El Salvador, Marco Mariona.

Mientras la Policía salvadoreña espera la alerta que se originará en Francia, los militares están moviendo una maquinaria legal para evitar que las capturas se concreticen. Cardoza dice que presentarán ante la Audiencia Nacional un recurso de apelación para anular las órdenes de captura internacional. Al mismo tiempo y ante una instancia que no precisaron, presentarán una denuncia por prevaricato contra Velasco Núñez para separarlo del caso. El argumento es el siguiente: el juez cometió un delito al ignorar que en El Salvador ya se juzgó la masacre.

“Él tiene conocimiento del expediente en El Salvador y sabe que unos militares fueron amnistiados y otros exonerados por la prescripción del delito, pese a eso, él ha pronunciado una resolución que es ilegal”, insiste.

En el auto de procesamiento que Velasco Núñez firmó el pasado 30 de mayo reconoce que existió un proceso judicial que, en 1991, culminó con la condena del exdirector de la Escuela Militar, Guillermo Benavides, y del sargento del batallón Atlacat, René Yusshy Mendoza. El juez español dice que esa sentencia fue un fraude y que, por lo tanto, no hay doble juzgamiento al iniciar otra investigación por asesinato, terrorismo y crímenes de lesa humanidad. El juicio tuvo la “aparente cobertura de un proceso formal, pero tan influido e intervenido, que llegó a resultados de no justicia”, reza el documento.

“Decir que el juicio es un fraude es como que se afirme que hay vida en marte”, ironiza Lisandro Quintanilla. Él defiende a diez militares, entre los que destaca el exviceministro de defensa Juan Orlando Zepeda; el exjefe de la primera brigada, Francisco Elena Fuentes; y el excomandante del Batallón Atlacat, Óscar León Linares. Este abogado también confirma que ya tienen “estudios preliminares” para demandar al juez, pero por otro delito: difamación.

El oprobio contra los militares, dice Quintanilla, es asegurar que el sistema judicial salvadoreño cometió un engaño en la investigación de la masacre. La estrategia de los defensores es que España reconozca las condenas que dictó el Juzgado Cuarto de lo Penal de San Salvador y que fueron interrumpidas por una Ley de Amnistía, en 1993. “El artículo cinco del tratado de cooperación judicial entre El Salvador y España establece que no se puede juzgar cuando los hechos ya han sido juzgados”.

“Sí van acusar al juez Eloy Velasco por difamación, también tendrían que acusar a quienes manejan los archivos de los Estados Unidos”, reacciona el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), Benjamín Cuéllar. En el expediente judicial en España están agregados informes de la inteligencia estadounidense que señalan al entonces jefe del Estado Mayor, René Emilio Ponce, como uno de los principales responsables.

Después del asesinato de los jesuitas, Ponce fue ministro de defensa durante el gobierno de Alfredo Cristini. Aunque él falleció el pasado dos de mayo, su deceso no consta en las diligencias judiciales porque su nombre aparece en la lista de diez militares contra los que se ha solicitado captura internacional. Un documento del juzgado español reza que Ponce era una de las figuras más influyentes de una generación de militares conocidos como “La Tandona”.

Esos militares se oponían a una negociación entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Según el auto del juez Velasco, los jesuitas y especialmente Ignacio Ellacuría habían asumido un papel de liderazgo en los esfuerzos que buscaban poner fin a la guerra civil salvadoreña.  “Ese fue el motivo fundamental de su asesinato”.

Pero no son los informes de inteligencia estadounidense ni el documento de la Audiencia Nacional los únicos que implican a Ponce y a los otros militares. Cuéllar asegura que el informe de la Comisión de la Verdad de la ONU, la resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecieron la responsabilidad de los militares en la masacre. “No solo es Eloy Velasco quien lo dice, lo que pasa es que esto se resolvería fácil si se les hubiera juzgado o se les juzgara en el país”.

El IDHUCA dice que es falso el argumento de que los militares están protegidos por la Ley de Amnistía. Cuéllar asegura que una resolución de la Corte Suprema de Justicia en el año 2000 estableció que “la autoamnistía” no procedía. Al amparo de esa resolución presentaron una querella contra el expresidente Alfredo Cristiani y otros cinco altos jefes militares porque eran funcionarios del período presidencial en el que se aprobó esa ley.

La querella del IDHUCA no prosperó. El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador resolvió hace casi una década que, aunque los funcionarios estuvieran desprotegidos por la Ley de Amnistía, el caso no podía juzgarse porque los delitos prescribieron.

Ahora, 12 de los 20 militares procesados en España han utilizado esa misma documentación para presentar un recurso preventivo de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia. “Es para prevenir una detención ilegal”, dice Quintanilla. La petición de los otrora jefes militares debe ser resuelta por la Sala de lo Constitucional, pero los abogados han pedido la separación de dos magistrados que integran esa instancia: Sidney Blanco y Florentín Meléndez.

En el caso de Blanco, argumentan que tiene un conflicto de interés porque fue fiscal en la década de los noventa y declaró como testigo ante la Audiencia Nacional. En el caso de Meléndez lo acusan de adelantar criterio porque en una reunión de la Corte, el 17 de junio pasado, dijo que el máximo tribunal de justicia debía tramitar una información que había solicitado la Audiencia Nacional para evitar la impunidad del caso. Por mayoría, la Corte decidió que no tramitaría la solicitud del juez Velasco Núñez.

El pleno de la CSJ deberá estudiar las recusaciones contra Blanco y Meléndez, y determinar sí procede llamar a los magistrados suplentes para que resuelvan la petición planteada por los 12 militares.