El juez 12º de Paz de San Salvador, Carlos Roberto Calderón, puso este lunes a disposición de la Corte Suprema de Justicia a nueve militares retirados buscados por Interpol por su presunta participación en la matanza de los sacerdotes jesuitas en 1989, informaron tres personas cercanas al proceso, entre ellas, un abogado defensor.
Calderón visitó la mañana de este lunes la Brigada Especial de Seguridad Militar (ex Guardia Nacional) donde los militares habían buscado resguardo para luego entregarse a la justicia, confirmó el propio juez por medio de un vocero de prensa de los tribunales. El objetivo de la visita era determinar si las condiciones de resguardo reunían los requisitos mínimos de seguridad.
El funcionario, a quien el Ministerio de la Defensa había buscado el domingo para entregar a los militares, levantó un acta después de la visita del juez, a las 11 de la mañana de este lunes, y en la que establecía la viabilidad de que los acusados se mantuvieran en prisión preventiva dentro del cuartel.
Acto seguido, remitió el acta a la Corte Suprema de Justicia y a la vez puso bajo responsabilidad de esta a los detenidos, que acudieron al ejército para intentar evitar verse exhibidos esposados por la Policía Nacional Civil.
Serán los 15 magistrados de la Corte, es decir, la Corte en pleno, quienes deliberen y resuelvan posiblemente este martes, el próximo paso que incluye la posibilidad de dictar prisión preventiva con fines de extradición. Los magistrados deberán también designar a un juez de primera instancia para que tramite junto a la justicia española la extradición de los nueve militares acusados. En ese caso, la Audiencia Nacional de España tendría dos meses para enviar la solicitud formal de extradición, explicó el magistrado de la Sala de lo Penal, Ulices del Dios Guzmán, y los magistrados resolverían si procede hacer la concesión.
Hasta ahora, una mayoría de los 15 magistrados se han mostrado renuentes a acceder a las peticiones de colaboración que ha hecho el juez español Eloy Velasco, quien alega que el juicio previo contra algunos militares de bajo y medio rango realizado en 1991 en El Salvador fue un fraude. En esa ocasión, los dos fiscales asignados al caso renunciaron y denunciaron que el fiscal general les pidió no investigar las posibles responsabilidades en la masacre en mandos superiores de la Fuerza Armada.
La Presidencia de la República informó en la mañana de este lunes que el Ministerio de Defensa ya había puesto a las órdenes de un juzgado de San Salvador a los nueve ex militares.
Los militares retirados que ahora quedan bajo jurisdicción de la Corte Suprema son Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Helena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, Mariano Amaya Grimaldi, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo.
Contra todos pesa una orden internacional de captura girada por el juez Velasco, quien procesa una demanda contra 20 militares acusados de ocho delitos de asesinato terrorista y un delito catalogado como crimen de lesa humanidad.
Velasco pidió el 26 de julio a Interpol la captura para efectos de extradición de 10 militares, pero uno de ellos, el ex jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce falleció el pasado 2 de mayo.
'La mañana de este lunes, a las 8 horas, el Ministerio de la Defensa puso a la orden del juez Décimo Segundo de Paz, a los nueve militares retirados que son requeridos por la Interpol, para los procesos legales correspondientes', dijo la Presidencia de la República esta mañana en un boletín.
Los nueve militares, al percibir la inminencia de las capturas por parte de la Policía Nacional Civil, habían optado por ponerse bajo 'resguardo militar' la tarde del domingo, pero el Ministerio de la Defensa los entregó a la justicia común salvadoreña para que haga los trámites que correspondan.
'Mientras la autoridad policial se disponía a aplicar la difunsión roja (de Interpol), nueve de los 10 militares retirados se presentaron voluntariamente a la Brigada de Seguridad Militar', dijo el comunicado.
Cuando la Interpol recibe una difusión roja contra alguna persona, las policías parte del convenio (incluida la Policía Nacional Civil, en el caso de El Salvador) tienen la obligación de cumplir la orden de detención y poner a la persona capturada a la orden de las autoridades que corresponda para que se realicen los trámites necesarios.
La noche del domingo, aunque en la Brigada Especial de Seguridad Militar negaron haber recibido a los militares perseguidos por la justicia española, tres fuentes que conocen del proceso informaron a El Faro que los perseguidos ya se encontraban en la guarnición donde antes funcionó la Guardia Nacional. La táctica, según explicó una de las fuentes, al parecer era burlar las pretensiones de extradición del juez Velasco, aunque esta persona aseguró que el Código Militar no permitiría a los salvadoreños protegerse jurídicamente ante un posible proceso de extradición.
En aquella ocasión, los entonces fiscales Sidney Blanco y Henry Campos revelaron que habían recibido presiones de su superior para que no indagaran debidamente la conspiración que terminó con el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas (cinco de origen español), una empleada y la hija de esta.
Por este antecedente, la defensa de los ex militares han anunciado que los magistrados Blanco y Campos eviten conocer el caso.
La Sala de lo Constitucional deberá resolver además tres peticiones de hábeas corpus presentadas por algunos de los ex militares.
En el partido Arena, el diputado César Reyes Dheming, un coronel retirado, interpretó la entrega de los militares a manos del ejército como la manera que encontraron para evitar el espectáculo de verse expuestos ante la opinión pública en una situación que considera degradante. 'Era la única manera que tenían para evitar el show político de salir esposados', dijo, alegando que no se ha probado que sean culpables.
Agregó que la búsqueda de apelar al Código Militar no fructificaría porque este solo se aplica a militares activos.
