“Si es la voluntad de ellos, podrían fugarse”. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ulices del Dios Guzmán, resumió así el martes las circunstancias en que se encuentran nueve militares salvadoreños requeridos por un juzgado español por su presunta participación en la masacre de seis sacerdotes jesuitas, una empleada y la hija de esta ocurrida en El Salvador de 1989.
Aunque la Policía Nacional Civil tiene en sus manos la orden de captura girada por la Policía Internacional (Interpol) al menos desde el domingo, transcurridos tres días, la institución no ha cumplido su labor de aprehender a los militares.
Guzmán aseguró que la situación jurídica de los nueve salvadoreños acusados de delitos de terrorismo y de un crimen de lesa humanidad no está definida mientras la CSJ no tome una decisión, y tampoco mientras la PNC no ejecute la captura que corresponde después de haber recibido la 'difusión roja' emitida por Interpol.
El Faro solicitó repetidas veces a diversidad de jefes policiales que explicaran vía telefónica o en entrevistas personales la falta de actuación de la PNC, dado que ya se sabe que los militares están refugiados en el cuartel de la Brigada Especial de Seguridad Militar, en San Salvador. Ninguna autoridad de la Policía respondió ni correspondió las llamadas telefónicas ni accedió a conceder entrevista alguna, pero la mañana de este miércoles el equipo de comunicaciones de la Policía explicó las razones del silencio: la Presidencia de la República, de la que depende la PNC, decidió reservarse en exclusiva la potestad de dar declaraciones públicas sobre el caso.
Casa Presidencial confirmó que se giró la orden de guardar silencio a la Policía. Un funcionario, quien pidió anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones sobre el caso, aseguró escuetamente que el gobierno y la Policía está trabajando en el próximo paso a tomar en el caso.
El sistema de alerta roja, dice Interpol, es utilizado para poner bajo detención preventiva a una persona que es buscada por la justicia y que se pretende sea extraditada a un país para que responda por los crímenes por los que se le acusa. El Código Procesal Penal salvadoreño establece en su artículo 327 que la PNC deberá hacer las aprehensiones cuando exista esa situación: 'La Policía procederá a la captura de una persona, aun sin orden judicial, cuando respecto de la persona exista difusión o circular roja de instituciones policiales internacionales”. Este es el caso de los nueve militares retirados.
La PNC, según reveló la Presidencia de la República en un comunicado el lunes, tiene en su poder las solicitudes de Interpol contra 10 militares salvadoreños por lo menos desde el domingo pasado. La captura ya no procede en el caso del general René Emilio Ponce, quien era jefe del Estado Mayor cuando ocurrió la matanza y murió el 2 de mayo pasado. 'Mientras la autoridad policial se disponía a aplicar la difusión roja, nueve de los 10 militares retirados se presentaron voluntariamente a las 18 horas del día domingo 7 de agosto a la Brigada Especial de Seguridad Militar', dijo la Presidencia.
El mismo comunicado reveló que el lunes por la mañana, el Ministerio de la Defensa puso a las órdenes del juez décimo segundo de Paz de San Salvador a los militares, entre quienes se encuentran dos ex ministros de Defensa, los generales Rafael Humberto Larios y Juan Orlando Zepeda, y un ex comandante de la Fuerza Aérea, el también general Juan Rafael Bustillo.
El juez, Carlos Roberto Calderón, se rehusó a opinar sobre la aparente renuencia de la Policía a hacer las capturas. “Habría que preguntarle a la Policía por qué no habían hecho efectiva la orden de captura, y desde cuándo la tienen en sus manos”. Agregó que a lo mejor la Policía Nacional Civil está sopesando diversos elementos políticos y jurídicos para hacer efectiva la captura.
Para el juez Calderón, el único que podrá determinar la urgencia de la captura, su improcedencia o cualquier otra decisión es el juez de Paz que sea nombrado por la Corte Suprema de Justicia una vez esta lo decida en Corte plena, es decir, cuando estén reunidos los 15 magistrados de las cuatro Salas.
Calderón coincide con el magistrado Guzmán en cuanto a que la condición de los militares es de no detenidos. “Si los procesados salen del recinto militar en el que están, la Policía podría capturarlos en el acto”, dijo. Lo que ni la Policía ni la Presidencia han querido explicar hasta ahora es por qué la PNC no ha cumplido su deber de aprehenderlos.
El juez español Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, procesado a 20 militares salvadoreños por los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos de origen español, incluido Ignacio Ellacuría, quien para la fecha de los homicidios era rector de la Universidad Centroamericana José Siméon Cañas, donde se perpetraron los asesinatos. El 26 de julio pasado, Velasco envió a Interpol una solicitud de captura internacional pero solo contra 10 militares, y esas son las órdenes que tiene en su poder la PNC.
A pesar de que los militares no están detenidos, los defensores de los acusados presentaron esta semana tres solicitudes de libertad ante la Sala de lo Constitucional. El hábeas corpus es un amparo que un ciudadano puede presentar ante el máximo tribunal para que se le garantice la libertad por encima de cualquier arresto o detención que se considere arbitraria.
El martes por la tarde, los 15 magistrados sesionaron en Corte plena y el único punto tratado fue el caso que ventila la Audiencia Nacional española sobre el asesinato de los jesuitas. A la Corte plena le compete nombrar un juez de primera instancia para que tramite junto al gobierno español la extradición de los salvadoreños a España.
Sin embargo, la sesión no logró avance alguno y se postergó la discusión para el día jueves. Los magistrados únicamente leyeron la documentación que está en sus manos: el acta de presentación voluntaria que presentaron los militares, el acta que levantó el juez Décimo Segundo de Paz de San Salvador tras visitar la sede militar, la difusión roja emitida por la Interpol, y otra documentación remitida por el juez de la Audiencia Nacional. Nada garantiza, sin embargo, que el jueves la Corte plena resuelva sobre el caso, pues no tiene un plazo para hacerlo.
El proceso ideal de extradición
Un proceso normal de extradición en el que El Salvador es el país huésped de las personas buscadas requiere que la persona buscada sea detenida provisionalmente en el país con base en una orden de captura emitida por la Interpol. Una vez detenida la persona, se informa a la Corte Suprema de Justicia para que esta informe al país requiriente sobre la captura. En este punto, el gobierno solicitante tiene un plazo de dos meses para tramitar la solicitud formal de extradición.
Esta petición se tramita por vía diplomática, es decir, vía Cancillería, que a su vez extiende la petición al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. El Ministerio notifica a la Corte Suprema de Justicia y esta nombra a un juez que se convierte en intermediario entre los procesados y la Corte Suprema.
Es este juez quien, finalmente y con la solicitud formal de extradición de parte del gobierno solicitante, emite las órdenes de captura con el fin de extraditar al procesado, pero al final es la Corte Suprema la que decide si procede la extradición o no.
El caso de los nueve militares salvadoreños es uno para estudio porque su captura no ha sido efectuada, sino que estos se presentaron al cuartel y no se sabe bajo qué condiciones el Ministerio de Defensa les permitió el ingreso y los mantiene en instalaciones estatales aparentemente fuera del alcance de la PNC. Y sobre esto se rehusó a opinar el juez. Lo único que dijo fue que el ministro, David Munguía Payés, había actuado valientemente y que no parece estar encubriendo a los procesados.
El lunes, Calderón decidió, primero, verificar que lo dicho por el ministro fuera cierto y que, en efecto, la Interpol buscaba a los militares. Explicó que la diligencia que él efectuó en la Brigada Especial de Seguridad Militar fue únicamente para verificar que los nueve hombres se encuentran ahí. En lo que desarrollaba la visita, contó, pidió a Interpol que confirmara si había una difusión roja sobre Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Helena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, Mariano Amaya Grimaldi, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo.
A las 2 de la tarde del lunes, una vez realizada la visita de campo, Interpol le confirmó que había órdenes de captura. Interpol también notificó a la Corte Suprema de Justicia de dicha situación, con lo cual el presidente del Órgano Judicial, Belarmino Jaime, agendó el tema para la sesión plenaria de este martes.
El acta de inspección que levantó el juez Calderón servirá de insumo para que el juez que designe la Corte Suprema decida si los mantiene en reclusión preventiva ahí, o si los transfiere a sede policial. La decisión de la Corte, sin embargo, también podría ser otorgarles libertad condicional, como pretenden los abogados defensores. El magistrado Guzmán también expuso otra posiblidad: 'Puede ser que la Corte no nombre a ningún juez'.
En El Salvador, el Estado hizo un juicio a algunos de los involucrados, todos mandos medios y suboficiales. El militar de más alto rango que fue condenado por los homicidios fue el director de la Escuela Militar, coronel Guillermo Benavides, en 1991. Sin embargo, dos años más tarde la Ley de Amnistía permitió que quedaran en libertad. Años más tarde, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió que la Ley de Amnistía es constitucional, pero que no podía aplicarse a los crímenes ocurridos durante el quinquenio 1989-1994, porque ningún gobierno puede autoamnistiarse. Por lo tanto, el asesinato de los jesuitas no está amparado por dicha ley.
El operativo para perpetrar los asesinatos lo ejecutó un comando del Batallón Atlacatl, que era la unidad élite de contrainsurgencia del ejército salvadoreño durante la guerra civil. Según el informe de la Comisión de la Verdad, fue el entonces jefe del Estado Mayor, el coronel René Emilio Ponce, quien dio la orden de matar a Ellacuría e instruyó a los subalternos a no dejar testigos. Ponce siempre negó esa versión.
En junio pasado, El Faro publicó una entrevista con uno de los militares acusados en España. El coronel Camilo Hernández, aparte de revelar que fue él quien proporcionó el fusil con que se debía matar a Ellacuría, detalló algunos pormenores del reporte que se dio al Estado Mayor sobre el operativo en la UCA.
Presiones contra la Corte Suprema
Una avalancha de comunicados ha surgido de parte de diversos sectores del país tras la conmoción mediática por el proceso que siguen los nueve militares en resguardo voluntario. Varios de estos pronunciamientos, aparte de rechazar la pretensión de Velasco de que se extradite a los militares, contienen presiones explícitas para que los másimos jueces del país fallen en favor de los acusados.
En un comunicado emitido el domingo, los mismos militares aseguraron que rechazan las acusaciones de la querella presentada ante la Audiencia Nacional española y que consideran que el juez español Eloy Velasco está inmiscuyéndose en temas que son soberanos de El Salvador.
Varios de los acusados -como Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano, Francisco Helena Fuentes o el ya fallecido René Emilio Ponce- formaron hace algunos años un gremio de veteranos de guerra (Asvem) que en diversas oportunidades se manifestó púbicamente contra las pretensiones de algunas instancias extranjeras de juzgar militares de El Salvador por presuntas violaciones a derechos humanos. La Asvem repetidas veces aseguró que detrás de los reclamos de justicia que había en estas demandas se encontraba la intención de la izquierda de dañar a la Fuerza Armada.
En España fueron parientes de uno de los sacerdotes asesinados quienes presentaron la querella ante la Audiencia Nacional, tomando en cuenta que en El Salvador -según el sistema interamericano de derechos humanos- se denegó el acceso a la justicia y las autoridades nunca se preocuparon por realizar una investigación seria sobre los homicidios.
En pleno proceso contra la decena de mandos medios y personal de tropa procesados en El Salvador por la masacre, los dos fiscales adscritos al caso renunciaron y denunciaron que el fiscal general les había prohibido investigar posibles responsabilidades de mandos superiores del ejército.
Al comunicado de los acusados se sumó el martes uno emitido por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que incluye la versión de que la Ley de Amnistía sí protege a los responsables de este crimen. 'El sector empresarial considera un retroceso para nuestra democracia y la reconciliación alcanzada tras la firma de los Acuerdos de Paz (1992) que se intente perseguir hechos de la guerra que ya fueron juzgados, violentando incluso nuestra misma Constitución de la República al no respetar la amnistía acordada', reza el texto.
Luego, la ANEP se dirige directamente a los magistrados que deberán decidir eventualmente el destino de la petición del juez Velasco. 'ANEP hace un llamado respetuoso a la Corte Suprema de Justicia para que haga valer el Estado constitucional de derecho, el respeto a la soberanía nacional, y mantenga incólumne el prestigio de nuestras instituciones', señalaron los empresarios.
El partido Arena también citó la Ley de Amnistía como una razón que impediría conceder una posible extradición a España. Agregó, además, que en El Salvador ya hubo un juicio, algo que el juez Velasco niega en su resolución, pues asegura que ese proceso fue un fraude. “El caso tiene categoría de cosa juzgada y no puede ser reabierto mucho menos por un tribunal extranjero, con jurisdicción local y no internacional, ya que se estaría violando un principio de justicia universal, de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa”, dicen los areneros.
“Arena exhorta al Gobierno de la República para que a través de la Cancillería haga valer nuestra soberanía y el respeto de nuestro Ordenamiento jurídico ante el Gobierno y Pueblo Español, pues con dicha intervención de la justicia española se violan principios elementales del Derecho Internacional como lo son; la igualdad soberana entre países y la no intromisión en asuntos internos de otros Estados”, reza el comunicado.
El FMLN, por su parte, externó su confianza en que la institucionalidad funcione en el país. “Expresamos nuestro interés porque este caso sea resuelto en las instancias judiciales que lo ventilan con apego estricto al derecho”. Roberto Lorenzana, diputado y vocero del Frente, opinó que la institucionalidad del país puede funcionar sin menoscabo de la gobernabilidad del país.
“El FMLN tiene un compromiso con el respeto a los Derechos Humanos como aspecto fundamental para la reconciliación en el país. No queremos que este sea un tema que genere inestabilidad en el país”.
