El arzobispo capitalino monseñor José Luis Escobar Alas dijo este domingo que respaldará la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia en el caso de nueve militares requeridos por un tribunal español por su presunta implicación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989 y a quienes las autoridades salvadoreñas aún no han aprehendido.
'Nosotros vamos a estar a favor de lo que la Corte resuelva, (si los extradita) vamos a apoyar a la Corte en cualquiera de las circunstancias porque pensamos que habrá buscado el bien común', manifestó el prelado en conferencia de prensa.
El juez Eloy Velasco, del juzgado Central de Instrucción de Madrid, España, pidió la captura internacional de los nueve ex oficiales que integraban la cúpula militar cuando los sacerdotes españoles fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
El grupo se entregó a un cuartel castrense, que los puso a disposición de las autoridades judiciales y será la Corte quien finalmente analizará un eventual pedido de extradición por parte de España.
Aunque el Código Procesal Penal salvadoreño manda a la Policía que capture a quienes tengan difusión roja de Interpol -como es el caso-, la institución salvadoreña no ha explicado por qué no ha aprehendido a los militares retirados. La Presidencia de la República ordenó silencio sobre este punto a la Policía Nacional Civil, pero tampoco ha expuesto bajo qué circunstancias prestó las instalaciones militares para que llegaran a refugiarse a ellas los acusados.
Los militares fueron identificados como Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Helena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, Mariano Amaya Grimaldi, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Avalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo.
El caso ha generado una fuerte polémica en el país y el Arzobispo señaló que los salvadoreños 'con facilidad tendemos a politizar y buscar intereses personales o grupales' y dijo que 'no es justo, ante una situación tan delicada porque nos compromete a todos'.
Pidió que se permita que la Corte tome el tiempo necesario, de acuerdo con la ley, 'para que analice y resuelva de la manera que más convenga al país'.
Manifestó que el debate debe de llevamos a una actitud positiva, humilde, 'como el Papa dice a reconocer los crímenes cometidos, incluso al compromiso de no repetir más esta experiencia'.
Pero agregó que 'posiblemente la ley de amnistía será el mecanismo más apropiado para mantener la paz, el no volver a todos esos casos, es un acuerdo de cerrar la pagina y pasar a otro punto'.
Cuando se le preguntó si los crímenes de lesa humanidad no pueden ser protegidos por la ley de amnistía, el prelado respondió que, 'no se hasta donde está el límite de uno y de otro, pero yo pienso que todos deben ser juzgados y todos deben ser esclarecidos, deben ser reparados'.
'Solamente la ley de amnistía como una excepción, pensamos que habría que analizarlo si es necesaria para que termine el conflicto sencillamente, pero con el compromiso que no se vuelva a repetir, no es una cosa que no pasó nada, que quedó impune'.
Los jesuitas ejecutados fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López.
Ellacuría era rector de la Universidad Católica e impulsaba la vía del diálogo para poner fin a la guerra, que concluyó con la firma de acuerdos de paz en 1992 y dejó 75.000 muertos y 12.000 desaparecidos.
Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados, del Batallón elite Atlacatl entrenado Estados Unidos fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados. Pero nunca se juzgó a los autores intelectuales.
El coronel Guillermo Benavides y teniente Yusshy Mendoza fueron encontrados culpables de la matanza, pero resultaron beneficiados con la ley de amnistía general emitida en 1993.
El entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) emitió el decreto de amnistía pocas horas antes de que se divulgara un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas y de varias masacres de campesinos.
La UCA y la Compañía de Jesús han dado por 'cerrado' el proceso en contra de los autores materiales, pero siguen reclamando el esclarecimiento de la autoría intelectual.
Pero el arzobispo señaló que el juicio en España 'lo han gestionado familiares de las víctimas que tienen todo el derecho, y que quieren conocer quienes son los autoras intelectuales' del crimen.
