La oficina de la Policía Internacional (Interpol) en El Salvador informó a su homóloga en Madrid, España, que desconoce la situación legal de los nueve militares procesados por el asesinato de los sacerdotes jesuitas que están refugiados en un cuartel del Ministerio de la Defensa, y se limita a consignar en una comunicación etiquetada de urgente que se han enterado por medio de una conferencia de prensa que los imputados se presentaron voluntariamente a la Brigada Especial de Seguridad Militar, el 7 de agosto pasado.
“Se hace de su conocimiento que las autoridades policiales de nuestro país no han detenido a los imputados del caso jesuitas. No obstante, el señor juez décimo segundo de paz, mediante conferencia celebrada el ocho de de los corrientes informó que todos los imputados se presentaron voluntariamente”, reza el documento que la policía salvadoreña envió el pasado 10 de agosto.
Otra revelación que surge ahora es que la Policía Nacional Civil de El Salvador -que es la que ejerce la representación de Interpol en El Salvador- tuvo acceso a la notificación de captura internacional contra los militares tres días antes del domingo cuando supuestamente se disponía a ejecutar las aprehensiones y se vio frustrada debido a que los militares se refugiaron en el cuartel.
La oficina de Interpol en San Salvador recibió el 4 de agosto la orden de captura internacional girada por el juez español Eloy Velasco. La mayoría de los 10 nombres pertenecen a una generación conocida como “La tandona”, y son requeridos por la justicia española bajo los cargos de por crímenes de lesa humanidad y de asesinato terrorista. Aunque la Policía ya tenía vigilancia de los procesados –según una denuncia que los acusados han presentado a la Corte Suprema de Justicia-, la Policía no ejecutó el mandato de Interpol y mejor decidió mantener engavetado el documento.
“En un país normal, democrático, te llega una orden de arresto y tú arrestas de manera preventiva sin nunca violar las leyes del país requerido”, ilustra Almudena Bernabéu, vocera del Center for Justice & Accountability (CJA), que acuerpó la denuncia de familiares de uno de los jesuitas fallecidos. La abogada añadió que a partir de la detención se le pide al país requirente que presente los cargos que existen sobre las personas detenidas y que envíe una solicitud formal de extradición, que en el caso salvadoreño, debe enviarse en un máximo de 60 días, según el convenio de extradición entre España y El Salvador suscrito en 1997 bajo la administración de Francisco Flores.
“Lógicamente, hay excepciones donde se evalúa si debe proceder la captura”, explica Bernabéu, en alusión a que todo sería distinto si la persona requerida en El Salvador no fueran militares retirados sino que personas con fuero o protección como el presidente o algún funcionario público. “Esta gente no tiene ningún tipo de protección legal para estar haciendo lo que está haciendo”, señaló la abogada.
Pero los militares siguen en la Brigada Especial de Seguridad Militar y el gobierno sigue sin explicar si coordinó con los acusados proporcionarles el albergue en instalaciones estatales para que evitaran las capturas de la PNC. A juzgar por el documento, la Policía no dará un solo paso para ejecutar la orden de captura internacional. “Esta oficina ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia (determinar) si los imputados están guardando prisión preventiva, según menciona el juez décimo segundo de paz. De estar guardando detención, cuál será el lugar donde cumplirán la misma y qué autoridad tendrá competencia para conocer el caso”.
La abogada Bernabéu cree que lo que se está haciendo con los militares es prolongando la impunidad en este caso. “La sociedad salvadoreña no debería tolerar que estas personas usen sus protecciones del pasado. No puede ser que se viole la legalidad internacional, la legalidad basada en acuerdos bilaterales y en acuerdos suscritos por El Salvador”, dice Bernabéu, en alusión al convenio de extradición entre España y El Salvador, la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, y el acuerdo internacional sobre la Policía Internacional.
Estos mismos documentos fueron citados por el magistrado salvadoreño de la CSJ, Florentín Meléndez, en julio pasado, cuando criticó la resolución que una mayoría de magistrados en Corte plena habían tomado para no facilitar información del caso Jesuitas a la Audiencia Nacional española que la estaba requiriendo.
El magistrado también salió al paso de los argumentos de los abogados defensores de los militares que van en el sentido de que el crimen de los jesuitas ya expiró. Aludió a casos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas resoluciones son de obligatorio cumplimiento para El Salvador, ha resuelto que “Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional'. Por este voto razonado, el magistrado ha decidido no conocer la nueva etapa del proceso debido a que, según su criterio, ya adelantó criterio.
El CJA, en voz de la abogada Bernabéu, exige que se hagan efectivas las capturas de los militares. “Es urgente que se ponga el procedimiento en marcha, permitiendo no solamente actuar a las autoridades salvadoreñas en función del requerimiento formal, serio y legal que les han hecho las autoridades españolas, sino que además se deje trabajar a las autoridades españolas. Ahora se necesita el coraje de las autoridades salvadoreñas para hacer valer el derecho internacional”, señaló.
La jurista agregó que si a estas alturas no se ha dado una detención y que los militares no hayan pasado a un centro penitenciario y de que no haya una garantía establecida que asegure que no van a escaparse del cuartel militar, solo puede calificarse de “irresponsable” y de “actitud manipulada”.
Aunque la lista de militares contra los cuales hay orden de captura internacional es de 10 personas, una de ellas, el general René Emilio Ponce, falleció el 2 de mayo anterior. Los otros nueve militares son quienes buscaron refugio en el cuartel.
Velasco procesa a otros 10 militares salvadoreños, y al menos dos de ellos viven en Estados Unidos desde hace un tiempo. En las últimas dos semanas, la prensa estadounidense se ha dedicado a buscarlos y a exigir al gobierno de Barack Obama que los ponga a disposición de la justicia para que el discurso de intolerancia hacia los violadores de derechos humanos no sea solo palabras y se demuestre en la práctica.
