El presidente de la República, Mauricio Funes, asegura que los nueve militares requeridos por la Audiencia Nacional española que investiga la masacre de los sacerdotes jesuitas en 1989 sí están bajo detención formal, y que es el Órgano Judicial el que debe decidir el siguiente paso a tomar.
Esa afirmación contradice el informe que la Policía salvadoreña rindió hace unos días ante una instancia policial internacional, en el que decía desconocer si alguien había detenido a los militares en suelo salvadoreño.
En un documento que envió a Madrid, la Policía salvadoreña informaba que había pedido a la Corte Suprema que le aclarara cuál era la situación de los procesados. Y para ello, decía la PNC, había enviado una serie de preguntas a la Corte. Una de ellas era para saber si los procesados estaban o no detenidos. La PNC también quería saber, según ese documento, qué autoridad tenía responsabilidad directa sobre los procesados.
Funes, contrario a las dudas de la Policía, aseguró este sábado que los militares sí están capturados. “En todo caso, están en una situación de arresto, no están refugiados, como se ha dicho”, dijo el presidente, el sábado.
“Lo que le correspondía al Ejecutivo, a través de la Policía Nacional Civil (PNC), ya lo cumplimos”, agregó, y en seguida repitió el mismo enunciado que el gobierno hizo público el lunes 8 de agosto, y en el que no quedaba clara cuál era la situación jurídica de los detenidos.
Los militares, según ese enunciado del gobierno, se resguardaron en un cuartel militar el domingo 7 por la tarde justo cuando se supone que la Policía se disponía a detenerlos. La orden de captura había llegado a manos de la PNC salvadoreña el jueves 4. Nadie en el gobierno, ni Funes, ha querido explicar porqué tardaron tanto en efectuar las capturas.
Esta captura es de carácter preventivo y es el primer paso de una cadena de eslabones que están plasmados en la ley. El proceso de extradición estipulado en un convenio suscrito entre El Salvador y España desde 1998, y el Código Procesal Penal salvadoreño, establecen que todo el proceso judicial de extradición comienza con una captura preventiva. Esta detención es la que ahora mantiene enfrentados al presidente Funes y a la institución encargada de cumplir con las órdenes de captura de Interpol, la PNC.
El proceso de extradición aplica en este caso porque es el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional española la que está requiriendo a los militares debido a una investigación en su contra que lleva a cabo ese juzgado.
En El Salvador, mientras tanto, la Corte Suprema debe de nombrar a un juez para que sea este el que tramite la extradición junto al país solicitante, en este caso, España. Esa decisión sigue pendiente.
Y por ello, el presidente Funes dijo que por hoy la pelota está en la cancha del Órgano Judicial, y que es un juez el que debe determinar el siguiente paso a seguir. “No podemos irlos a sacar, no podemos llevar presos al lugar que se le ocurra a la presidencia o a la Policía, sin antes tener la decisión del juez, es el juez el que tiene que decidir, el juez ha decidido dejarlos ahí”, explicó.
Concluyó diciendo que espera que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia “tomen la decisión más adecuada, apegada a derecho, pero sobre todo, la más conveniente para el país y para mantener el clima de estabilidad política que hemos construido a lo largo de estos 20 años”.
“Ustedes están tratando de confundir a la población”
Consultado sobre la pertinencia o no de la captura preventiva de los nueve militares, el vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, respondió que el proceso estaba en manos del sistema judicial y que no este no permite injerencia del Ejecutivo. Y nada más.
—El proceso judicial al que usted se refiere, vicepresidente, comienza con una captura de carácter preventivo.
—Pero esa es… Yo creo que quien tiene que tomar la decisión de si se capturó o no se capturó es el sistema de justicia.
—Es la Policía quien primero debe capturar.
—No, es el sistema de justicia.
—Pero la Policía es la que ejerce la captura y de ahí se evalúa si procede o no el proceso de extradición.
—No, no, ustedes quieren enredar al país en esas preguntas, el sistema judicial…
—El proceso judicial en este caso comienza con la captura.
—Esa es tu opinión.
—No, lo dice la ley.
—Tenés que respetar el sistema de justicia, el sistema de justicia no se puede tratar de presionar, hay que respetar la independencia de poderes..
—¿Por qué no se efectúa la orden de detención preventiva?
—...
En este momento, Sánchez Cerén se apresuró a ingresar a un salón en el que un grupo de jóvenes músicos ofrecía un concierto de música instrumental.
Sánchez Cerén también ha sido señalado como el responsable de diversas ejecuciones de guerrilleros que estaban bajo su mando durante el conflicto armado, específicamente, en 1991.
Sin embargo, dos años más tarde, se aprobó la Ley de Amnistía con lo cual todos los crímenes de guerra quedaban perdonados. Años más tarde, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió que la Ley de Amnistía es constitucional, pero que no podía aplicarse a los crímenes ocurridos durante el quinquenio 1989-1994, porque ningún gobierno puede autoamnistiarse.
El asesinato de los jesuitas, cuyo esclarecimiento ha sido el objetivo de diversas denuncias ante instancias internacionales, no está amparado por dicha ley.
