El coronel salvadoreño Inocente Orlando Montano, requerido por la justicia española por su presunta participación en el asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989, intentó huir de Estados Unidos para refugiarse en El Salvador la semana pasada, dijo un fiscal estadounidense al periódico The Boston Globe.
Montano, solicitado por un juez español acusado junto a otros 19 militares salvadoreños de asesinato terrorista y crímenes de guerra, fue interceptado a finales de la semana pasada por agentes federales, en algún punto del estado de Virginia, debido a que había mentido sobre su pasado a las autoridades migratorias cuando tramitó el permiso de residencia en ese país. El exviceministro de Seguridad Pública declaró que no había pertenecido a las fuerzas armadas salvadoreñas.
Según el fiscal John Capin, Montano intentaba llegar a México y luego alcanzar su país natal 'porque estaba al tanto de la acusación internacional en su contra y estaba buscando El Salvador', en el entendido de que ahí podía encontrar protección legal. En su huida, Montano había recorrido al menos unos 650 kilómetros hacia el sur cuando fue detenido.
Por esa detención, Montano, de 69 años -que llevaba cerca de 10 años viviendo en Everett, una ciudad al norte de Boston, Massachusetts, según dijo a El Faro a inicios de junio- enfrentó una audiencia el martes que continuó este miércoles. Montano había mentido reiteradamente en los pasados siete años en su documentación para renovar el permiso migratorio de residencia y por eso está detenido. La Corte de distrito de Boston no lo está procesando por la acusación de haber participado en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, la ayudante de estos y la hija de la empleada.
Benjamín Cuéllar, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), en El Salvador, dijo que esperaba que el delito migratorio que se está acusando a Montano sea subsumido por los delitos más graves por los que está siendo requerido en Madrid. 'Por la detención migratoria y por la gravedad de lo que se investiga en España, esperaría que sea Montano el primero en venir a sentarse', agregó.
El fiscal John Capin, quien fue el que acusó formalmente a Montano de falsedad documental ante el juez, no detalló a The Boston Globe cómo Montano había sido devuelto a Massachusetts ni si estaba guardando detención desde la semana pasada. Pero había sido en Virginia donde a Montano se le colocó un brazalete electrónico de monitoreo, el cual lo mantendría bajo vigilancia de la oficina de migraciones de manera permanente.
The Boston Globe reportó la detención formal de Montano hasta el martes por la tarde después de la primera parte de la audiencia con el juez, quien ordenó que pasara la noche recluido. Fue este miércoles cuando el juez definió en qué condición enfrentaría el proceso migratorio. El juez determinó que estará en libertad, monitoreado siempre gracias al brazalete, y será hospedado en la casa de su hermana, en la ciudad de Saugus, al norte de Boston, mientras enfrenta el proceso.
El juez dejó en libertad al militar salvadoreño mediante el pago de una fianza de 50,000 dólares. A la salida de la audiencia, Montano, quien se moviliza gracias a la ayuda de un bastón, ignoró a un periodista de The Boston Globe que le hizo preguntas. Han sido sus abogados quienes han hablado en nombre de él.
Montano se dijo damnificado por terremoto
Montano, que según documentos sirvió en el ejército salvadoreño desde 1963 hasta 1994, retirándose como coronel, pidió en 2002 asilo en Estados Unidos aprovechando un beneficio que ese país dio a los salvadoreños en virtud de los terremotos de enero y febrero de 2001. El Departamento de Seguridad Interna concedía protección migratoria a todos aquellos que alegaran que no podían regresar por guerra o por desastres naturales.
Para mantener su estatus protegido, Montano mintió en los formularios para renovar la protección migratoria. El militar respondió 'no' en preguntas que pretendía indagar si en el pasado había pertenecido a alguna unidad militar, si había recibido entrenamiento armamentístico, o si había utilizado armas para amenazar o disparar a personas.
El Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA), con sede en California, localizó a Montano en enero en la ciudad de Everett, en las afueras de Boston, y para ello había contratado a un investigador privado. Almudena Bernabéu, abogada del CJA, explicó que se le facilitó la información al juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, y este en marzo emitió una orden de captura internacional por medio de Interpol. A Estados Unidos, explicó Bernabéu, se le pidió una detención provisional para que Montano no escapara.
Sin embargo, Montano nunca fue detenido ni por problemas migratorios ni mucho menos por la causa que investiga la Audiencia Nacional, amparada en el principio de 'justicia universal'. En mayo, el juez Velasco emitió un auto de procesamiento en el que incluía a 20 militares en situación de retiro acusados de crímenes de lesa humanidad. Montano fue señalado en el informe de la Comisión de la Verdad como uno de los miembros de 'La Tandona', una generación de militares que en plena ofensiva guerrillera (noviembre de 1989) se reunió para planificar el asesinato de Ignacio Ellacuría, jesuita español, y otros cinco sacerdotes, y sin dejar testigos. Pero, además, en el auto de detención, Velasco mencionó al militar salvadoreño como 'preso', situación que no se correspondía con la realidad.
En junio, El Faro contactó a Montano vía telefónica y este manifestó que ya llevaba diez años viviendo ahí, que nunca nadie le había dicho nada, y que la investigación de Velasco estaba basada en 'puras mentiras'.
Hace una semana, The Boston Globe buscó a Montano en su casa y no lo encontró. A partir de entonces, el caso ha crecido. Bernabéu cree que es por el papel decisivo del periodismo. Hace dos semanas, el conservador periódico The Miami Herald demandó en su editorial al gobierno de Barack Obama que fuera coherente con su discurso y que no consintiera en su país a personas acusadas de graves violaciones a derechos humanos. Puso como ejemplo los casos de Montano y de otro militar salvadoreño procesado en España que según el Herald vive en California.
El gobierno estadounidense también recibió una carta de cuatro congresistas demócratas que demandaban que si alguno de los militares salvadoreños requeridos por España residía en Estados Unidos, Washington colaborara con la justicia internacional y la lucha por los derechos humanos, ayudando a localizarlos y poniéndolos a disposición de las autoridades que los requirieran.
El fiscal Capin explicó que 'algún día de la semana pasada', el Departamento de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos decidió anularle la protección migratoria a Montano. Fue por eso, que cuando el militar apareció en Virginia, fue detenido y le fue colocado el brazalete electrónico porque ya no tenía ninguna ley que lo protegiera.
