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Magistrado Florentín Meléndez acusa a su colega Ulices Guzmán de proteger a jueces corruptos

El magistrado de la Sala de lo Constitucional dice que depurar a los jueces salpicados por corrupción es tan difícil que lo mejor sería esperar hasta julio de 2012, cuando su compañero de la Sala de lo Penal finalice sus nueve años como magistrado. Meléndez acusó a Ulices del Dios Guzmán de dirigir a un grupo de magistrados de la Corte Suprema que retardan indefinidamente las discusiones para evitar la depuración.

Efren Lemus

 
 

El magistrado constitucionalista Florentín Meléndez, que desde septiembre de 2010 denunciaba que algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia protegían a jueces corruptos, finalmente reveló este jueves un nombre: acusó a Ulices del Dios Guzmán, miembro de la Sala de lo Penal, de dirigir a un grupo de magistrados que bloquea en las reuniones plenarias toda iniciativa encaminada a depurar a los jueces, abogados y notarios acusados de corrupción o negligencia en la aplicación de las leyes.

“Cada vez que el presidente agenda casos de jueces denunciados por ciudadanos viene una batería, una oposición de un pequeño grupo de magistrados, liderado por Ulices del Dios Guzmán, que se oponen a que se toque cualquier juez, y cualquier abogado y notario de este país. Eso es insostenible y la ciudadanía está esperando con todo derecho que se sanee el Órgano Judicial”, se quejó Meléndez.

El saneamiento del Órgano Judicial ha sido un tema pendiente de la agenda de este poder del Estado. Tanto a nivel interno -la Fiscalía, por ejemplo, ha intentado sin éxito procesar a algunos jueces en los últimos años- como a nivel internacional -el Departamento de Estado suele reportar en su informe anual la corrupción judicial como una de las principales deudas de El Salvador-, el sistema de justicia ha sido muy cuestionado, pero paralelamente han sido escasas las veces en que ha habido algún intento de autodepuración.

La Corte en pleno necesita, por lo menos, ocho de los 15 votos para decidir sobre los jueces, abogados o notarios que tienen expediente abierto. En el caso de los jueces, la Corte maneja cerca de 700 casos, de los cuales una treintena son denuncias de corrupción. En septiembre de 2010, Meléndez, en una entrevista con El Faro, denunció que algunos magistrados protegen a los jueces corruptos, pero se negó a dar nombres de los encubridores.

La Corte tiene dos mecanismos básicos para sancionarlos: destituirlos a partir de una denuncia o una investigación de oficio que se le encarga al Departamento de Investigación Judicial; o quitándoles el fuero para que la Fiscalía los procese como a cualquier ciudadano.

En los últimos dos años, la Fiscalía ha solicitado antejuicio contra seis jueces por su presunta connivencia con bandas que se dedican al robo de vehículos, sospecha de que han recibido sobornos y acusaciones de aplicación errónea de las leyes. La Corte en pleno no ha resuelto ninguna de las peticiones y lejos de ser procesados en los juzgados correspondientes, los señalados siguen en sus cargos.

Además de esas seis graves acusaciones contra jueces, el Departamento de Investigación Judicial ha realizado en la última década 41 informativos (investigaciones internas) por irregularidades –en su mayoría administrativas- cometidas por los jueces. La Corte en pleno tampoco ha confirmado o rechazado los resultados de su sección interna que investiga a jueces.

El presidente de la CSJ, Belarmino Jaime, dijo este jueves que no podía precisar cuántas son las denuncias contra jueces o abogados que están pendientes de una resolución definitiva, pero reconoció que la corrupción judicial es uno de los problemas que su administración no ha logrado resolver por la falta de votos de algunos magistrados, aunque se reservó nombres.

“Nos cuesta conseguir ocho votos para establecer la sanción. Algunos magistrados no dan sus votos para esos casos. No es una decisión particular mía, es una decisión de Corte Plena. Es poco lo que se ha hecho en depuración judicial y eso hay que mejorarlo”.

En julio pasado, en una entrevista con este periódico, los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que se incorporaron a la Corte en julio de 2009, dieron un detalle más sobre el bloqueo a los intentos de combate a la corrupción judicial: el filibusterismo. Hay magistrados, explicaron, que piden la palabra y la usan indefinidamente a menudo solo para perder el tiempo, en un afán de que se frustre la revisión de los casos. En esa ocasión tampoco quisieron dar nombres. Pero este jueves Meléndez citó a uno de los magistrados que se les ha enfrentado en diversas coyunturas en los poco más de dos años que tienen de haber llegado al máximo tribunal del país.

Pero hay otros magistrados que no aceptan que hay un bando que está defendiendo a los jueces salpicados por hechos de corrupción o negligencia. La explicación de la magistrada Rosa María Fortín es que el atraso para castigar a los jueces implicados en irregularidades se debe a la inasistencia de algunos de sus colegas a las reuniones de la Corte en pleno. “Necesitamos la votación de ocho y si no hay quórum, de 15 tenemos que estar 8 para arrancar, si no estamos los 15 la posibilidad de alcanzar ocho votos es más difícil. Pero no llegan (los magistrados) y esa es una queja que tenemos los que siempre llegamos”.

Fortín rechazó que exista un grupo de magistrados que estén protegiendo a los jueces investigados. “Eso no es cierto (…) Yo no le llamo depuración, pero sí creo que se debe sancionar a los jueces que están cometiendo irregularidades, ya sean administrativas, y si implican cuestiones penales que se certifique (a la Fiscalía)”.

La explicación de la funcionaria difiere de lo planteado por el magistrado Meléndez. “La Corte está dividida, hay un grupo de colegas que no apoyan definitivamente que se depuren jueces en este país. No podemos mover el proceso porque no hay voluntad política”, dijo el constitucionialista. Tanto Meléndez como el presidente Belarmino Jaime, más los magistrados Rodolfo González y Sidney Blanco se han caracterizado por enfrentarse a otros magistrados por promover la supremacía de la Sala de lo Constitucional, por denunciar corrupción en contrataciones de personal o mal uso de recursos institucionales como vehículos o bonos de combustible.

Meléndez consideró que el tema de los jueces continuará estancado hasta julio de 2012, cuando Ulices del Dios Guzmán y otros cuatro magistrados concluyan su período de nueve años en la CSJ. “Vamos a esperar los cambios de nuevos magistrados”.

El Faro llamó repetidas veces al número de teléfono celular de Ulices del Dios Guzmán para consignar su versión, pero no atendió las llamadas.


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