La Policía lo remitió este miércoles antes de las 9 de la mañana al tribunal del que escapó hace siete años. El tribunal que lo declaró el primer salvadoreño culpable de defraudar a la economía pública lo envió a la Corte Suprema de Justicia. Los jueces supremos consideraron que no son competentes para enviar a este a este exejecutivo de los gobiernos de Armando Calderón Sol y Francisco Flores a una prisión. Al final, Raúl García Prieto regresó al tribunal del que escapó hace siete años pidiendo que no lo envíen a penal alguno y el juzgado decidió que sea la Dirección de Centros Penales la que decida qué hacer con el reo.
La tarde del 13 de febrero de 2004, García Prieto fue condenado a siete años de prisión por las irregularidades en la compra-venta y los créditos rotativos que el Banco de Fomento Agropecuario otorgó al ingenio azucarero El Carmen. A García Prieto le imputan que, siendo presidente del BFA, autorizó préstamos por 571,428 dólares a las empresas Incaña y Granja Los Patos, propiedades de Héctor Cristiani y Enrique Rais, respectivamente. El dinero que prestó el BFA, dicen los fiscales, sirvió para que los empresarios compraran el ingenio azucarero, propiedad del BFA. Al expresidente del banco también se le consideró culpable de defraudar a la economía pública por los 14 millones en créditos rotativos que no se pagaron. García Prieto, empero, escapó minutos antes de que los jueces leyeran el fallo condenatorio, gracias a que quienes lo juzgaban habían decidido concederle libertad en tanto se resolvía su culpabilidad o su inocencia.
Siete años y ocho meses después de su escape, este martes, García Prieto fue capturado en un restaurante Biggest de la colonia Escalón. Y este miércoles, cuando fue remitido al Tribunal Sexto de Sentencia, los jueces argumentaron que ya no son competentes para conocer el caso. El argumento básico es que el proceso sigue abierto pero en la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), instancia que analiza dos peticiones opuestas sobre el caso: los fiscales piden anular la absolución de Cristiani, mientras que los defensores impugnan la condena contra García Prieto.
A la 1:30 de la tarde, los magistrados de la Sala de lo Penal –que en los últimos años ha estado presidida por el magistrado Ulices del Dios Guzmán y por la magistrada Rosa María Fortín y que llevan siete años sin resolver los recursos de casación- establecieron que tampoco tienen competencia para dilucidar en qué penal debe estar recluido García Prieto. La resolución de la Sala consigna que la instancia que debe pronunciarse sobre el lugar de detención es la que lo declaró rebelde y que ordenó su captura, es decir, el Tribunal Sexto de Sentencia.
“No cabe duda de que porque este tribunal declaró la rebeldía y ordenó su captura, corresponde a dicho tribunal el lugar de reclusión correspondiente”, plasmaba la Sala en la resolución, mientras García Prieto aguardaba en una pequeña sala de audiencias del edificio de la Corte. Casi a las 3 de las tarde, el expresidente del BFA regresó al Tribunal Sexto de Sentencia y sus abogados defensores, ante un eminente envío a prisión, pidieron que por motivos de seguridad fuera remitido a las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Ahí es donde, por ejemplo, Carlos Perla, expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) condenado por corrupción, logró refugio.
Cuando el reloj marcaba casi las 6 de la tarde, el Tribunal decidió lavarse las manos y enviar el caso a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) para que esta designe el centro penitenciario donde García Prieto deberá estar detenido. Sin embargo, el oficio a la DGCP será remitido hasta este jueves y, mientras no se toma una decisión, García Prieto estará en la delegación central de la Policía, en San Salvador.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía informó que no procesarán a García Prieto por el delito de evasión de la justicia porque no estaba en una bartolina ni en un centro penitenciario cuando se fugó la tarde del 13 de febrero de 2004.
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