El gobierno de Estados Unidos y la Secretaría Técnica de la Presidencia de El Salvador suscribieron la tarde del jueves un programa en el que los dos países trabajarán juntos en una serie de proyectos que tienen como propósito levantar la productividad salvadoreña, tal como lo anunció el presidente Barack Obama durante su visita en marzo pasado.
Se trata, según explicó Alexander Segovia, secretario técnico, de una nueva lógica de cooperación entre países en la que no existe un donante ni un beneficiario, sino dos gobiernos que trabajarán juntos para alcanzar metas. “El desarrollo no solo se alcanza con entrega de dinero, sino todo el mundo estaría desarrollado en la actualidad”, dijo Segovia.
El Asocio para el Crecimiento es un instrumento creado por Estados Unidos para ayudar a naciones en desarrollo, y del cual solo cuatro países del mundo son acreedores: Ghana, Tanzania, Filipinas y El Salvador. En el caso salvadoreño, el acuerdo fue firmado por Segovia y el secretario adjunto para asuntos económicos, energía y negocios de Estados Unidos, José Fernández. El proyecto compromete a Estados Unidos a colaborar con El Salvador durante cinco años para que se combatan las dos principales fallas por las cuales El Salvador, según indicó un estudio estadounidense, no crece económicamente: la baja productividad económica y la inseguridad.
Para sobrepasar dichos obstáculos, Estados Unidos se ha comprometido a apoyar al gobierno salvadoreño para alcanzar 14 objetivos en el tema de la seguridad y otras seis para que crezca la productividad en el sector de bienes transables, es decir, los productos que pueden comerciarse a nivel internacional.
El plan de acción detallado establece para cada una de los objetivos (llamados 'metas' -goals, en inglés- en el documento) diversas acciones específicas, aunque no queda del todo claro qué instancia o cuál de los dos gobiernos debe llevarla a cabo. También aparecen detallados los propósitos y propuestas tanto de El Salvador como de Estados Unidos para cada una de las metas. Cerca del 11% del PIB del país (más de 220 millones de dólares) se pierde en gastos por la inseguridad, dice el Banco Mundial, y su economía puede estar perdiendo cerca del 8% del PIB en comparación con otros países del CAFTA (TLC con EUA) debido a la baja productividad en transables.
Entre algunas de las medidas para combatir la inseguridad está, por ejemplo, la creación de unidades depuradas de policías y fiscales para investigar extorsiones contra medianos y pequeños negocios, y los atentados contra los empleados del transporte público. Asimismo, una de las acciones a seguir será la creación de una comisión para que se apruebe una ley de confiscación de bienes, similar a la de extinción de dominio actual. Asimismo, Washington propone discutir un nuevo tratado de extradición.
Uno de los compromisos que con más frecuencia se repiten en el plan de acción es el de la capacitación y el apoyo técnico y tecnológico para las instituciones que forman parte del gabinete de Seguridad. Por ejemplo, Estados Unidos destinará a un asesor en crímenes financieros que trabajará, de manera no continua, con la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera.
En el tema económico, el plan establece que se creará una comisión económica, integrada por cinco funcionarios de alto nivel y cinco empresarios, que serán los encargados de proponer las mejores soluciones para superar el bajo rendimiento económico. Alexander Segovia anunció que los nombres de los integrantes de esta comisión se darán a conocer la próxima semana.
Otras acciones a las que se compromete Estados Unidos en el tema económico es potenciar la oficina de exportaciones (Proesa), que se mejore la infraestructura productiva y que se explote de la mejor manera, como en el caso del puerto de La Unión. Según el plan, Estados Unidos se compromete a intermediar a nivel mundial para atraer los mejores operadores de puertos.
En el tema laboral, Estados Unidos se compromete a capacitar y brindar asistencia técnica para mejorar los sistemas de información, educación y capacitación, para que la mano de obra salvadoreña esté calificada para el mercado internacional.
El plan establece las generalidades en las cuales el gobierno salvadoreño está dispuesto a trabajar o en las cuales ya está trabajando con políticas específicas. Cada objetivo también incluye las propuestas del gobierno estadounidense para ayudar en la consolidación de dichas metas. Sin embargo, no hay plazos de cumplimiento, tampoco se detallan montos de ayuda económica.
Para que El Salvador no pierda el privilegio de ser socio de Estados Unidos, ambos gobiernos deberán crear dentro de los próximos tres meses una metodología de evaluación y seguimiento de los acuerdos. El plan del Asocio para el Crecimiento será revisado anualmente para hacer correcciones evaluando el progreso hecho en la superación de los obstáculos para el crecimiento.
Segovia explicó que este Asocio para el Crecimiento no sustituirá el plan quinquenal del gobierno. “El Asocio es el complemento para nuestro plan y la excusa perfecta para que pensemos como país y dejemos las diferencias que caracterizan a nuestros sectores”, dijo Segovia.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ha criticado al gobierno en el sentido de que no promueve seguridad jurídica con algunas de sus decisiones, y le reprochó que tuviera el peor nivel de inversión privada nacional e internacional en la región. El gobierno y los empresarios han entrado en dimes y diretes en varias ocasiones debido a la pobre recaudación fiscal, que en El Salvador es inferior al promedio latinoamericano y es la segunda más baja del continente, solo por encima de lo que recauda Guatemala.
Por eso Funes ha estado anunciando desde inicios de año su intención de buscar un impuesto al gran capital que serviría para financiar la lucha contra la delincuencia, pero los empresarios insisten en que primero el gobierno debe hacer dos cosas: transparentarse y tener un plan de seguridad pública. Y el gobierno, hasta ahora, no ha hecho ni una cosa ni la otra.
El Asocio para el Crecimiento deberá enfrentar, asimismo, problemas de retrasos aparentemente inexplicables como el registrado con el centro de intervenciones telefónicas. Estados Unidos y El Salvador suscribieron un protocolo de entendimiento para que la nación norteamericana equipara a la Fiscalía salvadoreña con un centro de escuchas de llamadas telefónicas, pero este, después de varios años de estancamiento, no ha podido implantarse. El fiscal general, Romeo Barahona, ha sido cuestionado no solo por la embajada estadounidense en cuanto a su voluntad de echar a andar el centro, sino por el presidente de la República. Barahona se ha limitado a culpar a Estados Unidos, aduciendo que como donantes son los responsables de que los equipos estén instalados y puedan comenzar a operar.
