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Asamblea aprueba auditar a Corte de Cuentas después de 15 años de incumplir esa obligación

La auditoría le costará al Órgano Legislativo $300,000. Según la presidencia legislativa, el dinero no alcanza para abarcar más años de de gestión de la institucion encargada de fiscalizar el buen uso del dinero estatal y que hasta ahora ha probado ser tapadera de grandes actos de corrupción.

 
 

La junta directiva de la Asamblea Legislativa aprobó esta semana cumplir lo que por ley debía hacer desde hace 15 años: contratar a una empresa de auditoría que revise la actuación y las finanzas de la Corte de Cuentas de la República.

Fue el presidente de la Asamblea, el efemelenista Sigfrido Reyes, quien hizo la revelación este martes. Detalló que la empresa auditora que ganó el contrato es Figueroa Jiménez & Co., S.A., y aunque el contrato aún no tiene fecha para las rúbricas, la sola adjudicación es ya un avance en comparación con otros intentos de auditoría ocurridos hace años. Otro diputado de la junta directiva, Roberto Lorenzana, dijo que estaba casi seguro de que la suscripción del contrato ocurriría antes de este viernes 23 de diciembre. 

La auditoría le costará a la Asamblea Legislativa unos 300,000 dólares y consistirá en un examen sobre la gestión y las finanzas de la institución auditora del Estado, tal como manda el artículo 112 de la Ley de la Corte de Cuentas de 1995, que disponía que el primer año de trabajo que debía someterse a auditoría era 1996.

Por ahora, la decisión de la Asamblea abarca revisar la actuación de la Corte de Cuentas correspondiente a 2010, únicamente. Reyes justificó lo limitado de la auditoría diciendo que era para lo único que alcanzaba el dinero del Órgano Legislativo. Consultado sobre por qué la auditoría no incluía años anteriores en los que ha habido señalamientos de actos de corrupción, Reyes dijo que una auditoría así habría implicado unos 5 millones de dólares que, según Reyes, la Asamblea no tiene.

“Lo importante es que hemos comenzado, aquí hay dos maneras de ver las cosas: ver el vaso medio vacío o medio lleno. Si lo ves medio vacío, nunca estarás contento. Yo lo veo medio lleno. Por fin se está cumpliendo la ley, se abre el camino para que estas auditorías sean lo normal. Lo ideal es otro escenario pero a veces lo perfecto puede ser enemigo de lo bueno”, dijo.

En un primer momento durante su conferencia de prensa, el diputado Reyes dijo que la auditoría sería sobre el año 2010 porque era el año del cual el presidente actual de la Corte, Gregorio Sánchez Trejo, había rendido un informe.

Si la auditoría se ejecuta, será la primera vez en la historia de la Corte de Cuentas. La ley de la Corte, en su artículo 112, establece que la Asamblea Legislativa debe practicarle “un examen de su situación patrimonial, financiera y de sus actividades operacionales o de gestión a la institución, con el soporte técnico de una firma de auditoría debidamente acreditada en el país y seleccionada mediante concurso público”.

Esta obligación está vigente desde hace 15 años, pues la nueva ley de la Corte de Cuentas entró en vigencia en 1996. La institución contralora ha sido una de las herramientas estatales más cuestionadas en las últimas dos décadas. Bajo el control de un partido, el PCN, desde 1982, la Corte ha sido señada por los mismos diputados por el supuesto trabajo en favor de los intereses pecenistas y por su supuesta utilización como instrumento de chantaje político.

Lo más cerca que ha estado la Asamblea de auditar a la Corte fue en 2005. El examen no prosperó porque la directiva de la Asamblea Legislativa, entonces presidida por el pecenista Ciro Cruz Zepeda, nunca dio la orden para que el examen comenzara. Otro dirigente del PCN, Hernán Contreras, quien presidió la Corte de Cuentas durante 17 años, participó en esa decisión. Amenazó a los diputados con que si daban la orden de inicio podían ser sancionados porque supuestamente el consorcio auditor había incumplido con los términos del contrato. Al final, la Asamblea prefirió cancelar el contrato e indemnizar a la firma con 350,000 dólares por iniciativa de Zepeda.

La adjudicación del contrato se dio después de dos convocatorias que se declararon desiertas. La tercera vez se hizo una contratación directa para la cual se invitó a diversas firmas auditoras nacionales. Al final, la ganadora fue Figueroa Jiménez & Co., S.A. Esta empresa se fundó en 1967y en 2006 se integró a la firma BDO. BDO había surgido en 1963 como una mezcla de firmas del Reino Unido, Canadá, Alemania y Estados Unidos y en 1973 adoptó el nombre de Binder Dijker Otte & Co (BDO).

La Corte de Cuentas de la República ha sido señalada en varios casos como una institución que ha servido para tapar actos de corrupción. Este lunes, El Faro publicó el silencio que tuvo la Corte de Cuentas al no informar a la Fiscalía General de la República en cuanto a la investigación en el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) en donde se repartieron tierras de manera anómala. Esta publicación es la última de una serie de anomalías detectadas en la Corte en la repartición de tierras del ISTA. La Corte también ha sido el escenario donde exfuncionarios han intentado lucrarse aprovechándose de las potestades de decidir sobre el uso de los recursos de la institución.  

Ninguno de los presidentes que han pasado por la institución, muchos de los cuales pertenecieron al PCN, salieron sin manchas de la entidad. El diputado Francisco Merino, ahora diputado de Concertación Nacional (el nuevo nombre del ya extinto PCN) y ex vicepresidente del país, fue obligado a renunciar cuando buscó la reelección en el cargo. Su involucramiento en una compra ilegal de zonas verdes en San Luis Talpa lo obligó a desistir en 1999.

Ciro Cruz Zepeda, vicepresidente de la Asamblea, secretario general del PCN de 1989 hasta la fecha de la cancelación del partido hace dos semanas y ahora diputado de CN, fue destituido como presidente de la Corte por unas irregularidades en el manejo de cuentas de la Contraloría: entre 1986 y 1989 se perdieron cotizaciones y pagos de préstamos de los empleados de la misma Corte de Cuentas. Hernán Contreras, presidente que dejó la institución en agosto de 2001 fue el autor de un artículo a la ley de cuentas que permite a la Corte negar la información sobre las auditorías que realiza.

Si la auditoría se realiza, será la primera vez que la Corte de Cuentas sea sometida a exámenes parecidos a los que este organismo realiza -o debe realizar- a todas las instituciones estatales para garantizar el buen uso de los recursos del Estado y el cumplimiento de los deberes de cada institución.

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