Funes ordena al ejército no llamar héroes a violadores de derechos humanos

Después de dos años y siete meses en el gobierno, el presidente Mauricio Funes acabó este lunes con el discurso de los gobernantes salvadoreños sobre los abusos del Estado ocurridos durante la guerra, quitando a la Ley de Amnistía de 1993 la etiqueta de escudo protector de los responsables de esos abusos que esgrimieron sus predecesores, y ordenando a la Fuerza Armada que deje de exaltar como héroes a los responsables de violaciones a los derechos humanos, tales como el teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios.

Funes escogió como escenario de su discurso el caserío El Mozote, en Morazán, arrasado hace 30 años por el ejército en un operativo comandado por Monterrosa Barrios que costó la vida a un millar de personas, la mitad de ellos niños. El motivo de la ceremonia era que este lunes se cumplen 20 años de la firma de los acuerdos de paz que terminaron la guerra civil, y el tema de fondo en las palabras del presidente fue la necesidad de acabar con la impunidad y la obligación de procurar justicia. Sin ellas, dijo, no se puede hablar de democracia plena.

'Si entendemos que la democracia es un sistema político que debe asegurar la equidad, la justicia, la convivencia pacífica, la igualdad de oportunidades; un sistema en el que imperan la libertad auténtica, la independencia de los poderes del Estado, la responsabilidad social del Estado, la garantía absoluta de los derechos humanos, pues entonces, estamos aún muy lejos de tener democracia real en nuestro país', dijo.

Según Funes, la celebración de dos décadas del fin de la guerra debía permitir acercarse a la posibilidad de saber qué sucedió exactamente en casos como el de El Mozote. 'Estoy convencido de que la mejor manera de celebrar el 20o. aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz es avanzando en el reconocimiento de la verdad y hacer valer la justicia', dijo.

En un emotivo discurso que sacó lágrimas no solo a algunas personas del público, sino también al mismo presidente, este subió el tono de sus primeras alocuciones como gobernante sobre la Ley de Amnistía de 1993. Desde cuando había sido candidato, Funes había explicado que no le interesaba promover una derogatoria que podría suponer reabrir heridas. Este lunes lo que planteó fue el reconocimiento de que las heridas de las víctimas de El Mozote y otros ocho caseríos aledaños no están cerradas y requieren que se conozca la verdad. Los cinco términos más mencionados por Funes en su discurso fueron 'víctimas', 'justicia', 'paz', 'derechos humanos' y 'verdad'.

Ya como presidente, Funes se había limitado a pedir perdón en nombre del Estado y a reconocer la participación de agentes estatales en violaciones a los derechos humanos como el asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989, o el homicidio de monseñor Óscar Romero en 1980. Pero hasta ahora, aunque ya había dicho que los peores crímenes durante la guerra no podían estar amparados por la Ley de Amnistía, se había excusado de dar un paso en favor de la derogación argumentando que el Ejecutivo no es el responsable de emitir leyes o derogarlas y que, por lo tanto, no se le debía pedir a él o a su gobierno la abolición de la normativa que perdonó los crímenes ocurridos durante la guerra.

Este lunes dejó claro que desde su perspectiva, la Ley de Amnistía no protege a nadie que haya sido responsable de graves abusos de los derechos humanos. 'Una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó que la ley queda sin efectos jurídicos cuando la amnistía se convierte en un factor de impunidad a graves violaciones a los derechos humanos', dijo.

Con estas palabras, Funes desmontó los discursos oficiales de sus predecesores, que reiteradas veces dijeron al país y a la comunidad internacional que no procedía atender las recomendaciones del sistema interamericano de derechos humanos en cuanto a la abolición de la ley. El presidente no mencionó que la Sala también ha fallado que un gobierno no puede autoamnistiarse y, por lo tanto, los crímenes ocurridos en el quinquenio 1989-1994 no pueden ampararse bajo la protección de la Ley de Amnistía. Eso significa que no puede argumentarse la ley para rechazar el procesamiento de los responsables del asesinato de los sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras.

Funes, quien ya había pedido perdón en nombre del Estado en dos ocasiones anteriores, reiteró ante los pobladores de El Mozote esa petición. “Es el episodio más trágico, oscuro y tenebroso cometido contra civiles, especialmente niños y niñas y mujeres durante el conflicto armado. Este es, entonces, un acto de develación. Quitamos un velo que nos encegueció durante tres décadas y nos sumió en dolorosa oscuridad”, dijo.

Durante cuatro días consecutivos, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, fuerzas militares especiales entrenadas por Estados Unidos cercaron y dieron muerte a alrededor de mil habitantes de unos ocho caseríos y cantones de los municipios de Arambala y Meanguera, en el departamento de Morazán. El Faro reveló el mes pasado en una crónica cómo sobrevivientes y testigos de aquellas matanzas recuerdan la crueldad con que los militares bajo el mando del coronel Monterrosa dieron muerte a los habitantes. Separaron a los habitantes, a algunos los encerraron en la iglesia del caserío El Mozote y los quemaron dentro, y a otros los sacaban de sus casas y los fusilaban. Hay testimonios que relatan cómo a algunos niños los atravesaban con ballonetas. En esa historia, el periodista de El Faro hace patente también cómo los familiares de las personas asesinadas siguen cargando con sus recuerdos buscando quién les haga justicia.

Durante el reporteo, una patrulla en tareas de seguridad pública recorrió la zona de la matanza, y resultaba irónico que los soldados tuvieran en sus uniformes emblemas de la Tercera Brigada de Infantería, con el nombre del responsable de la masacre: teniente coronel Domingo Monterrosa. Así se llama la principal guarnición militar con sede en San Miguel, como reconocimiento a un personaje al que consideran un héroe.

Funes pidió perdón por la matanza y dijo que ese era el inicio del camino hacia la justicia. Luego, en su discurso, hizo lo que ningún presidente había hecho antes: hablarle con autoridad a la Fuerza Armada para cuestionarle su cosmovisión. Pero a la vez que se la cuestionó, le ordenó desmontarla. Lo hizo en tres párrafos de su discurso. En primer lugar, recordó que el informe de la Comisión de la Verdad señalaba a personas específicas como las responsables de la matanza, entre ellas al coronel Domingo Monterrosa, como comandante del Batallón Atlacatl; el mayor José Armando Azmitia, como subjefe del batallón, y al entonces mayor Natividad de Jesús Cáceres, como jefe operativo del Atlacatl. 

'En virtud de ello, he resuelto a partir de este día, instruir como comandante general de la Fuerza Armada a la institución la revisión de su interpretación de la historia a la luz de este reconocimiento histórico que hoy en nombre del Estado salvadoreño y como comandante general formulo', anunció Funes. Como jefe máximo de la Fuerza Armada, al decir 'instruir', Funes quería decir 'ordenar'. Luego explicó en qué consistirían los ajustes que estaba ordenando: 'Esta revisión debe reflejarse en los textos y símbolos con que se forman los cuadros militares a los efectos de un doble objetivo: primero, fortalecer el rol profesional, despolitizado y desideologizado de la Fuerza Armada y su integración profunda en el seno de la sociedad salvadoreña; y segundo, aportar a la pacificación de los espíritus, factor imprescindible para fortalecer la democracia, la justicia y la paz social.'

Hasta ahí, las palabras de Funes podían sonar como un llamado hueco a los militares, pero inmediatamente después hizo una petición clara de acabar con el culto a personajes como el coronel Monterrosa: 'Precisamente porque a 20 años de los Acuerdos de Paz estamos ante una institución militar diferente, profesional, democrática, obediente al poder civil, no podemos seguir enarbolando y presentando como héroes de la institución y del país a jefes militares que estuvieron vinculados a graves violaciones a los derechos humanos'.

Las palabras arrancaron aplausos del público.

Luego hizo una exhortación a los partidos políticos a hacer un esfuerzo por ayudar al país a reconciliarse, renunciando a iconos vinculados también a abusos de los derechos humanos. 'Similar llamado hago a todos los partidos políticos para que no exalten nombres de personajes que pudieron haber estado vinculados a violaciones de los derechos humanos ni acciones que hubieren provocado muerte y sufrimiento y que, lejos de contribuir a la creación de una cultura de paz, fomentan la polarización y la división de la sociedad salvadoreña', dijo. Parecía un llamado directo especialmente al partido Arena, cuyo fundador, el mayor Roberto d´Aubuisson, fue señalado en el informe de la Comisión de la Verdad como responsable del asesinato de monseñor Romero, y es objeto de veneración entre la militancia del partido de derechas y hasta tiene una estatua erigida en una importante vía pública por el gobierno municipal de Antiguo Cuscatlán.

“Ningún pueblo será libre, ningún pueblo será feliz, ningún pueblo alcanzará la paz plena si no se quita del corazón el dolor profundo que produce la negación de la memoria, la verdad y la justicia”, dijo.

En cuanto a la Ley de Amnistía, que ha sido el argumento de los fiscales generales de El Salvador al menos desde hace 10 años para no investigar los crímenes ocurridos durante la guerra, el mandatario señaló que la sentencia 27-98 de la Sala botó esos alegatos y por eso pidió al Órgano Judicial (jueces) y a la Fiscalía que revisen las conductas que en el pasado impidieron el reconocimiento de la verdad y hacer justicia.

En noviembre de 2009, el gobierno salvadoreño fue emplazado en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, debido a la tibieza con que se posicionó sobre las reiteradas peticiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de abolir la Ley de Amnistía para cumplir los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Esa vez, el director de derechos humanos de la Cancillería salvadoreña, David Morales, dijo a los jueces que no estaba en manos del Ejecutivo derogar la ley. Los jueces le hicieron ver que aunque eso era cierto, el gobierno de Funes bien podía promover la derogatoria.

Posteriormente, en abril de 2010, el vicepresidente de la Comisión, Paulo Sergio Piñeiro, exhortó a la administración Funes a dar resultados concretos, recordándole que el hecho de que su gobierno fuera de un signo ideológico distinto al de los antecesores, favorecía un cambio de rumbo en el tema en El Salvador.

Ese llamado ocurría apenas un mes después de que Funes, en un discurso a propósito de los 30 años del asesinato de monseñor Romero, hiciera respecto de la Ley de Amnistía. “Para todos aquellos que están demandando del Ejecutivo una definición con respecto a la Ley de Amnistía; la ley fue aprobada por el Órgano Legislativo y por lo tanto le corresponde a los diputados y diputadas derogarla o no. Es una competencia del Órgano Legislativo. Ya la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la aplicación de la ley para casos de graves violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, no nos corresponde a nosotros promover la derogatoria de una ley que ya fue declarada inconstitucional por la Corte”, dijo el 24 de marzo, cuando pidió perdón por el asesinato de monseñor Romero.

De acuerdo con el magistrado de la Sala de lo Constitucional Florentín Meléndez la sentencia mencionada por el mandatario abre la posibilidad para que en los casos de crímenes de lesa humanidad la Ley de Amnistía quede sin efecto. Es este caso las resoluciones quedan a criterio de cada juez, quien decide si las acusaciones proceden o no y quienes deben tomar acción penal, además del rol de la Fiscalía que debe abrir este tipo de casos. “Hasta la fecha ni la Fiscalía, ni ningún juez ha presentado ningún caso”, dijo.

Funes anunció en El Mozote 10 acciones que el Ejecutivo comenzará a realizar en la zona, como parte de su programa de reparación integral a las víctimas del conflicto. Entre estas mencionó la creación de un censo que permita conocer el número exacto de las víctimas, la declaratoria de El Mozote como bien cultural, la creación de una mesa conjunta de diálogo entre el gobierno y las víctimas, y la creación de una Secretaría Ejecutiva que será la encargada de dirigir el Programa Nacional de Reparación para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

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