El general retirado Carlos Eugenio Vides Casanova, ministro de Defensa salvadoreño entre abril de 1983 y mayo de 1989, será deportado de Estados Unidos a El Salvador por la violación a los derechos humanos de personas civiles mientras estuvo en el cargo, aseguró el organismo de derechos humanos que demandó al militar y que ya hace cinco años había logrado una condena previa contra el militar.
La decisión la tomó este jueves un juez de una corte de inmigración de Florida, informó el Center for Justice and Accountability (CJA), con sede en San Francisco, California, que representa los intereses de víctimas salvadoreñas. El veredicto está basado en un proceso judicial que terminó en 2006 con la condena contra Vides Casanova y su predecesor José Guillermo García por torturas y secuestro.
Según el organismo de derechos humanos Vides Casanova será deportado por haber sido encontrado culpable de la tortura a los salvadoreños Juan Romagoza, Daniel Alvarado y otros civiles. La deportación, además, se producirá por su responsabilidad al ayudar y participar en el asesinato de cuatro monjas estadounidenses en 1980, según dijo a El Faro Almudena Bernabéu, representante del CJA, aunque aclaró que a la defensa aún le queda el recurso de apelar el fallo.
Vides Casanova, antes de ser ministro, fue director de la Guardia Nacional y durante la guerra civil salvadoreña fue condecorado por el gobierno estadounidense de Ronald Reagan con la Legión del Mérito por su carrera militar en El Salvador.
El exministro José Guillermo García, quien fungió como ministro de octubre de 1979 a abril de 1983, también está siendo procesado, pero según Bernabéu no ha enfrentado juicio aún por problemas de salud. Según la abogada, utilizarán las mismas pruebas que contra Vides Casanova y esperan una resolución idéntica.
La deportación de los generales, sin embargo, no será inmediata, pues existe la opción de que apelen el fallo de la corte de inmigración. El abogado defensor de Vides Casanova, el uruguayo Diego Handel, dijo a El Faro que no había sido notificado oficialmente de ninguna resolución.
-Nosotros no hemos recibido todavía ninguna decisión -dijo Handel-, así que no tengo ninguna opinión. Estamos esperando la decisión inicial del juez y luego, depende de cómo va esa decisión, posiblemente va a haber más audiencias.
-¿Ustedes pueden apelar, en todo caso?
-Sí, posiblemente va a haber otra audiencia, así que no tenemos eso concreto.
El juicio contra los generales en la corte de inmigración comenzó en 2009 por acusación del gobierno de Estados Unidos a través del Department of Homeland Security, debido a las acusaciones contra ellos por violaciones a los derechos humanos. En abril pasado, el juez abrió la última etapa del proceso legal y dejó para inicios de 2012 la lectura de la sentencia definitiva. En todo caso, el juicio no es penal, sino de inmigración, pues el gobierno estadounidense ha establecido que no tolerará a violadores de derechos humanos residiendo en su territorio.
El proceso se suspendió y se reanudó en mayo por una solicitud de la defensa para preparar un interrogatorio contra un testigo que favorecería a Vides Casanova. Vides Casanova vive en Florida desde hace unos 23 años pero a finales de los años 90 fue encontrado por el abogado representante de cuatro monjas estadounidenses que fueron asesinadas y violadas en 1980 por miembros de la Guardia Nacional que en aquel entonces ya estaba bajo mando de Vides Casanova.
En 2000, un jurado absolvió a Vides Casanova y a García de los cargos civiles por el asesinato de las religiosas, pero el CJA interpuso un proceso en otra corte por el delito de tortura. Dos años más tarde, otra corte condenó a ambos generales a pagar 54 millones de dólares a tres víctimas de tortura y en 2006 Vides Casanova tuvo que despojarse de 300,000 en bienes para indemnizar a las víctimas.
Desde 2001, el gobierno estadounidense lanzó una política para no tolerar la estadía en ese país de presuntos violadores de derechos humanos. Una oficina de derechos humanos fue creada en 2003 dentro del Department of Homeland Security (DHS) y, desde entonces, esta unidad ha provocado la deportación de unas 400 personas acusadas de violaciones a los derechos humanos en diversos países.
Un respaldo a la acusación del gobierno estadounidense contra los generales fueron las exigencias que hicieran dos senadores, uno demócrata y otro republicano, en 2009. Ellos son Richard J. Durbin y Tom Coburn.
'Estamos muy satisfechos de que el gobierno de Estados Unidos reconozca a gente como Vides como torturadores y violadores de derechos huamnos, teniendo en cuenta de que reconocen su responsabiliad como comandantes. Es un hito y un precedente importante también para otras causas pendientes abiertas', señaló Almudena Bernabéu.
Otro caso pendiente de posible deportación en Estados Unidos es el del coronel Inocente Orlando Montano reclamado por un juez español por el asesinato de los sacerdotes jesuitas.
En el caso de Montano y de otro militar salvadoreño acusados en España por el asesinato de los religiosos en 1989, el periódico estadounidense The Miami Herald publicó en agosto pasado un editorial en el que pedía al gobierno de Barack Obama que fuera coherente con su discurso y contribuyera con la justicia ubicando y entregando a Montano y al teniente Héctor Ulises Cuenca.
