Transcurridos dos años y medio de sus tres años de mandato, el fiscal general, Romeo Banjamín Barahona, dice que ignora el nivel de éxito de su institución en el combate a los homicidios, y que para saber cuántos asesinatos culminan en condena y registrar cuentas similares necesitaría una tecnología que le costaría al país millones de dólares.
Barahona ha seguido la tradición de sus predecesores, que nunca dieron a conocer datos sobre efectividad en el combate a los homicidios en uno de los países más violentos del mundo. Los informes anuales de labores que la Fiscalía entrega a la Asamblea Legislativa sistemáticamente omiten cifras sobre tasa de condenas en asesinatos, aunque la escasa información disponible en El Salvador sugiere que el nivel de éxito es de apenas un dígito.
'No tenemos los recursos para estar haciendo esos estudios', dijo Barahona a este periódico el jueves pasado. Según el funcionario, para tener la cuenta de qué proporción de los homicidios que ocurren en el país la Fiscalía es capaz de llevar a los tribunales, y de estos cuántos terminan en absolución o en condena, requeriría unos implementos de los que ahora carece. 'No tenemos la tecnología hasta ese día, y en eso estamos trabajando'.
La Fiscalía, por mandato constitucional, dirige la investigación del delito y se auxilia de la Policía Nacional Civil. Cuando la Fiscalía puede acusar a una persona de la comisión de un delito lleva el caso a los tribunales y hace la acusación pertinente. Esta acción se conoce como 'judicializar' un delito.
El fiscal general dijo que para saber si el desempeño de su institución es bueno primero requiere que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le apruebe un préstamo por 10 millones de dólares. “Tenemos dos años y no nos lo han aprobado”, dijo.
El Faro ha solicitado en más de una ocasión a la Fiscalía que le proporcione el registro de juicios por asesinato que terminan en condena contra los responsables, pero nunca lo ha proporcionado. En el informe de labores que Barahona presentó a los diputados en agosto de 2010 -un año después de tomar la dirección de la institución- no incluyó estadísticas que indiquen el nivel de efectividad o que permitan deducirlo.
Barahona terminará su mandato el 18 septiembre. Cuando fue nombrado fiscal general, con apoyo unánime de los diputados, dijo que se comprometía a volver más eficiente el trabajo de la institución, y que este se enfatizaría en combatir las extorsiones y los homicidios. Cuando Barahona asumió el cargo, el promedio diario de asesinatos rondaba los 11. En este momento, el promedio ha escalado hasta los 13.
Aunque el fiscal se rehúsa a revelar la tasa de efectividad en la lucha de los homicidios, el ministro de Seguridad, el general David Munguía Payés, estimó esta semana que el nivel de éxito no llega ni al 4%. La impunidad en los homicidios ronda el 96%, estimó Munguía Payés, echando mano de un informe de 2007 auspicido por el PNUD, que se basaba en datos de tribunales de tres municipios de El Salvador correspondientes a 2005.
Cuando Barahona llegó al cargo, la Fiscalía había pasado seis meses acéfala, por la incapacidad de los diputados de elegir al sustituto de Félix Garrid Safie. En aquella ocasión solo la intervención directa del presidente Mauricio Funes terminó en el acuerdo entre FMLN y Arena para juntar sus votos y nombrar a quien por dos períodos consecutivos había sido fiscal adjunto. Tanto Arena como FMLN tenían entonces suficientes diputados como para bloquear una elección que requiere del apoyo de dos tercios de los diputados.
Barahona comenzó su carrera en la institución en 1981. En 1993 pasó como asesor a la PNC y en 2000 regresó al Ministerio Público como fiscal adjunto, cargo en el que estuvo durante nueve años.
Este jueves, minutos después de que presidiera un acto de graduación de un diplomado sobre Investigación Criminal y Derechos Humanos en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, este periódico le preguntó qué indicaba el registro de la institución sobre el nivel de homicidios resueltos. Fue entonces cuando dijo que la Fiscalía carece de la tecnología necesaria.
-¿Qué tipo de tecnología necesitan?
-Estamos trabajando en el sistema de gerenciamiento de procesos fiscales, ahí vamos a poder establecer cuándo entra un proceso hasta una sentencia y vamos a establecer… el sistema nos va a ir dando cargas de trabajo, porcentajes de casos judicializados, casos archivados, sentenciados...
-¿Cuánto le costará a la Fiscalía ese sistema tecnológico?
-En eso estamos trabajando, eso estamos obteniendo, estamos gestionando un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tenemos dos años y no nos lo han aprobado.
-¿De cuánto es el préstamo?
-No, es que el préstamo total es de 10 millones que nos iban a dar.
-¿Y cuánto va para ese sistema?
-No, no tenemos cuantificado así por… por… por sistema, sino por... eh, total, y entonces tenemos varios proyectos: depósito de evidencia, unidades de víctima, solución temprana, recepción de denuncia, tenemos este sistema tecnológico. Tenemos el otro que se me ha olvidado… que es de formación.
El préstamo de 10 millones al que se refiere Barahona va incluido en uno que el gabinete de seguridad ha solicitado por 20 millones. El portal web de la Fiscalía reporta que en marzo de 2011 Barahona sostuvo una reunión con una misión técnica del BID. En la nota la FGR asegura que el BID está dispuesto a financiar al menos siete proyectos de la institución entre los cuales no se menciona el detallado por Barahona para medir la eficacia en el combate a los homicidios. El BID, mientras tanto, no ha anunciado la aprobación del mencionado préstamo.
