En medio de un ambiente de rechazo expresado por la ciudadanía en las redes sociales, los diputados que el pasado miércoles aprobaron un decreto para aumentar 828.55 dólares en el salario de los presidentes de las 20 comisiones de trabajo que tendrá la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo, se retractaron de sus posturas. Al cambio de pensamiento de los legisladores se unió el mismo presidente, Mauricio Funes, quien el viernes envió a la Asamblea el decreto con observaciones alegando que el país no está en las condiciones económicas para recetarse aumentos salariales. Y sobre la base de las observaciones de Funes fue que los diputados se echaron para atrás.
El viernes, la Asamblea convocó a sesión plenaria con el fin de revertir el decreto del aumento salarial que aumentaría en un 20% el salario de los presidentes de las comisiones legislativas durante la próxima Asamblea. La solicitud de plenaria se hizo ayer después de que el diputado Mario Ponce, de Concertación Nacional, pidiera el jueves que se derogara y presentara su solicitud ante la Asamblea. A las 6:50 de la tarde del jueves, el FMLN emitió un comunicado en el que seguía los pasos de Ponce y reconocía que aquello que sus legisladores habían defendido el día anterior, era un error, y que iban a pedir su abolición.
En su petición de derogatoria, Ponce dijo que el decreto no concordaba con la situación financiera del país. La postura de Ponce contrarió a la de sus compañeros de partido que el mismo miércoles aseguraron que el incremento era justo e incluso hablaron con menosprecio de la cantidad. '¿Qué son 800 dólares?', dijo el diputado Rafael Machuca.
A las 6:50 de la tarde del jueves, transcurridas menos de 24 horas desde la aprobación, el FMLN anunció que iba a pedir la derogatoria. Y al siguiente día, el viernes, el presidente Mauricio Funes dijo que iba a observar el decreto por considerarlo inconveniente, ya que las finanzas nacionales no están en condiciones para mejoras salariales.
El jueves pasado, La Prensa Gráfica reveló que el Fondo Monetario Internacional dejó en suspenso un acuerdo bilateral con El Salvador mediante el cual el organismo había puesto a disposición de este país un monto de 750 millones de dólares en calidad de un préstamo preaprobado que podría utilizarse en caso de emergencia. El FMI planteó que El Salvador excedió su nivel de gasto.
En la plenaria del viernes, los legisladores trataron como único punto de agenda las observaciones que envió el presidente Funes. En el documento, Funes explicaba que estaba de acuerdo con agregar una plaza de secretario a la junta directiva y dos plazas de jefes de grupo parlamentarios en la Asamblea, esto conforme al Protocolo de Entendimiento firmado por los partidos el martes de esta semana. Sin embargo, el presidente rechazaba la moción de 'nivelar' el salario de los presidentes de de comisiones, quienes pasaban de ganar 4 mil 25.75 dólares a ganar 4 mil 854.30 dólares, lo mismo que los secretarios de la junta directiva y que los jefes de los grupos parlamentarios.
En la sesión, los diputados se refirieron a la presión social que los salvadoreños habían hecho en las redes sociales y en algunos casos, como el de la jefa de bancada del FMLN, Norma Guevara, incluso felicitaron a los salvadoreños que se habían pronunciado en internet, a través de redes como Facebook y Twitter. 'Felicitamos la actitud de la ciudadanía que se ha expresado respecto de esta medida errónea en los diferentes medios', dijo.
Minutos antes, Medardo González, subjefe de la bancada efemelenista, se había acercado a la entrada de la Asamblea para hablar con un grupo del Frente Sindical Salvadoreño que había llegado a apoyar la enmienda del partido FMLN y rechazar el movimiento 'El Zapatazo' que protestaba frente a la institución. 'Los que tengan acceso a redes sociales hagan la batalla. La batalla, como siempre, es la batalla de las ideas', dijo González.
Durante la sesión, el primero en pedir la palabra fue el cenista Francisco Merino, quien antes de llegar a su curul, se paseó frente a los medios, justificando que él no había sido el mocionante de la iniciativa. 'Mi firma estaba porque todos los de la directiva firmamos, hasta la firma de Norma Guevara estaba ahí, revise', dijo Merino y aseguró que la medida fue solicitada por los mismos presidentes de comisión de la actual legislatura. Merino había sido quien el miércoles, a las 6:30 p.m., había pedido la palabra para proponer cambio de agenda y demandar reformas a la Ley del Presupuesto 2012, que incluía los aumentos. El diputado, sin embargo, evitó mencionar que la propuesta de decreto incluía subir el salario a los legisladores.
Loreña Peña, secretaria de la junta directiva por el FMLN, también se retractó de su defensa del aumento. Cuando se le cuestionó a Peña los argumentos que vertió para justificar el aumento salarial en los que decía que la carga labora lo ameritaba, esta respondió: 'Ya evaluamos, lo justificamos y rectificamos. Era un error. Lo que yo le dije fue un error”.
En su intervención para abolir el aumento, Merino admitió que no era el momento adecuado para otorgarse mejores ingresos. 'Tenemos que tener la altura moral para aceptar que no era conveniente. No podemos en momentos no convenientes lanzar iniciativas de este tipo. Todavía no logramos que se pondere el trabajo de la Asamblea'.
Al final de la jornada la sesión concluyó con la aceptación de las observaciones de Funes con 63 votos de FMLN, Gana y CN, partidos que votaron a favor el miércoles pasado.
El sábado, el FMLN informaba en su sitio web sobre la derogatoria, otorgándose el crédito: 'Por iniciativa del FMLN Asamblea deroga aumento salarial...'
La Asamblea Legislativa elegida en 2009 termina sus funciones este día. La junta directiva, presidida por el efemelenista Sigfrido Reyes, tiene reunión al mediodía, y diversas fuentes legislativas aseguran que el FMLN, Gana y CN intentarán emitir decretos que permitan blindar los nombramientos de funcionarios electos por la Asamblea Legislativa, para que no puedan ser revocados por sentencias de la Sala de lo Constitucional.
La semana pasada, los mismos partidos sellaron un pacto para desarticular la Sala de lo Constitucional, al sacar de ella a uno de los magistrados que, elegidos en julio de 2009, se convirtieron en un cuarteto cuyas sentencias les granjearon la animadversión de las cúpulas partidarias, porque modificaron el sistema de votación del país, otorgando a los ciudadanos la posibilidad del voto directo por candidatos a diputados.
Para este lunes, algunas organizaciones cívicas han anunciado que llegarán a la Asamblea Legislativa con el propósito de presionar para que dejen sin efecto la remoción de Jaime de la Sala de lo Constitucional.